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Derechos de las mujeres en México: sin transparencia (autónoma) no hay justicia
En México necesitamos que se combata la impunidad, la corrupción y que disminuya la violencia. Y para esos propósitos, requerimos no sólo instituciones transparentes que garanticen los derechos de todas las personas, sino también un órgano autónomo que contribuya a transformar un país de opacidad en uno donde sí se rindan cuentas.
Por Equis Justicia para las Mujeres
12 de febrero, 2021
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En más de una ocasión, el presidente ha desacreditado la existencia y funcionalidad de los órganos constitucionales autónomos. Entre otras razones, porque opina que son demasiado costosos y porque considera que sólo responden a intereses particulares de gobiernos anteriores. Sin embargo, en vez de suponer razones por las cuales estos órganos fueron creados, el objetivo de este texto es ofrecer algunos ejemplos vigentes que ilustran por qué —contrario a lo que opina el presidente— un órgano constitucional autónomo cuyo propósito sea garantizar el derecho de acceso a la información pública es imprescindible.

Iniciemos con para qué sirve un órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y acceso a la información. Entre otras utilidades, un órgano con estas características —el INAI, en el caso de México— sirve para asegurarse de que cualquier autoridad entregue la información pública que la ciudadanía requiera. Esto incluye a autoridades del ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos, así como personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad. Ya sea que preguntes cómo y cuánto dinero ejerce la federación para mitigar el cambio climático o qué hace para prevenir la violencia contra las mujeres en el país, este órgano constitucional autónomo está obligado a garantizar que, cuando preguntes, te respondan con información completa, oportuna y accesible.

Ahora bien, el proceso de acceso a la información pública es una herramienta fundamental no sólo para la participación ciudadana, sino que también se ha convertido en una herramienta para muchas organizaciones de la sociedad civil que monitorean el cumplimiento de las obligaciones del Estado en temas tan diversos como derechos humanos, políticas públicas, impunidad, vivienda, corrupción, medio ambiente, presupuesto y muchos otros. En el caso de EQUIS: Justicia para las Mujeres, las herramientas previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) para el proceso de acceso a la información y el INAI como órgano constitucional autónomo que vigila este proceso, han sido fundamentales para medir y monitorear qué ha hecho —o no— el Estado para garantizar los derechos de las mujeres en México, incluido el derecho de acceso a la justicia y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Por ello, si a este gobierno le interesa ser congruente con la igualdad de género —respecto de la cual, constantemente, se proclama promotor—, es preciso fortalecer la función del órgano garante de la transparencia.

En concreto, con información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información pública, pudimos realizar un informe acerca de cómo operan los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en el país, así como de sus alcances y áreas de oportunidad. Mediante este proceso de acceso a la información también pudimos construir un análisis acerca de qué tan transparente y con qué fortalezas y posibilidades de mejora cuenta el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para, posteriormente, construir un diagnóstico y recomendaciones en conjunto con otras organizaciones feministas en América Latina. Además del INMUJERES, también hemos podido monitorear el trabajo de las instituciones castrenses, por ejemplo, respecto de por qué no funcionan las capacitaciones en derechos humanos y género a las fuerzas armadas en el país. Para todos estos diagnósticos y monitoreos, contamos con la posibilidad de recurrir al INAI —como actor imparcial— en caso de que consideráramos que la información otorgada por las autoridades no fuera completa, oportuna o accesible. Y, de hecho, hemos recurrido a este órgano numerosas veces, precisamente, por los retos de transparencia aún vigentes en muchas de nuestras instituciones.

Podría pensarse que es buena idea que las facultades y funciones de este órgano constitucional autónomo sean absorbidas por otras dependencias, tales como la Secretaría de la Función Pública o por la Auditoría Superior de la Federación e incluso por la Fiscalía Anticorrupción —así como el presidente recomienda—. Sin embargo, tal sugerencia no sólo denota desconocimiento acerca de las funciones y propósitos de dichas dependencias y órganos, sino también desconocimiento —o indiferencia— acerca de la importancia de que quien vigile y garantice el proceso de acceso a la información sea, de hecho, autónomo y que no esté subordinado a la conveniencia política de nadie; que no sea juez y parte. ¿Te imaginas qué sucedería si las autoridades que están obligadas a darte la información que solicitas fueran las mismas autoridades encargadas de vigilar y validar que cumplieron con sus obligaciones de transparencia?

Por otro lado, vale la pena recordar que el gobierno actual ha sido enfático en señalar que el Poder Judicial en México necesita una reforma para lograr mayor transparencia en su actuar. Sin embargo, han sido las organizaciones de la sociedad civil como EQUIS y el colectivo #LoJustoEsQueSepas quienes lograron modificar la LGTAIP para que todas las sentencias judiciales se publiquen. Y este resultado fue posible, en gran parte, gracias al informe de EQUIS: (In)Justicia Abierta, construido mediante solicitudes de acceso a la información para documentar el estado actual de opacidad judicial en México, donde sólo 1 de 32 Poderes Judiciales locales publicaban todas sus sentencias y ninguno cumplía todas sus obligaciones en materia de transparencia.

Estos ejemplos en materia judicial también evidencian la importancia de contar con un órgano autónomo que garantice imparcialidad entre las instituciones públicas del país; que habilite los mecanismos de solicitud de información; y que garantice que la ciudadanía pueda acceder a esa información. Así, después de un logro tan relevante para el ejercicio de los derechos de las mujeres como lo es la publicidad de sentencias1, se requiere de un órgano autónomo fortalecido que dé seguimiento al mandato legislativo y haga cumplir al Poder Judicial sus obligaciones de transparencia.

En resumen, contar con herramientas de acceso a la información pública y con un órgano constitucional autónomo que vigile y se asegure de que las autoridades respondan durante el proceso de acceso a la información ha sido fundamental para generar diagnósticos, monitoreos, recomendaciones, reformas y análisis de políticas públicas encaminadas a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres en el país. Sin lugar a dudas, hablamos de un órgano constitucional autónomo que es perfectible —como cualquier institución—, mas no prescindible. El costo social de disolverlo o desarticularlo podría ser mucho más grande que el monto que se pretende ahorrar.2

Poder acceder a información pública confiable de manera oportuna, completa y accesible es una condición necesaria para la protección y garantía de los derechos todas y todos. Y también lo es un organismo constitucional autónomo imparcial que vigile y garantice que eso suceda.

@EquisJusticia

 

1 Tal como lo hemos venido señalando desde hace tiempo, la transparencia judicial permitirá a la ciudadanía monitorear la impartición de justicia en México y, de esta manera, detectar, entre otras cosas, problemas estructurales de discriminación y prácticas estereotipadas en juzgados y tribunales que obstaculizan el acceso a la justicia, sobre todo para las mujeres.

2 Sobre todo si tales recursos terminan, por ejemplo, en la bolsa de proyectos como la inversión creciente de recursos públicos en fuerzas armadas como parte de una estrategia nacional militarista.

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