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¿Desarrollo sin crecimiento económico? La agenda económica del gobierno
La realidad y la evolución de los indicadores macroeconómicos con su crudeza revelan que a pesar de la buena voluntad, ningún buen propósito o prosperidad duradera se puede lograr sin crecimiento económico.
Por Elio Villaseñor Gómez
20 de septiembre, 2019
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Desde su triunfo electoral del 1° de julio de 2018, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador prometió impulsar una profunda transformación de la vida económica, política y social del país, con un discurso en el que anticipó el fin del modelo económico neoliberal y el ofrecimiento de cambios radicales, todos ellos encaminados a concretar lo que denominó como la Cuarta Transformación de la República, que tendría como cimientos un crecimiento económico de 4%, el abatimiento de la inseguridad y la violencia y un combate frontal contra la corrupción. En esa pretensión, sus promesas de campaña las transformó en un conjunto tangible de políticas, programas, proyectos y acciones que determinarían el rumbo del país en su sexenio y en los años venideros.

No obstante, en los casi diez meses de la administración de López Obrador, las decisiones políticas y económicas asumidas como rasgos emblemáticos de su gestión han marcado una pauta que ha sido determinante en el comportamiento de la economía mexicana y que, a la par, ha generado incertidumbre y un marcado déficit de confianza, tanto en el ámbito externo, como en el interno.

Los diagnósticos sobre lo descrito son coincidentes y convergen en que el país registra un evidente estancamiento en la actividad económica. En esa línea, el análisis que Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, reveló el pasado 20 de agosto, es concluyente: “Estamos enfrentando un entorno de desaceleración económica interna mayor a lo que se había anticipado y el entorno exterior no ha ayudado”. Se trata de una descripción muy delicada para el arranque de un programa económico que no parece, al menos por el momento, lograr una ruta de cumplimiento para sus objetivos de campaña.

Lo anterior tiene como contraparte la visión del Jefe del Ejecutivo que insiste en señalar que “vamos muy bien” y, a pesar de las alertas, asegura tener “otros datos” que le permiten afirmar que “el pueblo está feliz, feliz, feliz…”. Esa frase queda como testimonio de la concepción de su plan de gobierno, tal como lo expuso durante su “Tercer” Informe de Gobierno, en el cual reiteró que su proyecto sexenal es el de establecer un nuevo régimen que reconfigure un nuevo Estado mexicano.

A manera de paréntesis, lo llamativo de ese evento oficial es haberlo denominado “Tercer Informe”, sin duda en alusión a la secuencia que inició con la presentación de su primer informe al cumplirse los primeros 100 días de su gobierno (el 11 de marzo), y el segundo informe, ofrecido el 2 de julio, con el que celebró el primer aniversario de su triunfo electoral en igual mes de 2018.

Además, en ese acto, el mandatario reiteró que aunque la economía tiene poco crecimiento, “no hay recesión” e insistió en que es menos injusta la distribución del ingreso, por lo que hay mayor desarrollo y bienestar: “Lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución de la riqueza, el fin último del buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente”. Con esa tesis el presidente López Obrador renovó la polémica que generó -el 23 de agosto- cuando mencionó que no le importaba el hecho de que el INEGI informara que el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del segundo trimestre de 2019 se ubicó en 0.0%, lo que confirmó una desaceleración de la economía debida tanto a factores internos como externos.

De este modo, el Ejecutivo difirió con la que tienen las autoridades del Banco de México, quienes consideran el crecimiento de la economía un elemento clave para detonar el desarrollo económico, aunque matizan que les preocupa que exista “crecimiento sin desarrollo, que fue lo que tuvimos en años anteriores”. El crecimiento económico se define como el aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo determinado y se concreta al relacionar el valor del PIB de un periodo respecto a otros periodos anteriores, sin que su evolución implique necesariamente una mejoría en el nivel de vida de la población. En tanto, el desarrollo económico implica la transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, mediante un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, que implica mejores niveles de vida para la población y no solo un crecimiento del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos.

Esta última definición es un axioma ideológico que enarbola el presidente López Obrador y que, desde su perspectiva, reforzaría su plan de concretar en su sexenio la Cuarta Transformación de la República. Sin embargo, es preciso destacar que para ello es necesario el crecimiento económico, pues colocarlo en un plano secundario se corre el riesgo de aplazar los elementos necesarios para formular una agenda económica que permita expandir su derrama y alejarlo de la ruta virtuosa de tasas de crecimiento promedio más aceleradas, como lo es la propuesta presidencial de lograr un PIB de 4% al cierre del actual sexenio. La realidad y la evolución de los indicadores macroeconómicos con su crudeza revelan que a pesar de la buena voluntad, ningún buen propósito o prosperidad duradera se puede lograr sin crecimiento económico.

Ello se vuelve más apremiante cuando la economía nacional viene registrando tasas de crecimiento promedio de 2% en al menos las dos últimas décadas, y para el primer año de la actual Administración, las proyecciones apuntan a un crecimiento del PIB en un rango de 0.5% y 0.7%.

Esa circunstancia obliga al gobierno en turno a reconocer que si bien la calidad de vida de la gente es importante, para alcanzar el desarrollo económico tiene que impulsarse necesariamente el crecimiento económico. Además, debe prevalecer la voluntad política para abrir el debate y atender los llamados de quienes sugieren que, para impulsar dicho desarrollo, se requiere una mayor certidumbre, con el respeto a la legalidad y el Estado de derecho; inversión pública, sustentada en proyectos con estudios técnicos y económicos; y garantizar una mayor seguridad.

Así, para lograr su meta económica, el gobierno requiere concretar cambios en diversas leyes, algunos de los cuales son de corte constitucional y precisan del apoyo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en una negociación que incluiría también a los representantes de los agentes económicos (empresarios, obreros y campesinos) y a los otros niveles de gobierno, así como la participación de la sociedad.

Esa sería una ruta viable que permitiría, en su momento, destrabar los posibles entuertos legislativos que, con seguridad, se presentarían durante el debate parlamentario y frenaría los complejos juegos políticos o incluso las tentativas por ajustar de manera unilateral el sentido de las leyes, tal como el partido MORENA ha pretendido en unas ocasiones y cumplido en otras de la actual LXIV legislatura o a nivel estatal, cuando ha dictaminado y aprobado leyes a modo, tal es el caso de la reforma a la Ley del Congreso en donde la ambición política de corto plazo se apoderó de ese foro, o de la llamada “Ley Bonilla”, que extiende de 2 a 5 años el periodo de gobierno en Baja California, así como de la denominada ”Ley Garrote”, que tiene como objetivo evitar la protesta social emergente contra obras que afectan a las comunidades en Tabasco.

Lo que habría que discutir, entonces, es si en la experiencia política de los poderes Legislativo y Ejecutivo existirá la posibilidad de tejer una nueva red de acuerdos con aliento de futuro, capaz de dar lugar a un ambiente económico, político y social que busque ir más allá de las posiciones dogmáticas, para dar forma al propósito gubernamental de impulsar acciones de Estado que logren bregar con las restricciones internas y con los factores negativos del complejo escenario económico y geopolítico global.

El país se encuentra en este momento en el tren de la historia, que exige el talento y una gran mirada donde se gesten las condiciones políticas y económicas que posibiliten un diálogo plural y que abra el camino para poder construir los consensos necesarios y enfrentar los problemas más urgentes del país.

Para ello, es insuficiente una actitud voluntarista o de buenos deseos; se precisa del ejercicio del poder con una mirada de inclusión y de fortaleza de los pesos y contrapesos de nuestra democracia.

En este tren de la historia todos estamos invitados a la construcción de un futuro en el que cada uno de nosotros como sociedad aporte con sus ideas y ética para construir las bases de un país con justicia y no exclusivamente de leyes dispersas, sino orientadas a erigir un verdadero Estado de derecho. Los temas esbozados aquí se recogen en la edición 111 de Brújula Ciudadana con voces diversas sobre la situación de la economía mexicana, los riesgos que enfrenta el Estado de derecho (reflejados en las denominadas “Ley Bonilla” y “Ley Garrote”) y los casos de México y Guatemala en el marco de la crisis migratoria regional.

* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultural del Diálogo A. C.

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