Desencuentros revocatorios
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Desencuentros revocatorios
En los últimos meses hemos sido testigos de una embestida del gobierno federal y MORENA en contra del INE, con la finalidad de doblegar la autonomía y la independencia de la autoridad electoral.
Por César Hernández González
25 de enero, 2022
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En los últimos meses hemos sido testigos de una embestida del gobierno federal y MORENA en contra del Instituto Nacional Electoral. Los ataques son permanentes, sistemáticos y oscilatorios. El pretexto es la organización de la revocación de mandato, pero la finalidad es doblegar la autonomía y la independencia de la autoridad electoral.

Contexto histórico

Los desencuentros entre el gobierno federal y la autoridad electoral forman parte de la cotidianidad del sistema comicial, ya que históricamente se han presentado confrontaciones con los gobiernos panistas de Vicente Fox (Amigos de Fox) y Felipe Calderón (intervención en las elecciones de 2012), así como con los gobiernos priistas de Ernesto Zedillo (resultados de las elecciones de 1997) y Enrique Peña (fiscalización de las elecciones de 2012 y 2015).

Cada una de las divergencias, como en todo régimen democrático, se presentaron y se solucionaron dentro de los causes normativos e institucionales. Tanto los gobiernos federales como sus partidos políticos aceptaron las resoluciones del TEPJF y de la SCJN. En algunos casos, la administración federal y las entidades políticas evidenciaron decepción, enojo e inconformidad con el accionar del organismo comicial, pero nunca intentaron amedrantar públicamente al IFE/INE.

Es natural en una democracia que existan diferendos entre el gobierno y los órganos de control del poder público, pero también es innato de una democracia que los diferendos no sean extrapolados a vías extralegales. Sin embargo, las buenas prácticas han quedado en olvido. En el pasado, las diferencias nunca se llevaron fuera de las vías institucionales y legales.

Contexto revocatorio

La revocación de mandato dejó de ser un procedimiento democrático para controlar el ejercicio del poder político. Se convirtió en un instrumento de discordia y confrontación entre el gobierno federal -junto con MORENA- y el Instituto Nacional Electoral. Lo que debió ser un mecanismo al servicio de la ciudadanía, se transformó en una herramienta, gubernamental y partidista, al servicio de una elite.

Los desencuentros han sido constantes, ya que en los últimos cuatro meses no ha habido ni una sola semana sin que se genere una disidencia en torno al mecanismo revocatorio. Mientras que las afrentas han variado en su intensidad, se han presentado en diversos niveles de gravedad: simples como los señalamientos y los datos falsos; moderados como las diatribas y las acusaciones, y graves como las denuncias y las intimidaciones.

Los desencuentros se han manifestado en múltiples vías que van desde la parlamentaria (expedición de la ley, aprobación del presupuesto, comparecencia pública), la jurisdiccional (impugnaciones ante el TEPJF y la SCJN) y la penal (denuncia de delitos ante la FGR). Estas acciones se generaron dentro de los canales legales e institucionales para resolver controversias, aunque algunas de ellas no sean pertinentes, puesto que pueden ser vistas como mecanismos intimidatorios.

Hasta aquí se podría decir que la actuación del gobierno federal y de MORENA obedecía a los parámetros históricos y a las buenas prácticas de la política, puesto que fue a través de las vías legales e institucionales que se lograron modificar y rencausar, en más de una ocasión, los criterios y las reglas, para la organización de la revocación de mandato.

Sin embargo, el gobierno federal y MORENA decidieron utilizar el linchamiento mediático y las campañas de desprestigio para amedrentar a los consejeros electorales y para menoscabar la autonomía del INE.  En otras palabras, implementaron las vías extralegales para tratar de imponer su visión en la organización de la revocación de mandato.

Como lo ha hecho estos tres años, el gobierno federal utilizó las conferencias mañaneras para presionar a los consejeros electorales, para exhibir la supuesta falta de austeridad de la autoridad comicial, para desinformar a la ciudadanía sobre el presupuesto de arbitro comicial, para denostar las funciones de la autoridad electoral, y para generar una percepción de que el INE está en contra de la revocación de mandato.

A su vez, dicho linchamiento mediático fue replicado por legisladores, servidores públicos, funcionarios de partidistas, gobernadores, simpatizantes y militantes. Se podría decir que denostar e injuriar al INE se volvió un modismo entre los morenistas y que los ataques a la autoridad electoral daban puntos para aumentar las simpatías con el primer mandatario.

Desencuentros revocatorios

En las siguientes líneas se presenta un breve recuento de las principales acciones que han provocado los desencuentros revocatorios entre el gobierno y la autoridad electoral. Veamos.

Normas. La omisión de los legisladores de expedir la norma reglamentaria ocasionó que el INE emitiera unos lineamientos 1. MORENA consideró que su emisión era un acto ilegal que vulneraba el principio de reversa legal e impugnó los lineamientos ante el TEPJF. Desde las conferencias mañeras se advirtió que el INE pretendía obstaculizar el mecanismo revocatorio a través de la imposición de reglas. La autoridad jurisdiccional convalidó la facultad reglamentaria del INE y ordenó al Congreso del Unión expedir la ley 2. El INE modificó los lineamientos para sujetarse a las directrices de la Ley Federal de Revocación de Mandato 3.

Firmas de apoyo. El INE estableció la utilización de una App para recabar las firmas de apoyo de la ciudadanía y determinó el uso de un formato físico en 204 municipios de muy alta marginación. 4 No obstante, MORENA se pronunció en contra del uso de la APP, ya que consideraban que era una medida sin sustento legal. Desde las conferencias mañaneras se advertía que la APP obstaculizaría la participación de la ciudadanía, ya que la mayoría de las personas carecían de teléfonos inteligentes y de acceso a internet.

La controversia fue resulta por el TEPJF al determinar que los formatos para la recolección de firmas de apoyo deben ser impresos y en medios electrónicos en todo el territorio nacional 5. El INE acató la sentencia del TEPJF 6, sin importar que el APP permitiese verificar la autenticidad en tiempos breves, impidiese el uso indebido de los datos personales, obstaculice la suplantación de identidad y erradique el fraude a la ley.

Comparecencia. Con la finalidad de esclarecer las dudas en torno al presupuesto solicitado por el INE, el Consejero Presidente compareció públicamente ante el Pleno de la Cámara de Diputados. El evento tuvo una duración de seis horas y en ese tiempo solo se realizaron tres preguntas sobre el presupuesto. Sin embargo, los legisladores de MORENA, PVEM, PT y PRI se dedicaron a presentar acusaciones y datos falsos sobre el salario de los consejeros electorales, argumentaron sobre la supuesta parcialidad del INE para resolver los casos de Félix Salgado y Raúl Morón, señalaron que el INE está en contra de la consulta popular y la revocación de mandato. Los legisladores ignoraron los temas financieros y presupuestales para centrarse en ataques de índole personal.

Presupuesto. La Cámara de Diputados determinó una reducción de casi 5 mil millones al presupuesto del INE. La disminución fue del 26% del gasto operativo y se convirtió en el mayor recorte impuesto al INE. La acción legislativa fue vitoreada y justificada en las conferencias mañaneras al afirmase que el INE tiene que someterse a la política de austeridad y que los funcionarios deben de bajarse el sueldo y renunciar a las prestaciones de los seguros.

Con la finalidad de revertir la reducción presupuestal, el INE interpuso una controversia constitucional ante la SCJN 7. La corte negó la suspensión de los efectos del presupuesto al considerar que se encontraba imposibilitada para pronunciarse sobre hechos futuros e inciertos. Para continuar con los trabajos de la organización de la revocación de mandato, la autoridad electoral realizó un ajuste presupuestal por un monto de 1.5 mil millones 8, esta cantidad era insuficiente para organizar el mecanismo revocatorio puesto que se requerían 2.3 mil millones adicionales.

Posposición de actividades de la revocación de mandato. Derivado del recorte presupuestario y la consecuente insuficiencia de recursos financieros, el INE decidió posponer de forma temporal el proceso de revocación de mandato 9. Esta decisión causó furor en el gobierno y en MORENA. Desde las conferencias mañaneras se puntualizó que el INE estaba en contra de la revocación de mandato, que obstaculizaba la democracia y que no respeta los derechos de la ciudadanía.

Sin dudarlo, la presidencia de la Cámara de Diputados denunció, ante la Fiscalía General de la República, a los consejeros electorales por la posible comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. Este hecho causó que desde las mañaneras se rechazara la acción penal interpuesta contra los funcionarios del INE y que se sugiriera retirar la denuncia penal, sin embargo, una denuncia no puede ser desestimada, ya que los delitos denunciados se persiguen de oficio.

MORENA y la Consejería Jurídica de la Presidencia promovieron recursos ante la SCJN 10 y ante el TEPJF 11 para solicitar la suspensión de la posposición de la revocación de mandato. Las autoridades jurisdiccionales ordenaron al INE reanudar el mecanismo revocatorio. El TEPJF vinculó a la SHCP para que en caso de que el INE hiciera una solicitud de ampliación presupuestaria se dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada, que al responder considere que se está en presencia de una obligación de todo el Estado Mexicano. Sin dudar ni demorar, el INE acató las determinaciones jurisdiccionales y reanudó las actividades de la revocación de mandato 12 .

Prescindir del INE. Desde las conferencias mañaneras se sugirió que la revocación de mandato podría ser realizada por la ciudadanía y que el INE no era indispensable para organizar el mecanismo revocatorio. Habrá que recordar que el gobierno ha organizado consultas ciudadanas; sin embargo, en los mecanismos participativos se denunció que las personas podrían votar en más de una ocasión, que existió muy baja participación, que no se conocía la ubicación de las casillas, que se instalaron muy pocas casillas, que no existieron campañas de difusión y que no se garantizó la certeza y la autenticidad de los sufragios. Realizar la revocación de mandato sin la participación del INE implicaría llevar cabo un ejercicio de ilegal, inseguro y falso.

Sugerencias de ahorros presupuestales. Una vez más, desde las mañaneras se presentó un ejercicio de ahorros para que el INE tenga una disponibilidad de 2.9 mil millones.  Las medidas de austeridad sugeridas consisten en reducir sueldos y salarios, suprimir los seguros del personal, eliminar los estímulos de los servidores públicos, ajustar gastos de operación y eliminar los fideicomisos de pasivo laboral y de los módulos de atención ciudadana. Pero la propuesta de austeridad estuvo plasmada de errores, tales como: se afirmó que el INE tiene personal sindicalizado, cuando nunca ha tenido sindicato; se aseguró que el INE tiene 1,336 plazas de directos de Área, cuando el INE solo cuenta con 121 plazas; se aseveró que los funcionarios de mando superior tienen prestaciones de telefonía celular, cuando el INE canceló tales prestaciones desde 2017.

Costo de las autoridades electorales. Nuevamente, en las conferencias mañaneras se presentó un cuadro comparativo sobre el costo de las autoridades electorales en Latinoamérica. Se resaltó que el INE es organismo comicial más caro de América Latina. No obstante, se omitió señalar que en Colombia, Uruguay y Costa Rica no se celebraron elecciones en 2021; no se incluyó a Brasil en la tabla, cuando la autoridad electoral brasileña es la más cara de América Latina; en países como Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay el financiamiento público no forma parte del presupuesto de la autoridad electoral, mientras que en México acontece los contrario; el INE tiene atribuciones que no tienen las demás autoridades electorales, tales como: padrón electoral, fiscalización, administrar los tiempos de radio y televisión, intervenir en las elecciones locales, capacitar a ciudadanos para que funjan como funcionarios de casilla, fungir como oficialía electoral, entre otras.

A manera de conclusión

Las consecuencias de los desencuentros revocatorios se traducen en cinco cuestiones. Primera, el dominio de la ciudadanía sobre la revocación de mandato es producto de los enfrentamientos entre el gobierno y el INE. Segunda, la revocación de mandato ha perdido su esencia democrática para convertirse en un instrumento al servicio de una élite partidista y gubernamental.  Tercera, la revocación de mandato es utilizada para desviar la atención de los problemas de salud, violencia, opacidad y corrupción. Cuarta, la revocación de mandato está siendo instrumentada para doblegar a la autonomía del árbitro comicial. Quinta, la revocación de mandato está agravando la polarización política y social en cara a la jornada revocatoria y a las elecciones de 2022, 2023 y 2024.

* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.

 

 

1 Cfr. INE/CG1444/2021

2 Cfr. SUP-JDC-1127/2021

3 Cfr. INE/CG1566/2021

4 Cfr. INE/CG1566/2021

5 Cfr. SUP-RAP-415/2021

6 Cfr. INE/CG1646/2021

7 Cfr. CC 209/2021

8 Cfr. INE/CG1758/2021

9 Cfr. INE/CG1796/2021

10 Cfr. CC224/2021 y CC226/2021

11 Cfr. SUP-RAP-491/2021 y SUP-RAP494/2021.

12 Cfr. INE/CG1798/2021

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