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Distanciamiento social en las prisiones
Urge tomar decisiones tendientes a disminuir drásticamente la población privada de libertad, a fin de poder adoptar las medidas de prevención al interior de las prisiones. La primera de esas decisiones es la suspensión ipso jure de toda prisión provisional, que representa cerca del 40% de las personas presas en nuestro país.
Por Miguel Sarre y Juan Morey
10 de abril, 2020
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La emergencia sanitaria ya reconocida en México ha hecho aún más evidentes ciertas iniquidades sociales. Una de ellas es la situación que viven las personas privadas de la libertad. Independientemente de la responsabilidad penal que se les impute o que se les haya probado, nadie ordenó que se les destinara a vivir en la situación de hacinamiento en la que se encuentran en un número significativo de las prisiones del país; tampoco fueron obligadas a comprometer adicionalmente su salud.

Los relatos e imágenes que circulan estos días son casi paralizantes y, aunque parecieran cuadros dantescos sin solución, hay formas plausibles de avanzar hacia un mejoramiento o, de lo contrario, solo quedaría esperar que las prisiones conviertan la curva epidémica en una línea ascendente que se saldrá de la pantalla.

Diversos organismos, instituciones públicas y privadas, se han pronunciado a favor de la adopción urgente de medidas razonables para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias; entre ellas la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Subcomité de Naciones Unidas para la prevención de la tortura (SPT-ONU), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD).

Estas instituciones y organismos han reconocido que las personas privadas de la libertad están predispuestas a una mayor vulnerabilidad al COVID-19 respecto de la población en general, en razón de estar confinadas por prolongados períodos de tiempo y por las condiciones de hacinamiento que actúan como disparadoras de patologías.

Las personas en prisión tienen mayores índices de morbilidad que la población general y están más expuestas a factores de riesgo debido a las condiciones deficitarias de higiene, la mala nutrición, la prevalencia de tuberculosis, diabetes, y otras enfermedades que producen inmunodepresión. Por todo ello, el riesgo del rápido incremento de la transmisión del virus en las prisiones representa una crisis dentro de la crisis.

En este contexto no existen recetas, por lo que diversos países vienen adoptando medidas disímiles que en muchos casos parecen insuficientes. Estas van desde un mayor aislamiento (suspensión de visitas, actividades, audiencias judiciales) hasta la liberación anticipada de personas condenadas por delitos no graves o pertenecientes a los grupos más expuestos. Sin embargo, las tensiones se han mantenido constantes en la mayoría de los países y, en consecuencia, se han registrado graves disturbios, como amotinamientos, algunos de consecuencias fatales.

La pregunta que se impone es ¿cuál es el camino a seguir? Existe un consenso generalizado, a partir de las recomendaciones de la OMS, acerca de dos medidas de protección básicas: el distanciamiento social y el lavado de manos. Las actuales tasas de ocupación de los penales de nuestro país ponen en duda la efectividad de estas medidas y cuestionan la posibilidad real de llevarlas a cabo. Por ello, en función de la información disponible se exige tomar decisiones urgentes tendientes a disminuir drásticamente la población privada de libertad, a fin de poder adoptar las mencionadas medidas de prevención al interior de las prisiones.

La primera de esas decisiones es la suspensión ipso jure de toda prisión provisional, que representa cerca del 40% de las personas presas en nuestro país.

En estos casos, si se tiene en cuenta que la prisión preventiva, acreditada por la acusación o impuesta sin acreditar su necesidad (oficiosa), solo encontraría justificación por el riesgo de evasión o potenciales alteraciones de los medios de prueba, la controversial legitimación de esta prisión anticipada se ve sobrepasada en el actual contexto de pandemia por un daño considerablemente mayor, no ya presunto ni potencial sino, liso y llano: el contagio.

Conviene asentar que la moratoria de la prisión preventiva conlleva la suspensión de la prisión al tiempo que mantiene abiertos los procesos penales. Quien al ser requerido por la justicia ––durante la emergencia o una vez concluida­­­­­–– no se presente, habrá de ser reaprehendido. Obviamente que, en este caso, debe asumirse el mal menor que implica la probable evasión de algunos.

La segunda medida para adecuar la población a lo que la capacidad de las prisiones permite es la aplicación de la figura legal de libertad anticipada a toda persona que haya cumplido el mínimo ordinario de la pena, es decir, el 50% de la condena impuesta. Con ello se les otorga el trato más favorable que, en condiciones normales, establece la Ley Nacional de Ejecución Penal a favor de una persona sentenciada, desaplicando la exigencia discriminatoria que para algunos delitos demanda el 70% y para otros el 100% del cumplimiento de la pena.

Las disposiciones aquí requeridas son “generales, abstractas e impersonales” en tanto alcanzarían a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en tales supuestos, sin perjuicio de aplicar otras medidas de protección a grupos vulnerables que igualmente respondan a estándares de necesidad, razonabilidad, justicia y transparencia. Su adopción se sustenta, además, en el principio constitucional de proporcionalidad, prevalente frente a determinaciones judiciales o actos legislativos previos.

Las libertades otorgadas al tenor de las medidas propuestas reducirán la población carcelaria a cerca de la mitad; lo suficiente como para permitir que el personal de salud y administrativo disponga del espacio operacional para prevenir y controlar la epidemia en condiciones de seguridad tanto para el personal como para la población privada de libertad. En este escenario, el distanciamiento y las medidas para proteger la salubridad se tornarían plausibles y con ello se podrá evitar el riesgo de una catástrofe humanitaria.

Si los criterios de humanidad, respeto a la vida, protección a la salud, a la integridad física, que guían a estas medidas, no fueran suficientes para remover la inacción de las autoridades, se les recordará como a los nazis retratados por Bernhard Schlink en su libro El lector, en el que narra cómo guardias del régimen se negaron a liberar a las prisioneras retenidas en una iglesia que ardía en llamas.

Adenda. Al otorgarse las libertades requeridas surge el riesgo de caer ante al falso modernismo de los brazaletes, utilizados para implantar modelos orwellianos de vigilancia en libertad. Estos dispositivos electrónicos de control solo permiten saber con exactitud el último lugar en el que la persona pudo haber sido hallada antes de sustraerse de la acción de la justicia. Plantear su operación en los tiempos que corren parece una broma de mal gusto.

* Miguel Sarre es exintegrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. Miembro del consejo de DPLF. Juan Morey es abogado por la UBA, de Argentina e investigador en Derecho de ejecución penal y Derechos Humanos.

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