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Donatarias Autorizadas amenazadas por la política fiscal
La reforma a la LISR restringe la capacidad de las OSC para ser sostenibles, pero sobre todo para poder ser independientes e impulsar diversos movimientos en bienestar de las personas, la sociedad y del país.
Por Gabriela Toledo / Fondo Semillas
21 de octubre, 2020
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El paquete económico 2021 propuesto por el gobierno federal, y en particular la modificación a la actual Ley del Impuesto sobre la Renta, pone en riesgo la operación de más de nueve mil organizaciones que están catalogadas como donatarias autorizadas para recibir donativos en función de su objeto social o actividad predominante.

Con esta “reforma” se pretende combatir la evasión fiscal, sin embargo para un sector de las organizaciones de la sociedad civil puede ser una medida drástica y afectar su funcionamiento u operaciones al poner bajo sospecha la procedencia de sus ingresos.

De acuerdo con el Reporte de Donatarias Autorizadas (2019), en conjunto las organizaciones recibieron 200 mil 259 millones de pesos. De esta cantidad un 10% (20 mil millones) está vinculado el objeto social, un 23% (47 mil millones) por donativos, y un 66% (132 mil millones) por ingresos no relacionados con el objeto social.

Si observamos este panorama las donatarias han diversificado ingresos por necesidad, lo que también muestra es que las organizaciones gestionamos la diversidad de ingresos para poder construir un mejor país a través de las causas que impulsamos.

Sin embargo, para la autoridad hacendaria no es así, ya que propone que aquellas personas morales autorizadas para recibir donativos que obtengan más del 50 por ciento de sus ingresos de actividades diferentes a su objeto social perderán su autorización (como donatarias autorizadas) ante el Servicio de Administración Tributaria, a fin de evitar que realicen actividades lucrativas.

Esta alarmante medida se vuelve doblemente severa al considerar que las donatarias podrán perder primero su autorización para recibir donativos y segundo su patrimonio el cual deberá pasar a otra organización. lo que denota la severidad de la “aplicación” de la regulación fiscal, así como el riesgo por perder un patrimonio que a lo largo del tiempo se ha podido establecer como base para nuestras actividades, y con ello la legitimidad construida por años.

Además en la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta (art. 80, último párrafo) se establece que los ingresos “por otras actividades” están exentos del pago de ISR hasta por un 10 por ciento, en caso de rebasar ese porcentaje la diferencia o el excedente grava para el cálculo del impuesto correspondiente. Es decir las organizaciones tenemos un derecho y una obligación, cuando cumplimos con las disposiciones fiscales.

Es importante señalar que al impulsar esta medida -para ser aplicable a partir del siguiente año fiscal (2021)- pretende limitar las fuentes de ingreso de las organizaciones al establecer “que los activos se dediquen exclusivamente a los fines u objeto para el que fueron creadas”, lo que significa restringir la capacidad de nuestras organizaciones para buscar ser sostenibles, pero sobre todo poder ser independientes e impulsar diversos movimientos en bienestar de las personas, la sociedad y del país.

No sabemos el alcance real de la reforma propuesta, ya que no sólo se trata de reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino de ampliar el control.

El sector lleva años impulsando acciones para que sus actividades estén normadas en la legalidad e informando a sus donantes y autoridades tanto sobre el origen como del uso de los recursos.

Si bien algunas organizaciones suelen ser utilizadas con otros fines y sin la transparencia o rendición de cuentas, no deberían establecerse limites en el ejercicio de nuestros derechos para la diversificación de recursos.

Estamos de acuerdo que es muy necesario para este país transparentar los ingresos para no fomentar actos de corrupción y que debemos contribuir con los impuestos de ley para lograr que las instituciones funcionen de mejor manera. En lo que no estamos de acuerdo es que la política hacendaria sea utilizada para que las organizaciones sean menoscabadas o perjudicadas porque van en contra de la autonomía de las organizaciones y la diversificación de sus fuentes de ingreso.

Las organizaciones de la sociedad civil queremos seguir aportando a generar bienestar en un país que respete sus leyes, derechos y obligaciones; lo que no podemos tolerar es que mediante aspectos tributarios y desconocimiento de este sector, se pretenda generalizarnos como “corruptas”, “deshonestas” y otros calificativos que no corresponden a nuestras tareas cuando en los hechos somos un sector ampliamente fiscalizado y auditado. Muchas organizaciones llevamos trabajando por el bienestar de la población en este país, con legitimidad porque justamente somos organizaciones honestas y transparentes.

Por último, existen análisis y propuestas de expertos fiscales como el Colegio de Contadores Públicos, así como de grupos de trabajo emergentes dentro del sector, quienes señalan lo severo que resultan las medidas fiscales implementadas, así como los riesgos de que varias organizaciones puedan “desaparecer”, y que estas medidas junto con otras ponen en riesgo la labor filantrópica de nuestro país.

En la sociedad civil enfrentamos retos constantes para nuestra labor. Tenemos que seguir construyendo un país basado en leyes equitativas y justas, mas no aceptar resignadamente las imposiciones que limitan las actividades de las organizaciones consideradas donatarias.

#DonatariasAutorizadasDicenNo

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* Gabriela Toledo es directora adjunta de Operación de Fondo Semillas (@FondoSemillas).

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