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Drogas en los bachilleratos: ¿qué pueden hacer los directores?
Los lineamientos que deberían orientar a las figuras directivas para tomar decisiones ante el consumo de drogas varían y no siempre ofrecen claridad respecto a la forma de proceder, o bien, respecto a cómo privilegiar el bienestar de los estudiantes y garantizar su derecho a permanecer en la escuela y a aprender.
Por Ivania de la Cruz, Ana Razo e Itzel Cabrero
23 de julio, 2019
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El pasado 5 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa Juntos por la Paz como la nueva estrategia del gobierno federal para la prevención de adicciones, en la cual se propone un abordaje distinto ante el fenómeno del consumo de drogasi. En la intervención se involucran cuatro áreas estratégicas (salud, educación, bienestar y cultura, y comunicación) mediante diversas dependencias: el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Cultura, la Comisión Nacional del Deporte; el Instituto Nacional de la Economía Social, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud. Estas dependencias participarían en acciones para la prevención, capacitación, tratamiento y rehabilitación de adicciones.

La SEP, particularmente, es responsable de incorporar contenidos curriculares enfocados a la prevención de adicciones, así como la preparación de docentes y padres en esta misma tarea. Pero ¿es esto suficiente para que los directores escolares puedan orientar acciones de prevención y rehabilitación ante el consumo de drogas?

No empujo, no corro, no consumo en la escuela

Las leyes mexicanas y la normativa que rige a las instituciones educativas prohíben el consumo de drogas entre menores de edad dentro de las escuelas. Esta prohibición coincide con evidencia que señala que el consumo en edades tempranas produce afectaciones a la parte del cerebro responsable de la planeación y la toma de decisiones, lo cual repercute en un pobre desempeño cognitivo, déficit de atención, en la memoria y en la toma de decisionesii. Además, las escuelas son recintos donde la presencia de drogas puede incidir en eventos como la primera experiencia de uso o en percepciones que minimizan el riesgo sobre el uso de estas sustancias; si bien el consumo entre jóvenes se puede explicar a partir de factores exógenos (propios del contexto), también está asociado a la prevalencia de consumo entre compañeros de claseiii. Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala la situación vulnerable en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes ante la guerra contra el narcotráfico, en tanto que las organizaciones criminales fomentan y utilizan sus adicciones como estrategia de involucramiento en actividades de venta iv.

El consumo de drogas no es una práctica nueva entre los jóvenesv. Por ejemplo, entre los casos de adicción atendidos en Centros de Integración Juvenil en 2009, jóvenes entre 15 y 19 años representaron el 31.9 % del total. Algunos estudios muestran que, en la Educación Media Superior (EMS) hay un repunte de uso de drogas con respecto a otros niveles educativos (ibid). Según la Encuesta Nacional de Adicciones en 2014, 17.2 % de los estudiantes de secundaria y bachillerato reportaron haber consumido drogas alguna vez en su vida, con una edad promedio de inicio de 13 años ii.

Si bien el uso de drogas entre jóvenes no es un tema reciente, lo que es relativamente nuevo es su vinculación forzada con la violencia social. En México, el consumo de drogas (cualquier droga) se ha ligado equivocadamente al fenómeno de la violencia para justificar programas que han dañado a poblaciones en desventaja. Ello, aunque existen drogas con pocos efectos negativos cuyo consumo no necesariamente es problemático (incluso, la Ley General de Salud de 2019 establece que la portación de dosis exclusivas para consumo no es catalogada como delito)vi. Así, las estrategias implementadas por distintas administraciones del gobierno federal para desincentivar el consumo de drogas han fallado desde su diseñovii y promueven prácticas que no siempre se alinean con los derechos de los estudiantes, como la operación mochilaviii.

La respuesta del Estado al uso de drogas en las escuelas

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el Plan Nacional de Salud contemplaba estrategias para disminuir consumo y rehabilitar a personas que padecían adicción. Las escuelas tenían dos tipos de participación en este plan: el Programa Escuela Segura (PES) y el “desarrollo de un Modelo de Prevención de Adicciones en Escuelas de Educación Básica”ix. En el periodo 2014-2018, a estas estrategias se sumó el programa Construye-T, entre cuyos objetivos estaban la prevención y combate al consumo de estupefacientes. Los resultados de estas intervenciones no ofrecen evidencia clara sobre sus efectos en la prevención -o rehabilitación- de adicciones entre los jóvenes. Menos aún sobre su utilidad y efectividad para la comunidad escolar, en particular para los directores de los planteles educativos sobre qué hacer ante el consumo entre los estudiantes.

La normativa escolar respecto al consumo de drogas data de 2008 con el Acuerdo 449 que refiere, como tareas de los directores, la promoción de estilos de vida saludables. No obstante, es hasta 2015, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que se publican los Protocolos de Seguridad Escolar para los Centros Educativos Federales de EMS. Estos protocolos se diseñaron como “un conjunto de reglas, conductas y acciones que es importante observar para prevenir, atender, gestionar y resolver de manera exitosa una crisis determinada (en la escuela)”. Como crisis se consideran, por ejemplo, uso y/o posesión de armas en la escuela, amenaza de bomba, intento de suicidio, enfrentamientos armados alrededor del plantel, consumo de drogas y/o alcohol, despliegue de fuerzas militares, robo al plantel, entre otros. Todo en una misma bolsa. Así, no hay orientaciones específicas que guíen a las figuras directivas para saber qué hacer ante el consumo de drogas. El protocolo solo refiere las actividades que se consideran prohibidas y que el reglamento escolar deberá aplicarse para establecer las sanciones correspondientes.

Los reglamentos que guían a los distintos subsistemas de EMS son distintos entre sí y consideran elementos muy variados ante el consumo de drogas. Por ejemplo, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) cada entidad federativa genera un reglamento para las escuelas que ahí operan, pero hay entidades en donde no se habla del consumox. En otras, las sanciones quedan a discreción del directorxi y en otras tantas se establece que el consumo de drogas debe castigarse con la expulsión inmediata y definitivaxii. En el caso del Colegio de Bachilleres (COLBACH), los directores tienen margen de decisión para calificar la alta o baja gravedad de la falta y la sanción se determina por un colectivo escolarxiii. En suma, los lineamientos que orientarían a las figuras directivas para tomar decisiones ante el consumo de drogas varían y no siempre ofrecen claridad respecto a la forma de proceder, o bien, respecto a cómo privilegiar el bienestar de los estudiantes y garantizar su derecho a permanecer en la escuela y a aprender.

¿Qué hacer si un estudiante consume drogas en la escuela?

La información disponible para los directores es poco clara: no distingue entre tipos de droga, cantidades o tipos de consumidor. En el PES, por ejemplo, el término “adicciones” se usa como sinónimo de consumo y no se establecen diferencias entre primer consumidor, consuetudinario o adicto, ni se discuten los diferentes tipos de drogas que pudieran consumirse en las escuelas. Así, las normas pueden incitar a aplicar la misma sanción a quien llega bajo la influencia de sustancias ilegales una vez y a quien enfrenta un problema serio de adicciones.

La falta de precisión en la normativa mexicana es grave, porque omite datos que evidencian la complejidad del fenómeno. En los casos de estudiantes que consumen por primera vez o lo hacen con poca frecuencia, es posible que los directores puedan implementar estrategias de prevención o de persuasión con altas probabilidades de éxito. Para casos de adicción, la evidencia internacional muestra que la edad de consumidores que buscan tratamiento varía dependiendo de la droga utilizada. Esto sugiere que las políticas de salud para las adicciones deben diferenciarse por tipo de droga y edadii y en el caso de la población en edad escolar, es necesario informar a directores y docentes sobre los distintos efectos y tipos de tratamiento.

En este contexto las figuras directivas enfrentan un dilema. Por un lado, podrían seguir un reglamento que los haría dejar a jóvenes fuera de las aulas y que, a la vez, los condenaría a situaciones de mayor riesgo y mayor desesperanza (pertenecer a grupos delictivos, dedicarse al narcomenudeo, entre otros). Por otro lado, lo directores podrían hacer caso omiso de la normativa e invertir esfuerzos adicionales por mantener las drogas lejos de los salones de clasexiv. Ante estos casos, la SEP necesita dar claridad a los directivos y las comunidades escolares para acercar mejores alternativas para los jóvenes, distinguiendo entre acciones de consumo (tipos de droga, cantidad, iniciación en el uso, etcétera).

Las y los directores de planteles de EMS tienen en sus manos la labor de velar por el bienestar de la comunidad educativa que encabezan. Por ello, resulta imprescindible involucrarlos en el diseño de estrategias que les permitan hacer frente al fenómeno del consumo de drogas dentro de las escuelas. Esto no quiere decir que los directores son los únicos responsables de combatir o prevenir el consumo, es un trabajo del sistema completo. Por el contrario, los casos de adicción deben atenderse con políticas públicas basadas en evidencia, con recursos y continuidad que deriven en la reintegración y permanencia de estudiantes a las escuelas.

Es posible que Juntos por la Paz busque un abordaje distinto a los utilizados en el pasado para atender el problema de adicción a las drogas entre los jóvenes, pero su principal reto será brindar herramientas prácticas para que los miembros de la comunidad escolar puedan acceder de manera ágil a los diversos servicios que proporcionan las dependencias involucradas. Se trata de entender el tema del consumo de drogas como un tema de salud púbica, y no de criminalización; de ir más allá de comunicar los efectos negativos de las drogas. Los directores requieren de respaldo nomativo, claro y pertinente, para que la escuela pueda ser el mejor lugar para los jóvenes.

* Ivania de la Cruz (@IvaniaDLCO) es doctora en Política Educativa por la Universidad de Columbia y actualmente es Profesora Cátedra-CONACYT en el Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas del CIDE. Sus líneas de investigación incluyen Liderazgo Escolar, Educación Media Superior y  Educación en Comunidades Rurales. Ana Razo (@anarazop) es profesora investigadora en el Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas del CIDE y es Cátedra CONACYT. Doctora en Políticas Públicas por el CIDE, se especializó en Política Educativa. En años recientes, ha centrado sus líneas de investigación en el mejoramiento del trabajo en el aula a través de la observación de prácticas docentes y evaluación de políticas y programas públicos en educación. Itzel Cabrero Iriberri (@ItCabreroes maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Actualmente es Profesora Asociada del Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas (PIPE-CIDE). Sus áreas de especialización incluyen el estudio de la Educación Media Superior en México y el uso de métodos mixtos en ciencias sociales.

 

i Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina. Viernes 5 de julio, 2019. Consultada aquí el 11 de junio de 2019.

ii Mercadillo, R. E., & Enciso, F. (24 de 10 de 2018). Política de drogas, adicciones y neurociencias: propuestas para México. México: Programa de Política de Drogas. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Obtenido de Política de drogas, adicciones y neurociencias: propuestas para México.

iii Gaviria, A., & Steven, R. (2001). School-based peer effects and juvenile behaviour. The Review of Economics and Statistics, 257-268.

iv CIDH. (2015). Violencia, niñez y crimen organizado. Washington DC: Organización de los Estados Americanos.

v Villatoro Velázquez, J. A., Medina-Mora Icaza, M. E., del Campo Sánchez, R. M., Fregoso Ito, D. A., Bustos Gamiño, M. N., Resendiz Escobar, E., Cañas Martínez, V. (2016). El consumo de drogas en estudiantes de México: tendencias y magnitud del problema. Salud Mental, 193-203.

vi Secretaría de Salud. 2009. «Ley General de Salud.» Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto

vii ASF. (2015). Auditoría 237 “Programa Escuela Segura” Cuenta Pública 2013, Auditoría Superior de la Federación (ASF). Obtenido de https://www.asf.gob.mx/Publication/174_Cuenta_Publica_2013

viii Montalvo, T. L., & Roldán, N. (20 de 01 de 2017). Autoridades enfrentan violencia escolar con programas inservibles y que violan derechos. México, México, México.

ix Espinosa, S. (2014). Regulación y consumo de drogas en México: una primera mirada al caso del tabaco y la mariguana. Aguascalientes: Programa de Política de Drogas. Centro de Investigación y Docencia Económicas.

x CECyT Hidalgo. (2015). Reglamento de Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Hidalgo. Obtenido de aquí.

xi CECyT Estado de México. (2014). Obtenido de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.

xii CECyT Puebla. (2013). Reglamento Académico Escolar. Obtenido de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla.

xiii Colegio de Bachilleres. (2010). Reglamento Académico 2010. Obtenido de aquí.

xiv Los hallazgos de nuestro estudio sobre las estrategias usadas por directores escolares en EMS ante casos de consumo en México podrán consultarse en el Volumen 5 del Journal on Education in Emergencies (JEiE), el cual se publicará en diciembre de 2019.

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