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Efectos del confinamiento por COVID-19 en la vida de mujeres campesinas de la sierra de Guerrero II
Con el confinamiento y dentro de un contexto de pobreza y pobreza extrema crónicas, la vida en las comunidades se tornó aún más difícil: sin escuela y con escasos servicios de salud, sin poder salir, sin comida, sin dinero, y con las cosechas marchitándose por no poder comercializarlas.
Por Equis Justicia y Mujeres Campesinas de la sierra de Guerrero
10 de noviembre, 2020
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A principios de octubre de este año publicamos en este espacio la primera de una serie de entregas que procuran evidenciar el cruce entre seguridad alimentaria, género y confinamiento por COVID-19 en las comunidades cultivadoras de amapola de la sierra de Guerrero. En esa primera ocasión, cuestionamos el compromiso de las autoridades con las poblaciones más pobres y marginadas, quienes se han visto acorraladas entre la insatisfacción de sus necesidades básicas alimentarias, el sometimiento a los grupos del crimen organizado que controlan sus territorios y la falta de acciones de parte de los gobiernos local y federal. En este segundo texto, las mujeres campesinas y Equis Justicia para las Mujeres A.C. (EQUIS), abordamos las consecuencias de las restricciones de las actividades económicas durante los primeros meses de la pandemia -marzo-agosto-, con énfasis en la situación específica de las mujeres.

Por razones de seguridad, omitimos mencionar los nombres de los pueblos y municipios a los que pertenecen las 33 mujeres que participan en este proyecto; basta con señalar que se encuentran en el segundo estado con más pobreza en el país1, en comunidades en donde las principales actividades económicas son el cultivo de tierras, hortalizas y frutas de temporada (principalmente productos de subsistencia básica), así como de amapola, aunque -como se mostrará en la próxima publicación- la producción de opio para fines de comercialización de heroína a los Estados Unidos ha disminuido progresivamente, a la par que su valor económico. Otras actividades incluyen el comercio en pequeña escala -tiendas de abarrotes- y la ganadería.

Ahora bien, a partir de marzo, como consecuencia de la pandemia y en aras de evitar el contagio, se suspendió o restringió la entrada y salida de vehículos y personas a las comunidades. Las únicas actividades económicas permitidas fueron la siembra y cultivos en campos y hortalizas. Se paró, en cambio, el comercio. Esto impactó desproporcionadamente a las mujeres y sus hijas e hijos, quienes han atestiguado cómo se marchitaban sus cosechas durante los meses de confinamiento, puesto que ellas no podían salir a las carreteras a vender sus frutas. Asimismo, dejaron de subir a las comunidades productos básicos de limpieza y aseo, así como alimentos enlatados o leche, y aquellos que estaban disponibles sufrieron un aumento de precios por la escasez, acabándose, paralelamente, el dinero. Así lo expresan varias de ellas:

“Quedándonos pobres, no hay nada de trabajo; nomás nos alcanza para medio comer, antes pues uno iba a trabajar a la ciudad o sembraba uno así otras cosas, pero no, ya no muchacha, ya ni gente viene de otros lugares que nos compraban nuestros productos, ahorita ya no”.

“Bueno desde que pasó esto de la pandemia, desde que todos tenemos conocimiento ahora sí que el cultivo se está parando y se está echando a perder. Aquí la pera, el durazno, todo eso se está echando a perder porque no hay quien compre”.

Las restricciones a la movilidad y otras medidas sanitarias fueron decididas por parte del representante de las comunidades -el comisario- y de “los comunitarios”, es decir, los grupos criminales que controlan los pueblos. Sucesivamente fueron comunicadas a “los ciudadanos” en la asamblea comunitaria, validadas mediante votación por mano alzada y plasmadas en las actas, en un proceso de consenso “colectivo” formal, bajo el escrutinio y la amenaza. Sin embargo, únicamente los hombres cabeza de familia conforman el colectivo de personas que pueden votar.

Es claro, entonces, que la permanencia de relaciones patriarcales tradicionales afecta el control de las mujeres sobre sus vidas y la satisfacción de sus necesidades básicas, así como las de sus hijas e hijos. Si bien las mujeres solas (por ejemplo, las madres solteras) pueden acceder al estatus de ciudadanas, esto implica ciertas condiciones económicas con las que es difícil cumplir, entre otras, poseer una parcela de la tierra ejidal y pagar las cuotas obligadas para el ejercicio del derecho a ser ciudadanas. Una de las mujeres campesinas lo explica de la siguiente forma:

El representante de casa solo es uno y es el padre de familia o el hombre de casa. Cuando hay mujeres viudas, entonces a ellas las toman en cuenta sin embargo, su voto es el último que se toma en cuenta”.

Asimismo, al no tener acceso a la tierra, debido a la transmisión y herencia de éstas por linaje patriarcal, las mujeres, sus hijas e hijos son particularmente vulnerables (aunque la falta de dinero afecta a todo mundo). Por tanto, las mujeres dependen, principalmente, o bien de estar casadas con un hombre que tiene acceso a tierras, o de emplearse en el trabajo doméstico, como peonas -trabajadores agrícolas eventuales-, cultivar las huertas de traspatio y otras actividades de subsistencia como el bordado o la crianza de unos cuantos pollos y gallinas. La dependencia de un hombre en un contexto de relaciones machistas las expone, por un lado, al riesgo de violencia en su contra, y, por el otro, a ser abandonadas, junto con sus hijas e hijos, sin ningún derecho a la manutención económica. El mejor escenario, en ese caso, es regresar a vivir con sus padres.

“Como madre soltera he sufrido mucho, porque no dependo de nadie y vivimos al día, y pues ahorita no hay trabajo”.

Con el confinamiento y dentro de un contexto de pobreza y pobreza extrema crónicas, la vida en las comunidades se tornó aún más difícil: sin escuela y con escasos servicios de salud, sin poder salir, sin comida, sin dinero, y con las cosechas marchitándose por no poder comercializarlas.

“La desesperación es más grande porque pues las mujeres al ver que ya no hay suficiente comida, tenemos muchas necesidades, tenemos que buscar la forma de trabajar, poner hasta a nuestros hijos, nuestras hijas -como ahorita que no están estudiando-, a trabajar en el monte o buscar trabajo así hasta en las casas para poder salir de esta crisis que tenemos”.

En la siguiente entrega analizaremos el papel de la amapola en la economía de estos pueblos, en el marco de las políticas de drogas internacionales y nacionales, con énfasis en las transformaciones que han sufrido los cultivos en los últimos años y el rol de las mujeres en los mismos.

@EquisJusticia

 

1 A nivel nacional, datos del 2018 muestran que 41.9% de la población en México se encontraba en pobreza y 7.4% en pobreza extrema. En el caso de Guerrero, los datos son, respectivamente, 66.5% y 26.8%.

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