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El acuerdo totalitario y la normalización del estado de excepción
A través de un acuerdo, el presidente de la república pretende sustraerse del marco legal y constitucional vigente e implementar un régimen de excepción para aquellos proyectos de infraestructura considerados por su gobierno como “prioritarios”.
Por Luis Asali Harfuch y Gianmarco Coronado Graci
25 de noviembre, 2021
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En la tarde del pasado 22 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”. En esencia, el acuerdo: a) declaró como “interés público” y “seguridad nacional” la realización de proyectos y obras de infraestructura que se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional, y b) ordenó a las dependencias de la Administración Pública Federal otorgar autorizaciones provisionales –dentro del plazo de cinco días a partir de su solicitud– para la construcción o ejecución de los proyectos prioritarios del gobierno federal.

Render del aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Base Militar número 1 de Santa Lucía, Estado de México. Fuente: SEDENA

De manera inmediata existió una condena –casi unánime– en contra del acuerdo y se anticiparon diversas acciones en contra de este. Por ejemplo, la senadora Lilly Téllez informó que propondría al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo. Por su parte, el ministro en retiro José Ramón Cossío refirió en su cuenta de Twitter que el acuerdo resultaba “evidentemente inconstitucional”. También, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que presentará una controversia constitucional en contra del acuerdo ante una posible transgresión del derecho de acceso a la información pública y al principio de máxima publicidad.

Adicionalmente, en su conferencia mañanera del 23 de noviembre de 2021, el presidente de la república explicó que el motivo del acuerdo era evitar que amparos u otras acciones de particulares retrasen la conclusión de las obras públicas catalogadas como prioritarias por su gobierno. Es necesario mencionar que aquellos proyectos prioritarios concretos a que se refiere el acuerdo son, entre otros, la construcción del Aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Base Militar número 1 de Santa Lucía, la Refinería “Olmeca” de Dos Bocas, Tabasco y el Tren Maya.

No obstante, de acuerdo con el propio texto del acuerdo, el alcance de este abarcaría cualquier obra que se encuentre relacionada con “…los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. Es decir, cualquier proyecto u obra que el gobierno federal considere como “prioritaria”, automáticamente se encontraría regulada por este nuevo régimen administrativo irregular y abiertamente opaco.

Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene el acuerdo y por qué ha despertado tantas preocupaciones en la comunidad jurídica? Al efecto, el artículo 3° de la Ley de Seguridad Nacional, expresamente establece lo que ha de entenderse por seguridad nacional. Esto es, todas aquellas acciones tendientes a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado ante la existencia de una amenaza o peligro concreto.

Entre otros fines, la Ley de Seguridad Nacional resalta la protección de la nación frente a amenazas, preservación de la soberanía, mantenimiento del orden constitucional, la defensa del Estado y la protección de la democracia. Como se puede observar, de ninguna forma se establece que la construcción de obras o proyectos pueda considerarse como un asunto de seguridad nacional como lo pretende el decreto. Lo anterior, en virtud de que el texto legal prevé que la declaratoria de seguridad nacional funcione como un mecanismo extraordinario y especial que debe utilizarse como última ratio para la conservación del orden constitucional.

Construcción de la Refinería “Olmeca” de Dos Bocas, Tabasco. Fuente. Secretaría de Energía

Sin embargo, el objetivo del acuerdo, lejos de la protección del marco constitucional, parece ser exceptuar a dichos proyectos del cumplimiento de los requisitos previstos en diversas disposiciones legales –como por ejemplo, el procedimiento de autorización de impacto ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente–. Pero sobre todo, lo que busca el acuerdo es proteger jurídicamente a los proyectos insignia de esta administración para garantizar su conclusión: cueste lo que cueste. En pocas palabras, el acuerdo crea –de manera inconstitucional– un nuevo régimen en el que los proyectos u obras catalogados como prioritarios podrán evadir el cumplimiento de normas y regulaciones de carácter general, afectar los derechos de terceros y sobre todo, eludir las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que el marco jurídico expresamente prevé.

Así, el acuerdo introduce un régimen de excepción al pretender sustraer del cumplimiento del marco legal a los proyectos que, según la administración pública, sean considerados como prioritarios. Esta tendencia –nacional e internacional– de sobreutilizar el régimen de excepción ha sido denunciada por diversos académicos como Giorgio Agamben. De acuerdo con este autor, el estado de excepción ha dejado de ser un dispositivo de administración en situaciones excepcionales y se ha convertido en un mecanismo normalizado para la consecución de finalidades políticas o administrativas.1

De esta forma, el estado de excepción que, normalmente se produce bajo el pretexto de la necesidad, tiende a perpetuarse durante años al resultar mucho menos gravoso que el cumplimiento de las normas legales consideradas como ordinarias. Otros autores como Hannah Arendt han señalado que la suspensión de la ley se justifica utilizando un principio de razón de Estado o de interés general. Es decir, originalmente se justifica el régimen excepcional a través de una preocupación primordial que requiere que el Estado utilice medios extremos para defender su integridad, la cual se encuentra tergiversada por el poder político.2

Al margen de los nocivos efectos del acuerdo, a lo largo de las siguientes semanas veremos una cascada de medios de control constitucional por parte de particulares, organizaciones de la sociedad civil, organismos constitucionales autónomos y órganos legislativos que buscarán impugnar el contenido y alcance del decreto y sobre todo, frenar –por lo menos cautelarmente– sus efectos y consecuencias. Sin embargo, la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que conocerá de los medios de control abstractos que lleguen a promoverse en contra del decreto y cuya resolución podría nulificar con efectos generales el acuerdo totalitario del presidente.

Inauguración de un tramo del Tren Maya. Fuente: FONATUR

Dicho sea de paso: esta no es la primera vez que el presidente pretende sustraerse –vía decreto y en este caso, acuerdo– del marco constitucional y legal vigente para la consecución de finalidades políticas. Concretamente, existen dos antecedentes relevantes. El primero, el memorándum de fecha 16 de abril de 2019, a través del cual, el presidente ordenó a las dependencias de la Administración Pública Federal –especialmente a las Secretarías de Gobernación y Hacienda– dejar sin efectos la reforma constitucional en materia educativa, aprobada durante el sexenio anterior. El segundo caso sucedió con el oficio STCSN/194/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, por el cual se integraron todos los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al inventario de estructura estratégica del país. El efecto del oficio de la SEDENA fue revocar las suspensiones judiciales que detenían la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, al sostener que se afectaría la seguridad nacional con dichas medidas.

* Luis Asali Harfuch (@luis_asali) y Gianmarco Coronado Graci (@absurdistan_) son abogados y activistas. Han participado en diversos litigios estratégicos y formaron parte del equipo legal que combatió judicialmente la cancelación del NAIM y la construcción del Aeropuerto “Felipe Ángeles”.

 

 

1 Agamben, G., 2005. “State of Exception”. Trans.: K. Attel. University of Chicago Press.

2 Arendt, H., 1977. “Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil”. Londres: Penguin.

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