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El ‘aguachicoleo’ en México, el desconocido robo a la nación
La CONAGUA publica anuarios estadísticos sobre la situación en el país, pero quienes deciden qué información poner al acceso público excluyen los datos relacionados con el robo del agua.
Por Cuauhtémoc Osorno Córdova
30 de agosto, 2019
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En México, el término ‘huachicoleo’ ha sido utilizado para denominar a la acción del hurto de hidrocarburos. Pero la ordeña de combustible no es lo único que debe de combatir el gobierno en turno, también el agua es un recurso fundamental que se tiene que cuidar para el desarrollo del país. A pesar de que existe el mandato en el artículo 27 constitucional y en la Ley de Aguas Nacionales, muchos usuarios explotan el líquido sin permiso ni supervisión de las autoridades correspondientes.

La máxima institución encargada de la materia, la CONAGUA, publica anuarios estadísticos sobre la situación en el país, pues la ley le exige “brindar y difundir la información pertinente vinculada con el agua y su gestión”. Pero los burócratas que deciden qué información poner al acceso público excluyen los datos relacionados con el robo del agua.

Ante la histórica falta de información sobre este tema, el Congreso exhortó el 26 de julio de 2011 a la CONAGUA a presentar un informe detallado del número de tomas irregulares existentes en el país, así como su estatus y las respectivas acciones para atender el problema, ya que debido a esta situación se pierden millones de pesos por falta de pago de derechos por el uso del agua.

Por medio de una solicitud de información realizada por Ethos a la unidad de transparencia de la CONAGUA, se pudo conocer que esta institución respondió al exhorto del Poder Legislativo siete meses después, mediante el oficio BOO.02 GIM/0017/12, que hasta ahora no era de acceso público. El archivo expone que en el 2011 se realizaron 3,346 clausuras por tomas clandestinas; sin embargo, no informa en qué zonas fueron identificadas.

Además, la CONAGUA no adjuntó el informe detallado que el Congreso solicitó, mismo que tampoco está disponible en línea. Desde las cifras generadas y archivadas hace más de siete años, ha existido nula rendición de cuentas sobre el tema.

Con la misma solicitud de información gestionada por Ethos se pudieron recabar las cifras del “aguachicol” en la nación, en las regiones hidrológicas administradas por los Organismos de Cuenca de la CONAGUA. Lo intrigante del asunto es que las cifras son incongruentes, pues la oficina central de la CONAGUA reporta que, durante el periodo 2012-2018 se contabilizaron 2,280 tomas clandestinas, mientras que los organismos de cuenca registraron un total de 1,560. Once de los trece organismos que hay en el país muestran cifras diferentes, lo que pone en duda la credibilidad de la información.

Por ejemplo, en la región hidrológica “Lerma Santiago Pacífico” (ubicada principalmente en municipios de Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Nayarit), que está prácticamente en veda, el organismo de cuenca de esta zona registra 232 tomas clandestinas durante el periodo 2012-2018, mientras que la oficina central de la CONAGUA reporta 758. Para la región hidrológica “Noroeste”, integrada en mayor parte por municipios sonorenses, la oficina central registra sólo 70 tomas ilegales y el organismo de cuenca 824, lo que demuestra una falla de intercambio de información entre las dependencias y, al mismo tiempo, vulnera el derecho a la información “plena y fidedigna”, que la ley establece.

Ante este panorama, ¿se puede conocer la realidad de las tomas clandestinas de agua en México? Definitivamente no, pues además de los disparates entre las estadísticas oficiales existen otras variables que pueden influir y cambiar drásticamente el sentido de los datos presentados. Por ejemplo, la disminución del presupuesto a la CONAGUA se traduce en poco personal para la vigilancia, y por ende, se reducen las posibilidades de detección, registro y castigo de las tomas clandestinas. Por otro lado, la corrupción a la que se prestan los inspectores de la CONAGUA, quienes piden o son sobornados para evitar sanciones a los infractores de la ley, generando impunidad y pérdida de recursos para el erario público.

Por último, la información de la CONAGUA excluye una parte fundamental: los registros municipales, especialmente de los Organismos Operadores de Agua, que son los responsables de otorgar el servicio de agua a la población y combatir las conexiones clandestinas dentro de sus redes públicas. Estas instituciones locales carecen de sistemas de información pública en materia de agua, lo que significa nulos datos en materia de tomas ilegales.

Ante esta situación, las actuales administraciones tienen un gran desafío, pues deben satisfacer la demanda del líquido a los diversos sectores sociales y productivos, garantizar el derecho humano al agua, tener control sobre el recurso vital y preservarlo para las siguientes generaciones. Sin duda, las instituciones en los tres niveles de gobierno necesitan impulsar mayor coordinación, legalidad, transparencia y rendición de cuentas para mitigar la corrupción en el sector, y tomar mejores decisiones para lograr sostenibilidad hídrica en México.

* Cuauhtémoc Osorno Córdova es investigador anticorrupción especialista en agua de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).

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