El caso Odebrecht frente a la abogacía
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El caso Odebrecht frente a la abogacía
¿Puede un abogado revelar información confidencial de un caso en el que fungió como defensor? ¿Es lícito publicar datos, documentos —reales o fabricados— y detalles del caso obtenidos con base en la confianza que un cliente tuvo con su abogado? ¿Es ético descalificar a las personas que tiempo atrás defendimos?
Por Miguel Ontiveros Alonso
5 de julio, 2022
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Complejo, polémico y de corte trasnacional, el caso de Odebrecht ha impactado en diversas dimensiones del sistema penal latinoamericano. Así, por ejemplo, se sometió a juicio a diversos actores políticos de la región, se impusieron multas históricas a la empresa brasileña y se verificó, desafortunadamente, el suicidio de un expresidente. Hay, sin embargo, un ámbito poco observado en el entorno que está jugando un rol fundamental relativo al caso Odebrecht en nuestro país: la abogacía. Hace apenas unos días fueron reveladas supuestas confidencias surgidas entre Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien fuera director general de Petróleos Mexicanos, y su entonces abogado. Así mismo se mostraron públicamente documentos —sean estos originales o falsificados—, obtenidos con base en el ejercicio de la abogacía, que revelaron información privilegiada surgida en el marco de la relación entre abogado y cliente —incluyendo datos confidenciales de mujeres integrantes de la familia de éste—, mientras al mismo tiempo se exigió, frente a las cámaras de televisión, el pago de honorarios por servicios prestados. Haciendo a un lado el lenguaje utilizado durante las revelaciones públicas referidas, cabe preguntarse: ¿qué está pasando con la abogacía mexicana? ¿Puede un abogado revelar información confidencial de un caso en el que fungió como defensor? ¿Es lícito publicar datos, documentos —reales o fabricados— y detalles del caso obtenidos con base en la confianza que un cliente tuvo con su abogado? ¿Es ético descalificar a las personas que tiempo atrás defendimos?

Los “principios básicos sobre la función de los abogados”, adoptados en el marco del octavo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente (La Habana, 1990), 1 establecen que “los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán porque los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional” (artículo 9). Así mismo, señalan que “los abogados mantendrán, en todo momento, el honor y la dignidad de su profesión en su calidad de agentes fundamentales de la admnistración de justicia” (artículo 12).

Algo similar se desprende de los “principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal” (Nueva York, 2013). 2 Así, desde el Principio 1, se deja clara la función social de la abogacía —que toda persona que ejerza esta profesión debiera tener presente—, al señalar que “la asistencia jurídica es un elemento esencial de un sistema de justicia penal eficaz que se base en la primacía del derecho, así como un fundamento para el disfrute de otros derechos, como el derecho a un juicio justo, y una salvaguardia importante que asegura la equidad fun­damental y la confianza pública en el proceso de justicia penal”. Por su parte, la directriz 15- 69, inciso b) establece que los abogados deben estar sujetos a los códigos de conducta profesional aplicables, con las sanciones adecuadas en caso de infracción, mientras que el inciso e) exige “establecer mecanismos adecuados de supervisión de los proveedores de asistencia jurídica, en particular a fin de prevenir la corrupción”.

La abogacía es una profesión liberal, indispensable en el marco del Estado constitucional, que consolida un sistema de justicia penal moderno, tan garantista como eficaz. Sin embargo, tiene dos pilares incuestionables que la sostienen: la ética y el secreto profesional. El primer pilar se traduce —por decir lo menos— en no traicionar a quien antes representamos, mientras el segundo pilar se refleja en proteger la intimidad, especialmente la de las personas que en el pasado defendimos: ¿quién puede confiar en una abogacía avorazada que revela secretos obtenidos en el ejercicio de su profesión y más tarde representa a la parte contraria con la que antes se enfrentó?

* Miguel Ontiveros Alonso (@OntiverosAlonso) es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España. Profesor Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Abogado de Emilio Lozoya Austin.

 

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

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