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El derecho a la salud en México y los recursos en el sector ante el COVID-19
En esta etapa 3 de la pandemia, en la que el ritmo de contagios, de personas hospitalizadas y de casos está incrementando muy rápido, persiste el temor de que la red hospitalaria sea insuficiente para atender a todas las personas que requieran hospitalización.
Por Ingrith Gabriela Carreón Morales
5 de mayo, 2020
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La humanidad se está enfrentando a una de las pandemias más desafiantes trastocando diversos ámbitos, no sólo el sanitario, sino el económico y social, los cuales tendrán implicaciones en derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, aspectos que afectarán la salud física y mental de las personas sobre todo de aquellas que se encuentran en condiciones de mayor desigualdad y de pobreza.

Enfrentar esta enfermedad que crece de manera exponencial ha puesto en dificultades a diversos países y en casos como el de México ha revelado las implicaciones de la falta de inversión suficiente en el sector salud por tantos años, así como las carencias en la disponibilidad de recursos físicos y humanos, y en los insumos de protección personal de los profesionales de la salud.

Entre las medidas que los Estados deben adoptar para garantizar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental se incluyen la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Para ello deben adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho1 y, en los casos de epidemias, el derecho a tratamiento comprende la creación de un sistema de atención médica urgente.2

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, desde su experiencia, ha sugerido a las autoridades gubernamentales garantizar -en caso de epidemias- desde la infraestructura de salud pública hasta los exámenes de detección, pruebas y atención hospitalaria accesibles, disponibles, asequibles y de calidad, y que en caso de que los recursos sean escasos, el acceso de éstos tres últimos debe basarse en la vulnerabilidad y la necesidad de las personas, no en sus medios financieros.3

A principios de abril se estimaba que el alcance de esta enfermedad en este país implicaría que más de 306,000 personas tuvieran COVID-19, de los cuales 214,000 solicitarían atención médica, 42,000 serían graves y 30,000 requerirían atención médica especializada y 12,000 cuidados intensivos.4

Por contraste para resistir esta pandemia, las cifras de disponibilidad de recursos físicos y humanos mostraban las dificultades que las autoridades gubernamentales tendrían para garantizar el derecho a la salud. De acuerdo a declaraciones realizadas poco después de mediados de marzo en la Secretaría de Salud, se contaba con 121, 435 camas de hospitalización en todos los niveles de salud en los sectores públicos y privados y se tenía un déficit de 2,000 médicos para atender esta pandemia, de los cuales 123,000 eran médicos generales y alrededor de 76,000 médicos especialistas.5 Los datos históricos muestran que en lo que se refiere a la tasa nacional de camas de hospital por cada 1,000 habitantes, este ha mostrado un decremento constante a partir de 2001, con una tasa de 1.7 para llegar en 2017 a una tasa de 1.4.6 En materia de disponibilidad de recursos humanos, si bien de 2012 a 2016 hubo un incremento en la tasa nacional de enfermeras (os) por cada 1,000 habitantes de 1.32 en 2012 a 1.48 en 2016, se muestra un decremento a 1.45 en 2017 e incrementa a 1.47 en 2018.7 Por su parte, la tasa nacional de médicos (as) por cada 1,000 habitantes muestra un estancamiento a partir de 2015 con una tasa de 2.4, misma tasa que se presentaría en el 2017.8

Ante los problemas de disponibilidad, se lanzó el Plan de reconversión Hospitalaria- COVID-19 como medida para coordinar e integrar la respuesta hospitalaria para la atención de pacientes con gravedad, que incluye entre sus medidas a la contratación de personal médico (Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Recursos Humanos para la Salud), y por la cual se esperaban contratar 6,600 médicos y 12,300 enfermeras. Asimismo, se inició un plan de reconversión de hospitales con la participación de IMSS, ISSSTE, SEDENA, Marina, INSABI y se inició un plan para capacitar a más personal especializado, con el objetivo de reorganizar la estructura de los servicios de salud a través de un modelo en cascada.

En estos momentos en los que el país se encuentra en la etapa 3 de la pandemia con 23,471 casos el 3 de mayo,9 en la que el ritmo de contagios, de personas hospitalizadas y de casos está incrementando muy rápido, persiste el temor de que la red hospitalaria sea insuficiente para atender a todas las personas que requieran hospitalización, la cual actualmente ha sido de 39.50%10. De esta manera, se cuenta con 672 hospitales COVID y con 14, 489 camas IRAG disponibles y que se han ocupado 6,026 camas IRAG (29%) a nivel nacional.

Aunque los datos muestran que la media nacional de ocupación de camas de hospitalización general al 3 de mayo es de 29% y de 24% para camas con ventilador; dos entidades de la República ya superan el 40% de ocupación en ambos tipos de cama: la Ciudad de México (66% de camas de hospitalización general y 59% de camas con ventilador) y el Estado de México (49% de camas de hospitalización general y 44% de camas con ventilador);11 entidades que se han mantenido en los primeros lugares de casos confirmados acumulados, y de casos confirmados activos en los últimos 14 días . De ahí que el desafío nacional sea mayor para garantizar la atención oportuna ante la escasez de servicios de salud, cuando el incremento en el número de casos en un día ha llegado al 6.3% (1,383 casos), siendo que el COVID-19 es una enfermedad que puede evolucionar rápido y complicarse, además de considerar que la estancia intrahospitalaria por paciente que se ha presentado en otros países ha sido de entre 9 y 10 días.12

Otra preocupación latente y que refleja la falta de disponibilidad de insumos para enfrentar esta enfermedad ha sido la falta de equipo suficiente y adecuado de protección personal de los profesionales de la salud, ante lo cual se encuentran en constante riesgo de contagio de este virus exponiendo sus vidas. El país ha sido testigo de diversas denuncias públicas realizadas ante la falta de batas desechables, mascarillas N-95, guantes, lentes protectores, como fue el caso de los médicos residentes que a 20 días de haberse presentado el primer caso de coronavirus en el país, demandaban insumos y materiales suficientes, además de capacitación adecuada, transparencia en los planes de contingencia y protocolos de atención, así como horario laboral no excedente de 24 horas por el riesgo de aumentar errores.

Recientemente las autoridades gubernamentales dieron a conocer que hasta el mes de abril, el Instituto de Salud para el Bienestar había entregado 12 millones 121 mil 753 piezas de protección para personal de salud y 182 mil 801 insumos para higiene de manos y desinfección a los Institutos de Salud.13 Ante esto las autoridades gubernamentales deberían asegurarse de que los insumos estén llegando a los profesionales de salud con el fin de protegerlos, siendo el deber de las autoridades gubernamentales de proporcionarles equipos de protección personal en la medida que sea necesario, además de que los profesionales de la salud son considerados también como poblaciones vulnerables de esta pandemia, por lo que su seguridad y protección deben ser una prioridad.14

Como puede observarse, se ha hecho frente a esta epidemia con las deficiencias estructurales de desestimación de la inversión en el sector salud que se ha presentado por años en el país, por lo cual se ha tenido que recurrir a los recursos del sector privado para la creación de un sistema de atención médica urgente como parte de las acciones extraordinarias.

Desde un enfoque de derechos humanos, se hace cada vez más evidente la adopción de medidas de largo plazo que atiendan la necesidad de invertir en la eliminación de los obstáculos y las desigualdades que impiden el ejercicio del derecho a la salud, ya sea por la falta de acceso y disponibilidad de infraestructura, recursos físicos y humanos, medicamentos, y por la falta de calidad de los servicios.

No hay que dejar de mencionar que las respuestas ante la pandemia deben ser integrales y adoptarse desde un enfoque interseccional, en atención a la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos que hace alusión a la relación que existe entre ellos, y de que para el ejercicio pleno de determinado derecho es necesaria la intervención de otros. Será indispensable mirar hacia las situaciones que pondrá en mayor vulnerabilidad el ejercicio del derecho a la salud, como las repercusiones de tipo económico y social que afectarán el bienestar físico y mental de las personas y que, por lo tanto, requerirá de la existencia de un sistema de salud más fuerte y de la adopción de medidas de prevención.

Las autoridades gubernamentales deberían a su vez encaminar sus esfuerzos a solucionar los problemas de acceso a los alimentos en cantidad y calidad suficiente en los hogares; de condiciones adecuadas de la vivienda como lo es el tamaño y disponibilidad de servicios de saneamiento; el acceso al agua potable tan fundamental para prevenir enfermedades, así como tratar de asegurar un ingreso económico suficiente a las personas que les permita adquirir bienes y servicios, y con ello reducir el estrés y el miedo.

* Ingrith Gabriela Carreón Morales es investigadora en INCIDE Social, A.C. Participa en el área de Desarrollo, Política Social y Derechos Humanos. Ha escrito artículos y participado en publicaciones en los temas de prevención social de las violencias, derechos humanos y democracia.

 

 

1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 2200, 16 de diciembre de 1966, artículos 2 y 12.

2 Observación General no. 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, UN Doc. E/C.12/2000/4, Agosto 2000.

3 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19. Lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la comunidad, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Ginebra, 2020.

4 Presenta IMSS Plan de Preparación y Respuesta Institucional COVID-19, Comunicado de Prensa no. 171, Instituto Mexicano del Seguro Social.

5 Conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, 2 de abril de 2020.

6 Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE data.

7 Sistema de Información de la Secretaría de Salud. Disponible aquí.

8 Sistema de Información de la Secretaría de Salud. Disponible aquí.

9 Conferencia de prensa de la Secretaría de Salud del 3 de mayo. Disponible aquí.

10 Covid.19 México. Disponible aquí.

11 Baja California es la segunda entidad que presenta mayor ocupación de camas de hospitalización general (53%), mientras que Sinaloa es la segunda con mayor ocupación de camas con ventiladores (55%) Conferencia de prensa de la Secretaría de Salud del 3 de mayo. Disponible aquí.

12 Adrian Soto Mota, et al., “Un dilema inevitable del COVID-19: ¿Cómo salvar más vidas cuando se acaben las camas?”, en Nexos.

13Médicos residentes demandan insumos y capacitación sobre COVID-19”, 19 de marzo de 2020, en noticias MVS; Diego Badillo, “Falta de insumos, el constante llamado de alerta del personal de salud ante el COVID-19”, 14 de abril de 2020, en El Economista.

14 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Directrices relativas a la COVID-19; Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19. Lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la comunidad, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Ginebra, 2020.

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