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El derecho a solicitar asilo. Un cambio posible en perspectiva de justicia
No toda persona que solicita asilo debe obtener esa condición, pero toda persona que expone que huye de su país por fundados temores de ser perseguida por diversas razones, tiene derecho a que el Estado examine su situación de manera específica, individualizada, detenidamente.
Por José Luis Caballero Ochoa
24 de septiembre, 2019
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por resolver un caso que le presenta la enorme oportunidad de proteger a las personas solicitantes de asilo, de ser un contrapeso eficaz ante una política migratoria que dio un vuelco restrictivo ante la presión inusitada de los Estados Unidos. En concreto, en este tramo de la salvaguarda de los derechos humanos, entender y resolver que las personas que huyen de sus países por diversas razones no pueden perder su derecho a solicitar asilo, simplemente porque no presentaron la solicitud correspondiente dentro de los treinta días siguientes de haber ingresado a territorio nacional, como actualmente lo establece la ley de la materia. De esta manera, la Corte puede sumar el tema de los derechos de las personas migrantes al largo caudal de colectivos en situación de vulnerabilidad protegidos por su jurisdicción, enfáticamente en los últimos años.

Estamos a punto de obtener la resolución de los amparos en revisión 353/2019 y 399/2019, que se encuentran bajo la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, presentados por la Clínica Jurídica para Refugiados “Alaide Foppa” de la Universidad Iberoamericana, (juristas litigantes y estudiantes de nuestra Licenciatura en Derecho) representando a demandantes concretos, y cuyo objetivo es acreditar la inconstitucionalidad de los artículos 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y el 19 del respectivo Reglamento. Estas disposiciones establecen un mecanismo de rechazo automático de solicitudes cuando las mismas son presentadas después del periodo ya señalado, con alguna excepción particular que “concede” la disposición reglamentaria en caso de que se acredite una imposibilidad ajena a la voluntad del solicitante.

El asunto no es menor, y se ha convertido en una barrera que impide a cientos de personas acceder al derecho a que su situación sea analizada detalladamente por las autoridades a efecto de que, en su caso, sean reconocidas como refugiadas. Ciertamente no toda persona que solicita asilo debe obtener esa condición, pero toda persona que expone que huye de su país por fundados temores de ser perseguida por diversas razones -raza, religión, violaciones a los derechos humanos, violencia generalizada, entre otras- tiene derecho a que el Estado examine su situación de manera específica, individualizada, detenidamente.

Es importante advertir que, en el ámbito nacional e internacional, el refugio se ha erigido como la institución fundamental por medio de la cual los Estados deben proteger a las personas que enfrentan riesgos y amenazas a su vida, libertad y seguridad en su país de origen. Los contextos sociales y políticos como los que actualmente viven países como Venezuela, El Salvador, Honduras o Guatemala, en los que miles de personas se ven obligadas a cruzar la frontera y a solicitar protección contra la persecución que enfrentan, aumentan el riesgo y la urgencia, lo que además imposibilita el acceso a la información y el empoderamiento necesarios para acogerse con toda formalidad al derecho que les asiste de presentar la solicitud de asilo.

En México, el bloque de constitucionalidad de este derecho se encuentra en el artículo 11 Constitucional, en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que reconocen la prerrogativa de toda persona a solicitar y recibir asilo bajo la modalidad de condición de refugiadas. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene así la posibilidad de ser consecuente con este parámetro de control de regularidad constitucional y de asegurar una vez más la mayor protección de los derechos humanos de todas las personas, como lo está haciendo en muy diversos temas.

En días pasados se hizo público el magnífico proyecto del Ministro Franco González, que al analizar la ley a la luz del bloque de constitucionalidad, y realizar la interpretación correspondiente, propone declarar la inconstitucionalidad del referido plazo. Sin embargo, parece que habría alguna posición que defiende la idea de que con la excepcionalidad que concede el Reglamento, y al que remite la propia ley, bastaría para considerar la solvencia constitucional de las disposiciones referidas. Aquí estaríamos ante el empleo de la interpretación conforme como una herramienta procesal que busca la conservación normativa, lo que a mi juicio, además de distorsionar su cometido según lo que prevé el articulo 1º de la Constitución, mantendría vigente una disposición que de suyo es excluyente y victimiza.

Declarar la inconstitucionalidad de la norma pondría en el centro a las personas que ostentan una situación peculiar revestida de violencia que les obliga a emigrar a México, y propiciaría que la legislación sea coherente con el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos.

En caso de conseguir la mayoría de la y los integrantes de la Segunda Sala, se sentaría un precedente histórico que refrendará el compromiso de la Suprema Corte de Justicia con los derechos humanos y los principios democráticos; será también un ejemplo palpable de la tradición latinoamericana y mexicana en materia de asilo y de su evolución en la protección a personas refugiadas. Ojalá la resolución lo confirme.

* José Luis Caballero Ochoa (@JoseLCaballero) es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México / Tijuana. El autor agradece la colaboración de Elba Coria y Paulina Izquierdo.

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