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El derecho como herramienta de extorsión
¿Cuál es el abogado que la sociedad merece? ¿El que gana todos los juicios aunque fabrique pruebas, corrompa funcionarios, retrase juicios, y obstaculice la justicia, o el que busca conocer y resolver el problema, y advierte a su cliente de las ventajas y desventajas de su posición? Acá un caso que muestra cómo puede usarse el derecho para extorsionar.
Por Rosa María Rojas Vértiz
23 de agosto, 2019
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El domingo 26 de agosto de 2018 recibí una llamada a las 5:00am, en la que el portero de un edificio en el que mi papá tiene un pequeño departamento que tenía más de 2 meses desocupado me comunicó que parecía que el departamento de mi papá (503) estaba inundado, porque el departamento de abajo (403) tenía mucha agua y el agua venía de arriba.

Inmediatamente salí con mi esposo hacia el departamento 503, que está a unos 10 minutos de distancia de nuestra casa. Íbamos preparados para lidiar con la inundación, y cual sería nuestra sorpresa que al entrar al departamento 503 estaba totalmente seco. Hicimos subir al portero que nos llamó para que lo corroborara. Nos fuimos. El departamento 403 es habitado por una señora de 85 años, cuyo hijo se jacta de ser abogado de la Libre. Al día siguiente, lunes, tuve una llamada con la hija de la señora, a la que pedí me permitiera el acceso al departamento 403 para ver el problema, yo llevaría algunos técnicos para que revisaran y pudieran identificar la fuga de agua, en su caso. Me dijo que ese día era imposible porque su mamá se había puesto tan mal que estaba hospitalizada. Quedamos al día siguiente -martes- a las 8:30am. Conseguí a los técnicos y a un ajustador para que pudieran revisar los daños e identificar la fuga. Cuál sería mi sorpresa que no nos dejaron entrar, solo al ajustador, quien tomó algunas fotos y me comunicó que no observaba daños, que se necesitaba un técnico que revisara a profundidad porque los daños posiblemente estaban ocultos.

Ese mismo martes recibí una llamada del abogado hijo de la señora, quien me informó que se había levantado una denuncia penal en contra de mi papá, que ya se tenía el dictamen de un perito de la Procuraduría en contra de mi papá, y que a ver cómo nos arreglábamos.

Recapitulo en los hechos: la denuncia la levantó la señora de 85 años al día siguiente del incidente, día en el que supuestamente estaba hospitalizada, sin habernos permitido en ningún momento tener acceso a su departamento para ver los supuestos daños, y sin que se tuviera detectada la supuesta fuga.

Me citaron para acudir a un procedimiento de mediación en la Procuraduría que resultó un fiasco. No me dieron a conocer el contenido de la denuncia de la señora. Quise revisar el expediente para conocer en que consistía su denuncia, y me lo negaron. Me dijeron que la consulta del expediente daba por terminado en forma automática el procedimiento de mediación. Cuestión que no logro entender. ¿Cómo puede uno llegar a un acuerdo con la contraparte sin conocer las manifestaciones que hizo a la autoridad ni las pretensiones que externó? ¿Volvimos a los tiempos de la inquisición? Una de las mediadoras incluso trató de convencerme de que yo no llevara un arquitecto ni un perito de mi parte a una diligencia en la que levantaríamos los techos del 403 para identificar la supuesta fuga, sino que confiara totalmente en los dictámenes que emitirían los peritos de mi contraparte -después de la actitud hostil con la que se habían conducido desde un inicio-.

Unos 3 días antes de la primera cita para el proceso de mediación logramos que un colega entrara al departamento 403 y llevara un arquitecto. Esto fue el 12 de septiembre, unas dos semanas y media después del incidente. Desde entonces se abrió la llave de paso del departamento 503 que el portero cerró la madrugada del incidente -la cual ha permanecido abierta desde entonces-. Tanto mi colega, como la contraparte y el arquitecto hicieron varias pruebas en el departamento 503: abrieron todas las llaves, llenaron de agua la tina, y dejaron correr el agua por cerca de una hora para tratar de descubrir filtraciones, sin que se detectara una sola. Se revisó el medidor del 503, el cual solo corría cuando se abrían las llaves, y se detenía totalmente cuando se cerraban.

En la primera sesión de mediación llegamos a un acuerdo inicial: se levantarían los techos del 403 para buscar la fuga, el costo de quitar los techos sería a cargo de ambos, si se encontraba la fuga del 503 mi papá cubriría todo el costo de reparación, si no había fuga, el costo total sería a cargo del 403. La mediadora no lo quiso poner por escrito, dijo que solo podía ponerse por escrito el acuerdo final ya que se hubiera determinado que había fuga.

Como parte del proceso de mediación llevamos a cabo una diligencia el 10 de octubre de 2018 -al mes y medio del incidente-, en la que se quitó todo el yeso de los techos de la cocina y del baño del departamento 403. Cada parte llevó a 2 arquitectos que fungieron como peritos, no hubieron peritos oficiales. Por primera vez pude entrar al departamento 403 con la amenaza de que no podía tomar fotos ni mucho menos grabar. El yeso de los techos estaba totalmente seco, y no estaba ni abombado ni manchado, arriba de los techos había una losa, que también estaba seca, lo cual fue corroborado por todos los peritos presentes, incluyendo a los 2 peritos que llevó mi contraparte. Se volvieron a hacer pruebas de agua en el departamento 503, sin que nuevamente se detectara filtración alguna. Todos los peritos que estuvieron presentes en esa diligencia coincidieron en que no había fuga. Mi contraparte quería perforar la losa, pero los arquitectos no lo dejaron al considerar que podía dañarse la estructura del edificio. Dijo que iba a conseguir un scanner para detectar si había alguna tubería rota. No lo hizo. No obstante, llegaron a la siguiente cita de mediación exigiendo el pago de los supuestos daños de nuestra parte, sin argumento alguno, solo insistiendo en que la fuga provenía del 503, lo que dio por terminado el proceso de mediación.

Debo admitir que la diligencia del 10 de octubre me relajó un poco: si después de todas las pruebas realizadas con expertos, éstos habían afirmado que no había fuga alguna, pensé que el problema había acabado. Mi contraparte no tenía pruebas ni argumentos para insistir.

Cual sería mi sorpresa cuando en mayo de 2019 me enteré que el Ministerio Público ya iba a judicializar la carpeta de investigación con base en un dictamen emitido por un perito de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, quien entró al departamento 503 hasta el 28 de febrero de 2019 -6 meses después de los hechos-, y concluía que la inundación del 403 se había generado porque se había dejado abierta la llave del lavabo del baño 503, y que por otra parte en la cocina del 503 se advertían reparaciones recientes.

¿Cómo sabe una persona que 6 meses antes se dejó abierta la llave del lavabo? Por lo menos el piso laminado tendría que haber estado destrozado. El perito dejó de considerar que el departamento 503 estaba vacío, lo cual reconoció incluso la denunciante al hacer su denuncia. ¿Cuántos días tendría que haber corrido el agua del lavabo si el departamento estaba vacío y cerrado? El perito afirma que no hubo agua el día anterior en el edificio. Es posible. En la Colonia Del Valle frecuentemente se tienen que pedir pipas de agua porque el agua que entra es insuficiente. Sin embargo, ¿cuantos días se queda sin agua ese edificio? Como para que nadie hubiera detectado el agua corriendo, y saliéndose por debajo de la puerta por varios días. ¿Cuánta agua tendría que haberse tirado para que se filtrara por los pisos del 503, por la losa que está debajo y por los yesos del techo del 403 durante días como para que se acumularan hasta 6 centímetros de agua en todo el piso del departamento 403? ¿Por qué se inundó el departamento 403 en solo unas horas en la madrugada del 26 de agosto, cuando tenía varios días el agua corriendo desde el lavabo del 503? ¿En qué estado estarían los pisos del 503 y los techos del 403? Definitivamente no en el estado que muestran las fotos del ajustador tomadas a los 2 días del incidente, quien manifestó que no habían daños visibles, ni en el estado que muestran las fotos tomadas en los 2 otros días en que se tuvo acceso al departamento 403?

El perito dice que hay reparaciones recientes en la cocina, pero no precisa cuáles. Si detectó reparaciones, tendría que precisar en qué consistieron para podernos defender. Nadie ha realizado reparación alguna en el departamento 503, porque no ha sido necesario. El departamento 503 siempre ha estado seco, y las instalaciones funcionan bien.

Los recibos de agua del departamento 503 dan cuenta de que no se ha dejado ninguna llave abierta por varios días, dado que son por el consumo mínimo, lo cual fue consistente durante todo 2018 y hasta la fecha. Ojalá pudiéramos decir lo mismo del departamento 403, quienes sí repararon ya su departamento e incluso cambiaron el medidor de agua, y por supuesto, no han mostrado sus recibos de agua. En la Comisión de Agua me dicen que los consumos del cuarto y quinto bimestre del departamento 403 son históricos, porque no fue posible revisar el medidor. Qué raro. Casualmente también, el mueble de baño del departamento 403 estaba sumamente hinchado el 12 de septiembre. ¿Cómo estaría el 26 de agosto? Mueble que naturalmente también ya fue cambiado. ¿Cómo se explica que una persona inicie una acción penal en contra de otra por haberle causado daños a su propiedad, y durante el proceso de investigación, en la etapa en la que se están recabando pruebas hace modificaciones?

Lo increíble es que todas las pruebas que se realizaron durante la mediación no están en la carpeta de investigación. Como si no hubieran existido. ¿Qué sentido tiene acudir a un proceso de mediación en donde no se toma nota de los acuerdos ni de los avances que van teniendo las partes? La mediadora no permitió que fuéramos poniendo por escrito los pasos que íbamos acordando, solo el acuerdo final se podía poner por escrito, al cual nunca pudimos llegar porque nunca apareció la supuesta fuga.

Lo más curioso es que la supuesta filtración se dio un solo día. ¿Porqué no se ha seguido filtrando el agua si la llave de paso del 503 se ha mantenido abierta desde el 12 de septiembre -han transcurrido 11 meses- y las instalaciones de agua del 503 se han usado en diversos momentos? En efecto, algunas personas van en forma regular a hacer la limpieza del departamento. Así mismo, el departamento se rentó durante 3 meses a una persona que estuvo viviendo ahí, y como es de esperarse, usaba el agua para bañarse, cocinar, lavar los trastes, hacer la limpieza, lavar su ropa, etc. Sin que jamás haya habido filtración alguna.

La conclusión es que las personas del departamento 403 no han estado interesadas en conocer de donde provino el agua que supuestamente inundó el departamento 403, ni en resolver el problema. Su único interés ha sido obtener dinero del dueño del departamento 503 para pagar los supuestos daños. Supuesto culpable a cuya hija no le permitieron entrar para revisar daños, acosaron para que no tomara fotografías y trataron de persuadir de no llevar expertos. Que exista o no la fuga es lo de menos, lo importante es obtener un pago del vecino, y para lograrlo hacer uso de todo tipo de artimañas.

El abogado, hijo de la señora dueña del departamento, no parece estar interesado en conocer la verdad de las cosas, ni en identificar y resolver los problemas, sino en fabricar culpables. En obtener lo que desea a costa de los demás. Usa el derecho como una herramienta de extorsión. Se aprovecha de que conoce la técnica jurídica para coaccionar, para amedrentar, para obtener lo que quiere cuando quiere, al margen de que tenga o no la razón. No cabe duda que contar con una cédula de abogado y conocer la técnica da una ventaja incuestionable frente a la gran mayoría de los gobernados. Quienes no cuentan con esa ventaja tienen que pagar un abogado, y un abogado bueno no es barato. ¿Cuántas personas lo pueden hacer? Entonces ante la amenaza de la acción penal, por un tema que es realmente civil -suponiendo que hubiera una fuga, lo que procedería sería responsabilidad civil por daños en propiedad ajena- ¿Qué hacer? ¿Pagar lo que la denunciante pide? ¿Acceder a lo que solicite? ¿Qué hace un ciudadano común ante una amenaza de esa naturaleza si no tiene recursos para pagar un buen abogado?

Sigo pensando que el derecho es una herramienta para mejorar la vida en sociedad, para prevenir y resolver problemas, para administrar justicia, para proteger a los gobernados, para hacer efectivo el respeto a sus derechos. Parece que una vez que aprendemos la técnica, se nos olvidan los objetivos. ¿Cuál es el abogado que la sociedad merece? ¿El que gana todos los juicios aunque fabrique pruebas, corrompa funcionarios, retrase juicios, y obstaculice la justicia; o el que busca conocer y resolver el problema, y advierte a su cliente de las ventajas y desventajas de su posición? Desafortunadamente, la condena en gastos y costas no ha sido bien aplicada por nuestros tribunales, pues podría ser una herramienta que sancione a los litigantes que se dedican a retrasar y a complicar innecesariamente los juicios, o que litigan a sabiendas de que sus clientes no tienen la razón, pero raramente se aplica a esos casos. Generalmente se aplica a quien pierde aunque haya litigado de buena fe, pero quizá no tuvo un buen abogado o cometió algún error, resultando inhibidora de la justicia.

Lo que nos tenemos que preguntar es que vamos a hacer para evitar que el derecho se utilice para denostar, para extorsionar y para amedrentar a los miembros de la sociedad. Sin duda, la colegiación obligatoria puede ser un primer paso, pero también es necesario llevar un registro y establecer mecanismos para dar seguimiento a situaciones de abuso y de conductas ilícitas por parte de los abogados, así como, determinar consecuencias. La experiencia nos ha enseñado que las normas sin una consecuencia son menos respetadas. Mientras no se establezcan mecanismos para dar seguimiento a abusos y se impongan consecuencias, tendremos que seguir padeciendo el uso del derecho como una herramienta de extorsión, y no como una herramienta en beneficio de la sociedad.

* Rosa María Rojas Vértiz es egresada la Escuela Libre de Derecho y realizó una maestría en Derecho Mercantil y Corporativo en The London School of Economics and Political Science becada por el Consejo Británico. Realizó también una especialización en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana. Actualmente es estudiante del Doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante aproximadamente 12 años se dedicó a la asesoría, negociación e implementación de operaciones financieras y reestructuración de créditos. También se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta durante cerca de 8 años en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es Profesora de medio tiempo en el ITAM y da consultorías sobre operaciones financieras, reestructuración de créditos e insolvencia.

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