El derecho humano de toda persona a ser buscada - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
El derecho humano de toda persona a ser buscada
El reconocimiento del derecho humano de toda persona a ser buscada no es un asunto académico sino uno real y palpable, cuyo principal objetivo es dar con la suerte o paradero de la persona desaparecida y responder, al menos en cierta medida, al derecho a la verdad.
Por Karla I. Quintana Osuna
9 de julio, 2020
Comparte

La dramática historia de la desaparición de personas iniciada de forma sistemática en Latinoamérica –y posteriormente trasladada a otras latitudes– ha provocado una respuesta internacional impulsada por los familiares de las personas desaparecidas, que luego se ha visto reflejada en ámbitos nacionales a través de investigaciones que han llegado a juicios históricos en algunos países como Argentina, Colombia, Perú o Guatemala.

Se han creado tratados internacionales contra la desaparición de personas y organismos especializados en la lucha contra la misma y, recientemente, los Principios Rectores de la ONU para la Búsqueda de Personas Desaparecida. También se ha desarrollado jurisprudencia interamericana e internacional que ha intentado construir o entender –si es que eso es posible– la naturaleza jurídica de un aberrante acto humano que tiene la intención no sólo de desaparecer a la persona ocultando su suerte o paradero, sino también de evitar que existan respuestas para encontrarla y para reconocerle derechos.

Y mientras tanto, las familias de personas desaparecidas no han parado de buscar en décadas.

En diversas partes del mundo se han creado –por impulso de las mismas familias– mecanismos oficiales de búsqueda que, paralelamente a la investigación –y principalmente, por la falta de avance en la misma–, continúan impulsando la búsqueda desde el Estado. Los contextos varían, al igual que los mandatos de búsqueda de cada una de las instituciones en lugares tan lejanos como Sri Lanka o Líbano, o más cercanos a México, como El Salvador, Colombia o Perú.

Lo que nadie pondría hoy en duda –o eso se pensaría– es el derecho humano que tiene toda persona a ser buscada. Claramente, la búsqueda de las personas desaparecidas y la determinación de su suerte o paradero va de la mano del derecho a una investigación efectiva que determine lo ocurrido y que avance hacia la sanción penal de las personas responsables de la desaparición.

No es posible determinar, sin embargo, de manera tajante, la línea que separa la búsqueda de la investigación. Cuando se está buscando se está investigando, y cuando se investiga, también se busca.

Si bien es cierto que la búsqueda de la persona desaparecida y la investigación de los hechos están íntimamente relacionadas e impactan necesariamente la una en la otra, es fundamental destacar que tienen una entidad jurídica propia, es decir, son obligaciones independientes que deben realizarse de manera paralela. Las obligaciones específicas de búsqueda e investigación no deben diluirse entre sí, ni debe preferirse una sobre la otra. En todo caso, lo cierto es que tanto para la obligación de búsqueda, como de investigación, debe aplicarse siempre la debida diligencia.

Las obligaciones de búsqueda –entendida de manera amplia– no deben realizarse exclusivamente por una sola institución; tampoco significa que todas las instituciones tengan las mismas obligaciones de búsqueda. Las fiscalías o procuradurías tienen la obligación de investigación y también de búsqueda; mientras hay otras instituciones que realizan solo ciertas acciones concretas de búsqueda –como las obligadas a dar o de transmitir información–, y hay otras más –como las comisiones de búsqueda en los países que existen– que realizan acciones de búsqueda que, anteriormente, eran consideradas dentro de las investigaciones y no como acciones independientes.

El desarrollo evolutivo del derecho de toda persona a ser buscada implica, entonces, repensar el contenido y alcance de este derecho frente al derecho a tener una investigación diligente. Es preciso repensar –como se ha hecho en otros países en que se han creado mecanismos de búsqueda– ciertas acciones por parte de autoridades que usualmente habían sido consideradas exclusivamente dentro de la obligación de investigar, pero que tienen una doble vertiente con la búsqueda y que, por sí solos, no permiten llevar a cabo el debido proceso en ambas obligaciones. Ejemplos de ello son el procesamiento de fosas clandestinas, la toma de muestras a familiares de personas desaparecidas y a cuerpos, y la correspondiente comparación. Si bien es cierto que, de primera impresión, dichas acciones se encuentran en el marco de la obligación de investigar, también lo es que están directamente relacionadas con la búsqueda de identificación humana que es, en todo caso, un tipo de búsqueda.

El reconocimiento del derecho humano de toda persona a ser buscada no es un asunto académico sino, como todo derecho, uno real y palpable. Implica su garantía y respeto desde todas las instituciones del Estado, traduciéndose en acciones concretas, sin celos ni suspicacias, con el principal objetivo de dar con la suerte o paradero de la persona desaparecida y responder, al menos en cierta medida, al derecho a la verdad, y que también pueda impactar en el tan lejano derecho a la justicia de las personas desaparecidas y sus familias.

* Karla I. Quintana Osuna (@kiquinta) es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.