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El diálogo con las víctimas en Guanajuato
El gobierno de Guanajuato se encuentra ante un momento importante en la definición de la manera en la que va a relacionarse con las familias organizadas en los colectivos y en las que no lo están.
Por Raymundo Sandoval
11 de septiembre, 2020
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En este texto hago una descripción de lo que denomino “4 etapas en la relación del gobierno del estado con las víctimas”, en especial con las familias de personas desaparecidas en la entidad; son momentos de la historia reciente de los derechos humanos en Guanajuato, que apenas datan de finales de 2019 a la fecha. Las defino como 1) negación, 2) simulación, 3) criminalización y 4) implementación de las leyes.

1. El 09 de enero de 2020 el gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se reunió por primera vez con familiares de personas desaparecidas en Guanajuato, después de una reunión preparatoria con el secretario de Gobierno y a varias semanas de distancia de que la reunión fuera solicitada por las familias en voz de Evelina Guzmán del Colectivo Justicia y Esperanza durante el diálogo con diputadas en el Congreso de Guanajuato en noviembre de 2019. Ese fue el inicio de una etapa de negociación constante con el gobierno estatal, que tal como lo expresó el analista David Saucedo también en el Congreso, necesitaba transitar de la negación absoluta del fenómeno de las desapariciones, a su reconocimiento y al establecimiento de políticas públicas en la materia.

La primera respuesta del gobernador fue la negativa tácita para recibir a las familias; tuvieron que pasar semanas y duros cabildeos para lograr que el gobernador se sentara con los familiares. Hay que decir que había una especie de resistencia, justificada en una supuesta saturación de la agenda de Diego Sinhué, pero que en realidad era una evitación a la exposición pública con las víctimas, ya que ello implicaba un reconocimiento de responsabilidad en los hechos propios de su administración ya con un año de vida, y en los de su antecesor, Miguel Márquez Márquez. Después de la reunión se sucedieron una serie de incumplimientos y ese fue el verdadero parteaguas en la relación con las familias de personas desaparecidas con el gobierno del estado: una serie de compromisos que quedaron en el discurso.

El Fiscal General selló el inicio del diálogo de enero con su ausencia, para éste hubiera sido mejor seguir con la mentira de las 11 carpetas de investigación y con la evitación de esta realidad. Qué decir de sus resistencias para ceder poder cuando se discutieron las Leyes de Búsqueda y de Víctimas. La primera estampa de este diálogo: de la negación a la contención.

2. Lo que se podría denominar “segunda etapa: la simulación”, abarca de mediados de enero a mayo. Este momento implicó el establecimiento de primeras acciones específicas de apoyo a algunas familias de personas desaparecidas en la entidad, pero sin establecer un diálogo real. La muestra más clara de esta postura fueron las mesas de trabajo que el Congreso estableció para la discusión de mencionadas leyes. Una reunión exhaustiva en febrero de 2020 para hacer los últimos cambios a la Ley de Búsqueda fue reveladora de la ausencia de un verdadero parlamento abierto, en una estrategia caracterizada por los juegos políticos del PAN, partido que controla el poder legislativo. Las familias citadas para simular diálogo. Otro ejemplo más de la resistencia oficial en esta etapa fue la negativa para incluir una definición de fosas clandestinas, para “cumplir las definiciones” establecidas por el Sistema Nacional.

3. De mayo a agosto, la tercera etapa la constituye la criminalización de las familias con el conocido evento de represión policíaca del 10 de julio en Guanajuato capital. Las familias se concibieron durante esas semanas como opositor político.

El gobierno del estado se encuentra ante un momento importante en la definición de la manera en la que va a relacionarse con las familias organizadas en los colectivos y en las que no lo están. Y me refiero no sólo a las víctimas indirectas de la desaparición, sino a otro conjunto sobrevivientes del delito y de las violaciones a derechos humanos: homicidios dolosos, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia y trata de personas, entre otras cuestiones graves.

4. La puesta en marcha de la Comisión Estatal de Búsqueda y todo lo establecido en la Ley, constituye una ruta para institucionalizar el derecho de toda persona a ser buscada: su Reglamento, el Programa para la Búsqueda, la instalación del Consejo Ciudadano, los Registros Estatales y la instalación de un Sistema de coordinación. Esta implementación apenas comienza y tiene que hacerse con las familias concebidas como actor político. Desde mi punto de vista ello tiene que hacerse en la ruta institucional, reconociendo que el gobierno panista simula como práctica permanente.

El otro proceso que tendrá que echarse a andar, con más de 7 años de retraso, es la instalación de la Comisión para la Atención Integral a Víctimas (CEAIV), su Sistema, su Junta de Gobierno, Consejo Consultivo, Registro y Fondo. Resalta la creación de la Asesoría Jurídica que deberá paliar los malos tratos y la eventual colusión de la Fiscalía General, pasando también por la aprobación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia. Esta nueva etapa está apenas delineándose y será el momento de establecer una política pública para la búsqueda de personas y para la atención a víctimas, pero requiere hacerse con verdadera voluntad política por parte del gobierno del estado.

Cuatro etapas en apenas un año de la relación más visible del gobierno del estado con un movimiento social emergente, como es el de familiares de personas desaparecidas. Lo descrito aquí constituye un proceso pedagógico para las autoridades en el mejor de los casos, pero también han sido lecciones para las familias y para quienes les acompañamos en el proceso de fortalecer su búsqueda por la justicia.

Cierro señalando que por supuesto puede haber procesos fuera de lo institucional como búsquedas ciudadanas o como la autogestión, pero lo que es claro es que la ruta de implementación que ha iniciado será todo un reto, tanto en lo institucional como en lo organizativo.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.

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