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El feminicidio: ¿mito o un crimen poco claro?
Dada la gravedad del contexto de violencia feminicida en estos momentos, es necesario que el Estado adopte medidas inmediatas y diligentes para revertir esta crisis de violencia.
Por Isabel Anayanssi Orizaga Inzunza
19 de febrero, 2020
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Hace apenas unos días el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue duramente criticado por sus declaraciones que insinuaban la eliminación del delito de feminicidio del código penal federal arguyendo entre otras cosas la “falta de claridad en su tipificación”. Posteriormente, el feminicidio de Ingrid Escamilla a manos de su pareja sentimental ha vuelto a tocar una llaga que México pareciese no poder curar, movilizando protestas para exigir empatía a los medios de comunicación por la difusión de las fotografías del cuerpo de la víctima, y para pedir acciones estatales concretas contra la más atroz manifestación de violencia contra las mujeres: el feminicidio.

Ante todo ese ir y venir de declaraciones por parte de las autoridades, protestas cada vez más llenas de indignación y una alarmante cifra de feminicidios diarios; pareciese que el fenómeno del feminicidio -como lo indicó el Fiscal General- no es lo suficientemente claro ni para la Fiscalía General de la República, ni para los medios de comunicación y desgraciadamente, tampoco para otro sector de la población que sigue debatiendo empecinadamente sobre los “buenos modos de protestar” y cuestionando porqué la vida de una mujer debería ser considerada más importante que la vida de un hombre “si en México mueren hombres y mujeres todos los días a manos de la violencia”.

Femicide y feminicidio: el acto político de poner un nombre a un crimen

La violencia contra las mujeres y niñas ha sido calificada como una pandemia global por la ONU1 y por el Banco Mundial2. Este tipo de violencia encuentra diversas manifestaciones, de acuerdo a ONU Mujeres, el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de sus vidas, mientras que en algunos países la cifra se eleva al 70%3. Sin embargo, por su naturaleza atroz, el feminicidio es de todas esas manifestaciones de violencia el acto más extremo de odio que priva a las mujeres de su dignidad de tajo y para siempre. Conocer qué es un feminicidio y sus dimensiones en México permite reflexionar sobre la importancia de su reconocimiento y tipificación en el Código Penal Federal en México; y da cuenta de lo necesario que es nombrar un crimen que hasta hace unos años se describía normalmente por la sociedad y por las autoridades como “pasional”.

El término “femicide” fue introducido por Diane Rusell4, quien lo utilizó en una declaración en un Tribunal de Crímenes contra Mujeres en 1976, y lo definió como el asesinato de una mujer por un hombre por el hecho de ser mujer5. Más tarde explicaría que era necesario encontrar un término para describir las muertes violentas de mujeres en razón de su género para entonces poder encontrar formas de combatir esa forma específica de violencia contra mujeres y niñas6. Posteriormente, la adopción del término por el movimiento feminista7 en América Latina llevó a la antropóloga y feminista mexicana Marcela Lagarde a traducirlo al español para finalmente acuñar el término “feminicidio”, cuya consigna política ha sido la de criticar la impunidad e inacción de las autoridades estatales frente a las muertes violentas de mujeres con motivo de su género8.

En México, el delito de feminicidio fue tipificado en 2012 en nuestro Código Penal Federal, como parte de una estrategia estatal para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El feminicidio: una vergonzosa contribución de México para el mundo

A partir de la década de los noventas, las altas cifras de desapariciones y muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez -fenómeno conocido como las muertas de Juárez-, convirtieron a México en un referente internacional en el tema de feminicidio. Como consecuencia, el Estado mexicano fue llevado a instancias internacionales donde fue juzgado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México; el cual dio inicio a la actual línea jurisprudencial de la Corte Interamericana en el tema, precediendo los casos Véliz Franco y otros, y Velásquez Paiz y otros, ambos contra Guatemala9, donde este tribunal se ha dedicado a perfeccionar los estándares sobre las obligaciones estatales en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La Corte Interamericana ha sido muy clara sobre la importancia del deber de prevención de los Estados frente a la desaparición y feminicidio de mujeres y niñas. Ha enfatizado la importancia de que en un contexto de violencia contra mujeres y niñas -como ocurre en México- el Estado tenga un actuar diligente, inmediato, para prevenir los feminicidios. Distinguir la muerte de una mujer de un feminicidio demanda una investigación de las circunstancias de su muerte conducida con perspectiva de género10 y libre de estereotipos. En ese sentido, la Corte ha resaltado que la falta de un enfoque de género en la investigación penal del feminicidio invisibiliza las circunstancias previas y posteriores a la muerte, así como la posible violencia sexual o tortura que haya sufrido la víctima11.

Desde 2005, el gobierno mexicano ha reconocido frente organizaciones y tribunales internacionales el grave problema de violencia de género que enfrenta, lo que lo ha llevado a aceptar ante el Comité CEDAW y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en México existe una cultura de discriminación contra la mujer basada en “una concepción errónea de su inferioridad”12. No obstante, aún en 2018, el Comité CEDAW continuó recomendando a México adoptar una “estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios” y a adoptar “medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres”13. En 2020, el panorama no parece distinto.

Dicho lo anterior, surge la duda sobre: ¿a qué falta de claridad se refiere el Fiscal General de la República sobre el delito de feminicidio? La reacción lógica es que quizá la duda del Fiscal General no sea sobre la claridad de la tipificación del feminicidio, sino como garantizar investigaciones eficaces y con perspectiva de género que permitan castigar este crimen. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta, por ahora, forma parte de su misión y responsabilidades al frente de la Fiscalía General de la República.

Dada la gravedad del contexto de violencia feminicida en estos momentos, es necesario que el Estado adopte medidas inmediatas y diligentes para revertir esta crisis de violencia. Esto implica desde luego que, más que cuestionar el tipo penal del feminicidio, se comprendan y modifiquen todas aquellas condiciones que dificultan la operabilidad de este delito, lo que incluye capacitar al funcionariado público encargado de conducir las líneas de investigación de feminicidio, asegurar que se cuente con los recursos y herramientas necesarias para la investigación, y sobre todo, es fundamental que los propios órganos de justicia interioricen la perspectiva de género que es vital para la investigación del feminicidio. De lo contrario, un sistema de justicia que no entiende las complejidades del feminicidio tampoco estará capacitado para investigarlo y sancionarlo.

Las familias y la sociedad tienen el derecho a saber la verdad sobre las mujeres desaparecidas, y también la verdad sobre las circunstancias, perpetradores y motivaciones de sus muertes. Tienen el derecho de exigir a las autoridades investigaciones eficaces y a esperar de los medios coberturas de feminicidios solidarias y respetuosas con la memoria de las víctimas. Solo de esa manera no habrá más Irineas Buendía en las cortes supremas luchando por demostrar que sus hijas no cometieron suicidio; o más Rosas Elviras Franco desafiando al sistema en instancias internacionales para reclamar que los feminicidios de sus hijas no son -como las autoridades se los hicieron creer- el castigo por ser unas “cualquieras”, o más feminicidios de mujeres trabajadoras sexuales que quedan sin justicia y sin verdad.

El feminicidio es tan real como las “vandalizaciones” al Ángel de la Independencia, no es un mito, y tampoco es un empecinamiento por darle más importancia a las muertes de mujeres. Es una realidad que exige a la sociedad y sobre todo a las autoridades informarse para poder desarmar este sistema jerárquico y discriminatorio que mantiene a las mujeres, nada más y nada menos que la mitad de nuestra población, presas de las formas más aberrantes de violencia y apelando una y otra vez a su derecho a vivir.

 * Isabel Anayanssi Orizaga Inzunza (@isabela_orizaga) cuenta con un Máster en Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid; actualmente es estudiante del LLM International Human Rights Law en la University of Notre Dame en Indiana, USA.

 

1 UN News, “Ending inequality means ending ‘global pandemic’ of violence against women – UN chief”, November 2018. Disponible aquí.

2 The World Bank, “Gender-Based Violence (Violence Against Women and Girls)”, September 2019. Disponible aquí.

3 UN Woman, Facts and figures: Ending violence against women. Disponible aquí.

4 Diane Russell, “The origin and importance of the term femicide”, 2011. Disponible aquí.

5 Ibídem.

6 Diane Russell, “The origin and importance of the term femicide”, 2011. Disponible aquí.

7 See also: Document about research and prevention of feminicide.

8 Guatemala Human Rights Commission, “Femicide and feminicide”, USA Fact Sheet. Disponible aquí.

9 Disponible aquí.

10 Bloom, S. S., Violence against women and girls: a compendium of monitoring and evaluation indicators, USAID East Africa, 2008, pp. 179. Disponible aquí.

11 Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307.

12 Informe de México producido por el CEDAW bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, 27 de enero de 2005.

13 CONAVIM, “Las recomendaciones del Comité CEDAW a México”, 2018. Disponible aquí.

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