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El futuro de la consulta pública en México
La actual administración corre el riesgo de convertir al proceso de consulta pública en un escudo político, que se constituye de aparentes mayorías con el propósito de legitimar soluciones simplistas a problemas de alta complejidad.
Por Blog Invitado
12 de marzo, 2019
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Por: Erika Uribe y Evelyn Uribe

El futuro de la consulta pública en México se encuentra en un momento decisivo. Acertadamente, el nuevo movimiento político busca reposicionar a la consulta pública como un elemento vital de la democracia. Sin embargo, alarma observar cómo una deficiente implementación de estos procesos ha generado efectos contraproducentes a la revitalización de la vida pública y democrática de México. La actual administración corre el riesgo de convertir al proceso de consulta pública en un escudo político, que se constituye de aparentes mayorías con el propósito de legitimar soluciones simplistas a problemas de alta complejidad. Más allá de desvirtuar una herramienta democrática vital, esta dinámica ha resultado en la antagonización de diferentes grupos, deteriorando un frágil tejido social y erosionando la confianza pública en el gobierno y sus instituciones.

Marco legal de la consulta pública

A nivel regional e internacional, México ha adquirido compromisos directamente vinculados a los procesos de consulta previa y debida diligencia. Estos compromisos han sido ratificados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos tratados reconocen a los procesos de consulta previa y debida como un recurso de los pueblos para ejercer el derecho a la autodeterminación, pilar fundamental de los Derechos Humanos. A nivel nacional, el Artículo 26 de la Constitución de México reconoce el derecho de participación democrática en el sistema de planeación del desarrollo nacional. Este artículo otorga a cada ciudadano el derecho de participación en asuntos de interés público.

De aún más trascendencia es el principio de pluriculturalidad, reconocido en la Constitución Mexicana, el Pacto de San José, el Convenio 169 de la OIT y el Protocolo de San Salvador. El Estado pluricultural de derecho cimienta su unidad en la diversidad de los pueblos que lo conforman y en el derecho de las diferentes culturas a preservarse, a reproducirse y a florecer. El Estado pluricultural debe garantizar la generación-reconocimiento-apertura de espacios para el diálogo intercultural y el desarrollo de plataformas para la democracia participativa o directa incluyendo todas aquellas decisiones que podrían tener efectos en la identidad cultural y forma de vida de los pueblos originarios y comunidades equiparables. De tal manera, el Estado pluricultural mexicano, está obligado a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos a la autonomía, el territorio, el acceso a los recursos naturales, el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia de todos los pueblos y comunidades que lo conforman (PODER, 2016).

Hacia un marco de justicia ambiental 

La violencia y las tensiones provocadas por los proyectos del Plan Integral Morelos (PIM) y la desafortunada consulta pública que se llevó acabo el mes de Febrero, ponen en evidencia las divisiones generadas por megaproyectos que se conceptualizan de arriba hacia abajo. Estos proyectos nos obligan a confrontar la apropiación de recursos naturales que se ejerce desde las zonas urbanas y los impactos que estas acciones tienen en las comunidades donde se originan los recursos. El PIM demuestra como la carga ambiental del consumo de recursos naturales afecta desproporcionadamente a las comunidades donde se implementan los megaproyectos, mientras que los beneficios se distribuyen a distancia y hacia arriba. En este contexto, los derechos de las comunidades rurales y originarias a la autodeterminación, a un medio ambiente saludable y a la consulta previa, libre e informada, han sido comúnmente transgredidos.

En entrevista con Claudia Ramos para Animal Político (05 Febrero, 2019), el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, deja en evidencia una preocupante ignorancia en temas de cultura participativa, derechos humanos, y justicia ambiental. Expone que el proyecto del Tren Maya es una decisión ya tomada que no podrán rechazar las comunidades indígenas. También explica que la encuesta va a ser un proceso costoso y por eso la decisión se tiene que tomar antes. La consulta previa, en su opinión, no existe. Durante la entrevista se refiere despectivamente tanto a grupos indígenas como a ambientalistas, grupos que comparten una agenda de protección al medio ambiente y derechos humanos. La visión de Jiménez Pons impone el desarrollo económico sobre los derechos humanos de grupos vulnerables y la protección del medio ambiente.

Si bien hay situaciones que son urgentes en México, como es el caso de la pobreza y la violencia, es necesario que nuevas iniciativas se realicen bajo una estructura que reconstruya el tejido social y desvanezca las desigualdades. En el caso de los comentarios de Jiménez Pons, es reprochable que servidores públicos de alto grado, que representan una administración de supuesta corriente ‘centro-izquierda’, mantengan el espejismo de desarrollo económico como la vía principal de desarrollo humano y bienestar social. Aunque es evidente que las comunidades rurales y originarias necesitan el apoyo de sus gobiernos, esto debe darse dentro del marco de su derecho a la autodeterminación.

En efecto, cuando la consulta pública se implementa a gran escala y de arriba hacia abajo, el proceso es costoso y los resultados superfluos; pero cuando se calibra el proceso, organizando de abajo hacia arriba, y se hace uso del capital social existente en las comunidades, los resultados son regenerativos. Un enfoque de arriba hacia abajo, no fortalece las habilidades del pueblo para identificar y dar solución a sus necesidades más urgentes, es decir, no nos habilita a convertirnos en agentes de cambio. La visión de Jiménez Pons, posiciona a los ciudadanos en general, y a las comunidades rurales y originarias en particular, en un estado de receptor de beneficencia social.

Tanto en el caso del PIM como el Tren Maya, un marco de justicia ambiental ayudaría a integrar elementos de justicia social con justicia ecológica, construyendo las bases de una colaboración cívica que identifique avances en beneficio a todas las partes involucradas. La consulta pública efectiva y constructiva no es una encuesta limitada a resultados binarios (sí o no/ a favor o en contra), más bien es un proceso horizontal de gobernanza local que construye plataformas para informar y analizar una problemática y sus posibles soluciones.

La consulta pública es un proceso de trabajo, no un fin

Debemos hacer de la consulta pública un proceso de trabajo que conlleve a la resolución de problemas a través de la negociación y concesión informada, en función de un futuro justo y sustentable. Con este fin, la consulta pública debe ser previa a la toma de cualquier decisión, libre, informada, transparente y equitativa.

Previa a la toma de cualquier decisión. Contrario a lo que Jiménez Pons expone, la consulta previa sí existe. Es cierto que las agencias públicas deben llevar a cabo estudios de factibilidad de proyectos previos al inicio del proceso de consulta, pero esto no determina una decisión. Más allá de buscar si la población favorece o no una solución en particular, la consulta pública es una plataforma de diálogo que informa sobre el problema a resolver e involucra a las comunidades en el diseño de soluciones y estrategias de mitigación.

Consulta libre. El proceso de consulta pública debe ser libre de coerción, intimidación o manipulación. La reciente consulta pública sobre el futuro del Proyecto Integral Morelos se llevó a cabo en un ambiente de tensión y inmediatamente después del asesinato del organizador y activista Samir Flores. Estas condiciones ilegitiman cualquier iniciativa de consulta pública.

Consulta informada. La consulta pública es un mecanismo de difusión de conocimiento. A través de eventos públicos con expertos y foros de discusión se debe informar a los ciudadanos sobre el problema a resolver y las alternativas que se están explorando. Toda información debe presentarse de manera comprensible y en un formato e idioma adecuado a cada población. Los eventos (plural) deben planearse con anticipación y en sitios y horarios accesibles a los grupos involucrados.

Consulta transparente y equitativa. La consulta pública debe ser un proceso transparente que promueva el diálogo genuino y respetuoso entre todas las partes. El fin es generar condiciones de seguridad e inclusión que permitan imaginar alternativas y lograr consenso sobre las cualidades del proyecto. Es también de suma importancia evaluar la distribución de efectos negativos y positivos, y calibrar un proceso de consulta que invite una participación profunda de las poblaciones más afectadas y otorgue un peso adecuado a los hallazgos. Esto resultará en un proceso equitativo en relación a los posibles efectos de las alternativas puestas a consulta.

El futuro es colectivo

Proyectos de alcance regional como el PIM y el Tren Maya exigen un alto grado de transparencia y precisión. ¿Cuáles son las metas de desarrollo económico planteadas y qué calidad de integración económica ofrecen a las comunidades involucradas? ¿Qué beneficios sociales se generarán y cuál es su distribución? ¿Qué derechos se otorgan o vulneran a nivel individual y comunal? ¿De qué manera reflejan estos proyectos los valores de las poblaciones involucradas? ¿Cuál será su legado a generaciones futuras?

Existe una gran capacidad organizativa en comunidades rurales y pueblos originarios de México. Los procesos de consulta que se nutren de esta capacidad, pueden ayudar a fortalecer el tejido social desde el interior de las comunidades. Es imprudente, continuar promoviendo soluciones a los problemas sociales y económicos con una perspectiva de ‘arriba a abajo’. Llamamos al gobierno federal y sus instituciones a promover la construcción de soluciones de desarrollo económico y social de “abajo hacia arriba” y con una perspectiva de derechos humanos y justicia ambiental que reconozca la profunda interrelación entre sistemas sociales y ecológicos. Las comunidades son expertas en su entorno, experiencia, necesidades y recursos; con el apoyo necesario tienen la capacidad de generar soluciones que fortalecerán la diversidad cultural y ecológica que distingue a nuestro país.

Exijamos procesos de consulta pública transparentes que busquen distribuir equitativamente los beneficios y minimizar o mitigar efectos negativos. Sí, a la consulta pública que crea plataformas para conversar, conectar y concertar. Rechacemos procesos apresurados y binarios que dividen a las comunidades. Sí, a un gobierno que manda obedeciendo, pero sólo cuando informa anticipadamente, equitativamente, y con claridad; cuando invierte en la creación de plataformas que fomentan el respeto, la empatía y la cooperación a gran escala. Sí, a procesos de consulta que integran las voces de los márgenes con el fin de enriquecer y matizar el proceso democrático. Sí, a procesos de participación que empoderan a sus ciudadanos a imaginar y construir un futuro colectivo, diverso y sustentable.

 

* Erika Uribe es urbanista y arquitecta paisajista. Originaria de la Ciudad de México, es fundadora y directora creativa de encomún. Erika colabora con agencias y comunidades facilitando el consenso informado para enriquecer la vida pública y los espacios cívicos que nos conectan. Evelyn Uribe es investigadora mexicana en el ámbito de política, responsabilidad social, derechos humanos y relaciones internacionales. Trabajando en Pacto Global de Naciones Unidas en Santiago, Chile, fue responsable de la capacitación de agencias públicas y privadas en temas de responsabilidad social y consulta participativa. Su tesis doctoral por la Universidad de Glasgow, analiza la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas en políticas públicas y el progreso de la responsabilidad social y derechos humanos en el Sur Global.

 

 

Referencias

Restrepo, Iván (25 de Febrero, 2019). “Santones de la ecología” cuestionan el Tren Maya. La Jornada.

Ramos, Claudia (05 de Febrero, 2019). Tren Maya: el beneficio social compensa el impacto ambiental, justifica FONATUR.

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), 2016
Diagnóstico de Línea Base Para la Implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en México.

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