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El futuro de la política climática en México
Las y los funcionarios no han entendido que la emergencia climática nos superó a todos, y que es necesario tender una gran colaboración con diversos sectores y actores, pues el gobierno no cuenta con todos los recursos para lograrlo y menos el actual, con su denominada política de austeridad.
Por Sandra Guzmán Luna
8 de julio, 2020
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En recientes semanas México ha evidenciado un brutal debilitamiento del sector ambiental, resultado de un claro desinterés del presidente Andrés Manuel López Obrador en la agenda. Para el presidente, la política ambiental del país se reduce a su programa “Sembrado Vida”, cuyo presupuesto es mucho mayor que otros programas realmente ambientales. Por ejemplo, en 2019 el programa tuvo 15 mil millones de pesos, mientras que el programa de apoyos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) tuvo 1,154 millones de pesos, es decir, 10 veces menos1. Será interesante saber cual será el campo de acción de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (SEMARNAT), ahora que decidió “sumarse” al programa de la Secretaría de Bienestar2.

Los reveses al sector ambiental con la propuesta de recortar 75% a organismos como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y llevar al potencial cierre de la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO) son solo la punta del iceberg. El problema, por supuesto, no es solo que recorten presupuesto, pues es una tendencia que se ha venido dando desde tiempos de Peña Nieto: tan solo de 2015 a 2020 la reducción del presupuesto representó el 56% en 5 años. El problema es que el sector ambiental siempre han sido un obstáculo quienes han querido hacer uso de los recursos naturales para generar ganancias económicas y adeptos políticos, y no es casualidad que siempre esté liderado por funcionarios con poco peso político, y cuando han intentado poner a personas con más visión estratégica, han tendido a desplazarlos.

De esto ya se ha dicho mucho en estos últimos meses, pero ¿qué impacto tendrá todo esto en la política climática de México y que tanto afectará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país a nivel nacional e internacional?

Por un lado, es claro que el debilitamiento del sector ambiental tendrá repercusiones en todas las agendas del sector: agua, bosques, biodiversidad, y por supuesto, la agenda ambiental que regula al sector hidrocarburos. Sin embargo, el tema de cambio climático es un problema que va más allá del sector ambiental y por ello, no debemos dejar solo en sus manos la atención de algo que se genera en otros sectores.

En este sentido, hace falta una clara estrategia de transversalización de la política climática cuyo fundamento ya está en ley. Sí, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en su artículo 2 establece “la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero”.3

Ahora bien, el problema observado es que el sector ambiental ha sido “celoso” del tema de cambio climático, pues lejos de buscar colaborar de forma estructurada con otros sectores y niveles de gobierno, le ha dado por hacer la política climática en aislamiento, con una que otra consulta, pero sin una estructuración conjunta. Lamentablemente las y los funcionarios no han entendido que la emergencia climática nos superó a todos, y que es necesario tender una gran colaboración con diversos sectores y actores, pues el gobierno no cuenta con todos los recursos para lograrlo, y menos el actual, con su denominada política de austeridad.

La LGCC mandata la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC), de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y de un Consejo de Cambio Climático (C3). El primero no es actualmente operativo, el segundo solo se “instaló” en 2019, y el tercero ya manifestó su preocupación ante la actual política climática nacional4, al parecer con poco eco al interior de la administración pública.

No habrá política climática exitosa si la misma no transita de un enfoque ambiental a un enfoque integral, en donde los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales son abordados desde todos los niveles de gobierno.

Además del fallido enfoque, aún existen muchos pendientes de la agenda climática, pendientes que de no atenerse ponen en riesgo el progreso de la acción climática, y peor aún, marcarán el mayor de los retrocesos, lo que no solo atenta contra la economía del país sino que suma a un retroceso global que pone en riesgo la existencia de la humanidad.

¿Cuáles son los pendientes de la agenda climática?

Si bien es una lista corta, estos son los 10 grandes pendientes de la agenda climática:

  1. La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) debió actualizarse en 2019, al menos para la parte de adaptación, misma que debe integrar un enfoque de urgencia compatible con información científica como la derivada del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que lleve al país a la estabilización de emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento de más de 1.5ºC.
  2. El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) está en elaboración y para su mejor operación debe crearse con base en lo establecido por los Programas Sectoriales, que a su vez deben integrar de manera estructural el tema de cambio climático. Sin embargo algunos programas recientemente publicados, como el Programa Sectorial de Energía (2020-2024), apuntalan al fortalecimiento del sector hidrocarburos, lo que va en contra de las metas climáticas del país y por supuesto en contra del Acuerdo de París.
  3. La CICC se debe reunir al menos 2 veces al año como estipula la LGCC, sin embargo en 2019 solo sesionó una vez5, estando en falta con la ley, y a junio de 2020 no ha sesionado ni una sola vez, ni de manera virtual. Esto sugiere que los lazos institucionales para atender la crisis climática no están fortalecidos.
  4. El SINACC debe fungir como el máximo cuerpo de colaboración en materia de cambio climático en el país, sin embargo, los Estados han evidenciado una debilidad de este espacio y varios de ellos han decidido crear su propio cuerpo de trabajo a través de la Alianza Mexicana de Gobernadores por el Clima6. Esto, además de evidenciar la débil estructura del SINACC, pone en incumplimiento de Ley en particular a SEMARNAT, por ser quien coordina los trabajos con apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
  5. El Fondo de Cambio Climático (FCC) es el mecanismo de financiamiento público más relevante que se creó con la LGCC, cuyos recursos son escasos y cuya convocatoria lanzada en 2019 anunció ganadores sin señalar de manera transparente como se repartirán los recursos7, además de que no se ha lanzado la segunda convocatoria que debió publicarse en octubre de 2019. En general urge tener una estrategia de capitalización del fondo que le permita su supervivencia en el tiempo.
  6. La Política Nacional de Adaptación es crucial para reducir los niveles de vulnerabilidad ante el cambio climático en todo el país. Pese a que se cuenta con recursos del Fondo Verde del Clima, no ha sido publicado un plan de acción para la puesta en marcha de este importante instrumento, lo que ha evidenciado una gran brecha de capacidades para asumir el reto de la adaptación.
  7. La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica se trabajó con diversas Secretarías de Estado y por más de 150 expertas y expertos para impulsar políticas, regulaciones e incentivos para promover la innovación de la movilidad hacia su electrificación, en particular del transporte público. Sin embargo, no fue publicado y no parece haber indicios de que se publicará. Al menos la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), lanzó su estrategia de Movilidad S48, a la que esperemos se le puedan sumar elementos de decarbonización en los próximos años. La electromovilidad es una clara estrategia ante el problema del incremento de las inversiones en refinación.
  8. La fase de prueba del Sistema de Comercio de Emisiones entró en vigor en enero de 2020; sin embargo, no se cuenta con la plataforma para comenzar dichas pruebas. El fracaso de la fase de prueba pone en riesgo la fase operativa, pues con base en la fase de prueba se debe crear la regulación de la fase operativa que entrará en vigor hacia 2023 y que debe garantizar la reducción de emisiones de los sectores industriales más contaminantes en el país. En este sentido, urge incrementar las capacidades técnicas para asegurar la operación eficaz y eficiente de este Sistema.
  9. El Anexo en materia de cambio climático del Presupuesto Federal es un avance, pero aún se está en construcción de una metodología capaz de medir con claridad y robustez el gasto real en materia de cambio climático. En este sentido, es fundamental su internalización por todas las dependencias del gobierno federal y por las entidades federativas. Aún mayor será el reto de que cada entidad vele por contar con los recursos necesarios, de manera anual, para implementar sus acciones en materia de cambio climático, en donde el poder legislativo tendrá un rol muy importante que jugar para la aprobación de dicho presupuesto.
  10. Actualmente el gobierno lanzó una encuesta9 para la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México, que fueron sometidas en 2015. Sin embargo, existe una desconexión entre estas contribuciones y los programas sectoriales de la Administración Pública Federal actual, y por supuesto una desconexión de los anteriores con el presupuesto público. Las contribuciones deben cumplirse hacia 2030, es decir, en 10 años, de los cuales 5 corresponden a esta administración. Si bien las contribuciones son nacionales y diversos actores deben participar, el rol del gobierno federal es central y la actual administración presenta limitaciones para implementar las contribuciones que ya fueron comprometidas. En este sentido, la actualización debe incluir un aumento de la ambición y una clara ruta de implementación de las contribuciones. Ojalá la a encuesta no sea una medida más de simulación, que quede en el escritorio de algún grupo de funcionarios del sector ambiental10.

La política climática de México no está representada por una fuerza política y estratégica capaz de alcanzar las metas del país. SEMARNAT es un ente debilitado, pero no debe ser el único promotor de la acción climática. Ante la pandemia del COVID es imperante la movilización de esfuerzos públicos coordinados, en donde se alcance un paquete de recuperación integral. Sin la atención del cambio climático esta pandemia se replicará con mayor frecuencia en años por venir.

A las entidades federativas, al poder legislativo, así como a la academia y a la sociedad civil, es importante que realmente “ciudadanicemos” la política ambiental y climática. El 6 de junio en el marco del día de la tierra más de 130 organizaciones y cerca de 500 expertas y expertos exhortamos al gobierno federal a atender la crisis ambiental y climática11 y nos propusieron una reunión con el titular de SEMARNAT, que a la fecha no se ha cumplido.

Pero más allá del sector ambiental, los cambios que necesita el país son más profundos y estructurales, comenzando por un viraje a un modelo de bienestar libre de extractivismo, para garantizar el futuro sostenible de las generaciones presentes y futuras.

* Sandra Guzmán Luna es especialista internacional en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Fue Directora General de Políticas para Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, SEMARNAT. Es Fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, y actual coordinadora de la Agenda Internacional de la organización. Actualmente colabora con el Secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como una de las autoras del reporte de necesidades para países en desarrollo ante el cambio climático.

 

1 CIEP, 2019. Sembrando vida: bienestar vs sostenibilidad, disponible aquí.

2 SEMARNAT, 2020. Sector Ambiental se suma al programa sembrando vida para recuperar las cuencas del país, disponible aquí.

3 Ley General de Cambio Climático, disponible aquí.

4 Pronunciamiento del Consejo de Cambio Climático, 2020, disponible aquí.

5 SEMARNAT, 2019. Se instaló y sesionó por primera vez en esta administración, la CICC y el SINACC, disponible aquí.

6 Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima, disponible aquí.

7 Comité del Fondo para el Cambio Climático, 2019. Presentación de Ganadores del Fondo para el Cambio Climático 12/19, disponible aquí.

8 SEDATU, et al, 2020. Movilidad 4S para México: Saludable, segura, sustentable y solidaria, disponible aquí.

9 Consulta Nacional en el marco del proceso de actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel nacional (NDC), disponible aquí.

10 En septiembre de 2019 escribí un artículo sobre la política climática y a nueve meses, lamento que ha habido muy pocos avances al respecto. Aquí lo vuelvo a compartir.

11 Exhortamos al Gobierno de México a fortalecer la agenda ambiental y climática para la presente y futuras generaciones, disponible aquí.

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