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El informe de Human Rights Watch y el estilo personal de gobernar de López Obrador
HRW confirma lo que a muchos nos parecía evidente: las violaciones a derechos humanos se siguen cometiendo por el gobierno de López Obrador.
Por José Antonio Guevara Bermúdez
24 de enero, 2022
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El pasado 13 de enero la reconocida organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos alrededor del mundo. La sección sobre México no solo contiene elementos alarmantes sobre la situación crítica por la que atraviesan los derechos humanos, sino que también constata una característica del estilo personal de gobernar (Cosío Villegas) de Andrés Manuel López Obrador: el uso de la mentira.

HRW confirma lo que a muchos nos parecía evidente: las violaciones a derechos humanos se siguen cometiendo por el gobierno de López Obrador. Una constatación que ofrece un organismo independiente de la estatura de HRW, abona al desmantelamiento de la retórica oficial que insiste en referirse a los abusos de derechos humanos como algo atribuible a las administraciones de Calderón y Peña.

El informe no solo revela los excesos cometidos durante 2021, sino que además destaca que uno de los problemas centrales del país es la impunidad, que por cierto es transversal a la mayoría de las violaciones a los derechos humanos reportados. Nos recuerda que según información oficial 94.8% de los delitos cometidos en México no se resuelven.

La impunidad de la tortura, las desapariciones, los feminicidios, de los crímenes cometidos en contra de migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, lejos de ser atendida, se alimenta con medidas demagógicas punitivas que producen más violaciones de derechos humanos. HRW se refiere al arraigo y a la prisión preventiva oficiosa, que si bien están reconocidas en la Constitución, son contrarias a obligaciones internacionales. Sin importar que esas figuras afectan a los más pobres, el gobierno federal, Morena y sus partidos rémoras, se resisten a modificar el orden jurídico y justifican su utilización mediante falsedades, como que la prisión preventiva oficiosa abate la impunidad. La impunidad termina cuando los jueces emiten sentencias condenatorias, no por detener personas inocentes mientras dura su juicio.

Garantizar la justicia y la verdad para los cientos de miles de víctimas no será tarea fácil, y lo que es claro es que las fiscalías del país no tienen ni la capacidad ni la voluntad para hacerlo. Para empezar a reducir esos porcentajes vergonzosos de impunidad  México podría solicitar a Naciones Unidas su cooperación para instalar un mecanismo internacional para combatir la impunidad de las atrocidades cometidas desde 2006 y una comisión de la verdad (de alcance nacional con las garantías institucionales de independencia del Gobierno y suficiencia presupuestal). De la misma forma, para cumplir con la promesa electoral de que los máximos responsables políticos rindan cuentas, el gobierno federal podría solicitar a la Corte Penal Internacional que inicie una investigue en el país.

HRW destacó que la actuación de las fuerzas armadas para desempeñar funciones que les corresponden a autoridades civiles ha incrementado considerablemente, como la gestión de programas sociales, la operación de megaproyectos, el control de aduanas, la política migratoria, así como la seguridad pública. En este marco, los enfrentamientos y las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo cometidas por militares, no son cosa del pasado. Tan solo en 2021 soldados mexicanos dieron muerte o hirieron a 47 personas.

La Guardia Nacional -confirma el informe- es una policía militar, dirigida e integrada por militares, que reciben entrenamiento militar y que, además, sus efectivos cuentan con atribuciones para privar de la libertad a personas civiles. Lo que nos faltaba, la renovada institución mató en un solo caso a 12 personas civiles. Además, integrantes de dicha corporación militar conjuntamente con agentes migratorios detuvieron violentamente e hirieron a personas migrantes, incluidos solicitantes de asilo, que participaban en las caravanas que trataban de llegar a los EUA.

Nuevamente el reporte es una oportunidad para reiterar los justos reclamos sociales de retirar a las fuerzas armadas de tareas de seguridad, crear policías civiles (de calidad y proximidad), así como depurar a las instituciones de seguridad de violadores de derechos humanos.

La tortura -confirma HRW- continúa siendo un serio problema. Nos recuerda la encuesta del INEGI aplicada a más de 64 mil personas privadas de libertad en 338 centros penitenciarios, dio como resultado que 40,960 (64%) de ellas reportaron algún tipo de violencia física al momento de la detención, como descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia.

Lo mismo con las desapariciones. Desde diciembre de 2018 han desaparecido 23 mil personas, según datos de la propia Secretaría de Gobernación. Son, en total, más de 90 mil que han sido desaparecidas desde 2006. Reconoce el informe que en pocas ocasiones autoridades competentes han intentado encontrar a las personas desaparecidas o identificar a los responsables del delito.

Como si todo lo anterior fuera poco, se reconoce que México es uno de los lugares del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo, comparable con lugares en conflicto armado como Siria y Afganistán. También lo es para defensoras/es de derechos humanos. El año pasado fueron asesinados 5 periodistas por motivo de su trabajo y 10 defensores de derechos humanos.

Mujeres y niñas siguen sufriendo violencia de género de manera alarmante, el reporte se refiere a casi mil feminicidios en un año. También alude a las deficiencias en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y destaca que por decisión de la administración en curso, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, no ha estado en funcionamiento.

HRW también señala que el gobierno federal ha colaborado con los EUA en la configuración de políticas abusivas de derechos humanos de migrantes, que incluye su expulsión ilegal a Centro América y la recepción de solicitantes de asilo para esperar en México a que se desahoguen sus procedimientos en aquel país.

El informe con toda contundencia reconoce que López Obrador miente al calificar de exitoso el programa norteamericano “Quédate en México”, por la sencilla razón de que a los 71 mil solicitantes de asilo, se les violaron númerosos derechos humanos durante su estancia en el país. Es imposible presumir una política cuando la dignidad de las personas es atropellada.

De la misma forma HRW nos alerta de otra mentira de López Obrador al anunciar (falsamente) que el acuerdo alcanzado en la cumbre global sobre el clima celebrada en Glasgow el año pasado, que busca poner fin a la pérdida de bosques para 2030, se había inspirado en “Sembrando Vida”.

Un informe de esta naturaleza es un llamado de atención para que las democracias corrijan el rumbo y atiendan sin demora los desafíos identificados. Si López Obrador se ufana de gobernar para garantizar el bienestar del pueblo, debiera recibir con humildad la identificación de los problemas, para asumir ante la ciudadanía compromisos o reiterar los existentes, con miras a atenderlos, con acciones concretas de corto, mediano y largo plazo.

Ante la contundencia del reporte de HRW, el silencio del gobierno federal evidencia su incapacidad o falta de voluntad para dialogar sobre su inexistente o, siendo generosos, ineficiente política de derechos humanos. Además, ese silencio refleja otro rasgo del estilo personal del Presidente López Obrador, a la par que la mentira: su desprecio por las organizaciones de la sociedad civil que de frente (no desde abajo) evidencian sus engaños y visibilizan sus excesos.

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