El ¿nuevo? IMSS-Bienestar
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El ¿nuevo? IMSS-Bienestar
Con la información publicada hasta el momento, IMSS-Bienestar no ofrece soluciones novedosas. Por el contrario, mantiene la esencia de una política que, hasta el momento, no solo no ha sido mejor que la aplicada durante de más de 20 años, sino que ha empeorado el acceso a servicios de salud para la población que carece de seguridad social.
Por Luis Javier Cortés Adame
9 de septiembre, 2022
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La semana pasada fue publicado el decreto que crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que, en palabras de gobierno, significa la evolución del programa IMSS-Bienestar. Creado en 1979 para aprovechar la infraestructura con la que ya contaba el Seguro Social a lo largo del territorio nacional, sobre todo en zonas rurales, para llevar servicios de salud en donde la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia Social —hoy Secretaría de Salud— no tenía presencia.

Desde hace 42 años, el programa siempre ha preservado en su nombre las siglas del IMSS, pero ha cambiado su apellido en función de la denominación de la política federal en turno para combatir la pobreza —IMSS-Solidaridad, IMSS-Progresa, IMSS-Oportunidades, IMSS-Prospera—; durante esta administración se le llamó IMSS-Bienestar. Los servicios otorgados tienen carácter ambulatorio y hospitalario (es decir, se trata de atenciones de primer y segundo nivel) que incluyen especialidades de cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, medicina familiar y epidemiología. Actualmente, el programa opera en 19 entidades de la República y otorga servicios médicos a 11.6 millones de personas que viven en zonas rurales o urbanas marginadas.

La transformación de este programa en un organismo implica implementar un esquema centralizado en el gobierno federal para financiar y operar la infraestructura médica existente en las entidades federativas a fin de brindar los servicios de salud en todos los niveles de atención. Tarea que, actualmente, corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Dicha situación es la principal confusión que surge con esta “nueva idea” del gobierno federal, ya que no se específica como convivirán ambas instituciones. El decreto establece que el IMSS-Bienestar atenderá a las personas sin seguridad social a través de dos modelos: 1) atención integral a la salud y 2) atención a la salud para el bienestar.

El primero es la base que dio origen al programa y se basa en otorgar atención médica básica y acciones comunitarias de promoción de la salud. El segundo, cuyo principal objetivo es brindar, además de atención básica, cobertura a las enfermedades de alta especialidad como los canceres más comunes, VIH Sida, insuficiencia renal, síndrome de Morquio y trasplante de algunos órganos. Incluso, dentro de dicho modelo se plantea elevar de 66 a 95 las intervenciones de alta especialidad cubiertas por el desaparecido Seguro Popular, mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

El problema es que ni en el INSABI, ni en el IMSS-Bienestar se contempla el diseño de un esquema de financiamiento que permita no solo ampliar las intervenciones, sino cubrir satisfactoriamente la demanda presente y futura de la cada vez más creciente población sin seguridad social. En teoría, el IMSS-Bienestar realizará las funciones del INSABI, pero la Ley General de Salud (superior en jerarquía jurídica a un decreto) no fue modificada y las funciones del INSABI aún están vigentes, así como el presupuesto mínimo que debe recibir anualmente para realizarlas. En cambio, para el IMSS-Bienestar no se contempla presupuesto para la operación y cumplimiento de las nuevas obligaciones que se le encomendaron. La hipótesis más lógica es que el INSABI transferirá recursos, lo que dificultará monitorear la trazabilidad y uso de los mismos.

Con la información publicada hasta el momento, el organismo público descentralizado denominado IMSS-Bienestar no ofrece soluciones novedosas. Por el contrario, mantiene la esencia de una política que, hasta el momento, no solo no ha sido mejor que la aplicada durante de más de 20 años, sino que ha empeorado el acceso a servicios de salud para la población que carece de seguridad social. La narrativa seduce, pero la realidad ha estado muy lejos de ella y ante esta nueva oportunidad para cambiar ese contexto, se optó por apostar a la misma fórmula y no recalcular para llegar al destino deseado.

* Luis Javier Cortés Adame (@ljcortes6) es Licenciado en Ciencia Política por la UAM y maestro en Admistración y Políticas Públicas por el CIDE.

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