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El paquete fiscal vulnera la sostenibilidad de donatarias autorizadas
El trabajo de una organización de la sociedad civil se torna mucho más complicado si el marco normativo limita la diversificación de fuentes de ingreso y obliga a vivir prioritariamente de donativos, que es hacia donde se dirige la propuesta de reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Por Hatziri Recillas / Dakshina, A. C
20 de octubre, 2020
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El mundo está viviendo momentos difíciles y México no es la excepción. Por eso las donatarias autorizadas decimos rotundamente no a la reforma a la Ley del ISR (LISR) que vulneran la sostenibilidad financiera de nuestras causas.

Las problemáticas sociales con las que de manera histórica lidiamos día a día, se han visto acentuadas por la crisis sanitaria y económica que ha detonado la llegada del COVID-19 y ha evidenciado los problemas estructurales que enfrentan los países de la región. La sociedad civil organizada somos parte de la solución para la población más vulnerada en México y el gobierno debe facilitar un marco fiscal que propicie la operación de las entidades sin fines de lucro y que abone a la sostenibilidad de las causas.

Existe ya un ejercicio anual de transparencia

El camino a obtener la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos y sus beneficios fiscales implica la integración de candados, desde nuestro instrumento constitutivo, que garantizan el destino de los recursos que recibimos y nos obligan a un ejercicio de transparencia que celebramos en el sector.

El marco fiscal bajo el que operamos es perfectible y podrían integrarse elementos que abonen a la confianza con la que las organizaciones son percibidas por la sociedad en general. Sin embargo, la propuesta de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que envió el ejecutivo dentro del paquete económico para 2021, más que abonar al ejercicio de buenas prácticas de gestión de las donatarias autorizadas, entorpece la transición hacia la sostenibilidad de las causas sociales de México.

Las entidades de la sociedad civil organizada no perseguimos fines de lucro, lo que quiere decir que cada peso que recibimos es destinado a generar acciones, proyectos y programas que benefician a grupos de población vulnerada, lo que contribuye al desarrollo social, a proteger el medio ambiente, a generar propuestas culturales sobresalientes, entre muchas otras causas vinculadas a los objetivos del desarrollo sostenible.

Requerimos un marco fiscal que abone a la sostenibilidad financiera

La LISR ha transitado hacia una visión favorable para el desarrollo de las causas sociales y es importante defenderla. Una reforma como la que se propuso en el paquete económico para 2021 da marcha atrás a por lo menos una década de avances en el marco normativo de las donatarias autorizadas. Recordemos que en la reforma de 2010 se logró, gracias al impulso y participación de las propias organizaciones, que las entidades sin fines de lucro puedan realizar actividades distintas a las de su objeto social a consecuencia de ser ingresos acumulables para la determinación de ISR; es decir, son ingresos por los que se paga un impuesto, aun cuando son destinados a las actividades de beneficio social que realiza la organización.

¿Para qué limitar los ingresos distintos a su objeto social? Si ya la LISR define el pago de impuesto sobre ellos, además de que están amarrados a destinarse a los fines mismos de la causa

La vida institucional de una entidad sin fines de lucro es difícil en varios aspectos; sin embargo, cuando hablamos de sostenibilidad financiera, las dificultades son multifactoriales. Visualizar la vida en el largo plazo de una organización de la sociedad civil se torna mucho más complicado si el marco normativo limita la diversificación de fuentes de ingreso y sobre todo si la limita a vivir prioritariamente de donativos, que es hacia donde se dirige la propuesta de reforma a la LISR.

La sociedad civil organizada requiere de alternativas diversas de financiamiento para continuar ofreciendo servicios de calidad ante los problemas estructurales a los que se enfrenta México: los donativos no bastan en un mundo con realidades tan carentes como las que vivimos. Las causas sociales que trabajan por un México mejor deberían de tener mayores espacios de participación en la vida pública del país y ser considerados aliados del gobierno para el bienestar de la ciudadanía, la conservación de áreas naturales protegidas y la conservación de especies en peligro de extinción.

Los candados sobre el uso de nuestros ingresos son robustos y eficientes

Es innecesaria una reforma que limite a las donatarias a generar ingresos distintos a los de su objeto social, como por ejemplo la venta de productos con causa, cuando dichos ingresos ya son regulados por el texto vigente de la ley:

  1. Se destinan a acciones de beneficio social
  2. No se pueden distribuir entre los socios de la organización
  3. Se informa anualmente cómo fueron usados
  4. Si sobrepasan el 10% del total de los ingresos, acumulan para la determinación de ISR

En definitiva, las regulaciones para garantizar el buen uso de los recursos que moviliza una causa social es robusta y suficiente para el ejercicio de rendición de cuentas y transparencia al que nos sentimos comprometidos las donatarias autorizadas con la sociedad. Si la autoridad fiscal identifica malas prácticas en el uso de recursos de una organización, tienen las atribuciones necesarias para actuar en consecuencias, sin perjudicar a todo el sector en su conjunto.

La propuesta de reforma representa un golpe certero a la construcción de la participación social en México

La exposición de motivos para la propuesta de reforma en la que se argumenta que las donatarias autorizadas están llevando a cabo “actividades simuladas” queda totalmente desarticulada cuando analizamos el texto vigente de la LISR sobre la integración de sus recursos económicos y el uso que se da a los mismos.

Los mecanismos de identificación y sanción de actividades simuladas están plenamente identificados en el Código Fiscal de la Federación y le son plenamente aplicables a las donatarias autorizadas, por lo que de aprobarse la propuesta de reforma al último párrafo del artículo 80 de la LISR lo único que estaría generando es encasillar a que las organizaciones vivan exclusivamente de los donativos que puedan movilizar para su causa, lo cual resulta insuficiente para continuar operando.

Por otra parte, la autoridad hacendaría parece no darse cuenta que, de aprobarse la propuesta antes mencionada, el fisco dejará de percibir impuestos por $59,545,668,413.25. Todo parece indicar que la propuesta de reforma a la LISR es ciega ante las realidades de la sociedad civil organizada y las serias implicaciones de reducir el número de organizaciones que con su participación abren las posibilidades a un diálogo cercano entre quienes viven directamente las problemáticas de nuestro país y las autoridades.

#DonatariasAutorizadasDicenNo

* Hatziri Recillas (@hatziri0907) es directora de Desarrollo y Finanzas de Dakshina, A. C. (@DakshinaAC) fortalecedora financiera y fiscal de proyectos sociales.

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