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El plan migratorio de Biden ofrece una solución a corto plazo al sistema roto en Estados Unidos
La Ley de Ciudadanía (Citizenship Act) recientemente presentada en el Congreso de Estados Unidos crea un camino de tres a ocho años hacia la regularización para los migrantes indocumentados, pero logra muy poco para abordar la dependencia de este país a la mano de obra extranjera con salarios bajos.
Por Angela M. Banks
22 de marzo, 2021
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El 18 de febrero de 2021, Linda Teresa Sánchez, congresista de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, presentó la Ley de Ciudadanía (Citizenship Act). Esta iniciativa de ley crea un camino de tres a ocho años hacia la regularización para los migrantes indocumentados, reconociéndolos legítimamente como miembros de la sociedad estadounidense que merecen la libertad y la seguridad que conllevan el estatus legal y la ciudadanía. Pero si bien puede ser un paso en la dirección correcta, este proyecto de ley, lamentablemente, logra muy poco para abordar una de las causas fundamentales de la migración no autorizada en la Unión Americana: su dependencia de mano de obra extranjera con salarios bajos.

Los migrantes indocumentados son residentes de larga estancia en Estados Unidos y la economía de ese país depende en gran medida de la participación de este grupo en la fuerza laboral. Esta dependencia se remonta a 1942, cuando Estados Unidos instituyó el Programa Bracero, un programa de trabajadores temporales que admitía un promedio de 200.000 trabajadores al año y, durante un pico en 1954, hasta alrededor de un millón. Sin embargo, estos empleados fueron objeto de abusos importantes hasta el final del programa en 1964. Las reformas de migración posteriores a 1965 no incluyeron un reemplazo del Programa Bracero ni proporcionaron nuevas vías de inmigración sólidas para los trabajadores extranjeros con bajos salarios. En cambio, los empleadores y los empleados continuaron sus relaciones establecidas y sus estrategias de contratación. Dado que los empresarios de una variedad de industrias, en particular la agricultura, continuaron dependiendo de la labor de extrabajadores braceros, los trabajadores que anteriormente habían sido legalmente presente no-inmigrantes se convirtieron en migrantes indocumentados. En consecuencia, el número de migrantes sin estatus legal en Estados Unidos comenzó a subir constantemente, alcanzando aproximadamente 400,000 en 1973. Hoy, se estima que ese número es de 11 millones.

La continua dependencia que Estados Unidos tiene de los migrantes indocumentados se volvió más evidente durante la pandemia de COVID-19. Los trabajadores de la salud, sector agrícola, supermercados y repartidores de alimentos han desempeñado un papel fundamental para garantizar que las personas tengan acceso a atención médica, comida y bienes, y servicios esenciales, y la población indocumentada ocupa un número significativo en estos trabajos. Por ejemplo, en 2018 aproximadamente 280,000 migrantes indocumentados trabajaban en la industria de la salud, ocupando puestos como asistentes de enfermería, asistentes de salud en el hogar, asistentes médicos y asistentes dentales, lo que representa del tres al seis por ciento de los empleados de la industria de la salud. Otros 800,000 trabajaban en restaurantes y servicios de comida, y aproximadamente 24,000 trabajaban como repartidores, lo que representa alrededor del 8 por ciento de los trabajadores del servicio de alimentos y el 6 por ciento del total de los repartidores. Se estima que el 48 por ciento de los trabajadores agrícolas son migrantes no autorizados.

Para analizar las brechas que existen en la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos presentada en el Congreso, es importante tener una comprensión básica de los pasos hacia la ciudadanía que se proponen. La ley les daría a las personas elegibles un estatus de posible inmigrante legal, que después de cinco años los podría hacer elegibles para el estatus de inmigrante legal (“LPR”), también conocido como estatus de tarjeta verde (green card). Después de tres años de permanecer como un LPR, la persona podría ser elegible para naturalizarse y convertirse en ciudadano estadounidense. De igual manera, se propone el acceso inmediato al estatus de LPR para ciertas categorías de no ciudadanos como DREAMers y trabajadores agrícolas.

A pesar de esta característica altamente importante, la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos se niega a abordar la dependencia histórica y continua del país sobre los trabajadores extranjeros con salarios bajos. Las leyes de migración existentes solo brindan un camino muy estrecho para que los trabajadores con salarios bajos ingresen a Estados Unidos como LPR. La ley se refiere a estos trabajadores como trabajadores no especializados, definidos como personas que realizan trabajos que requieren menos de dos años de capacitación o experiencia, pero que no son temporales ni estacionales. La cuota existente para este tipo de empleos tiene un tope de 10,000 personas por año, sin embargo, esa cifra se reduce hasta en 5,000 por año para acomodar las disposiciones de la Ley de Ajuste para Nicaragua y de Apoyo para Centroamérica. Un promedio de 3,000 trabajadores no especializados fueron admitidos anualmente entre 2010 y 2018, lo que representa menos de la mitad del uno por ciento de todos los LPR admitidos. Además, los trabajadores extranjeros no especializados que buscan ingresar a Estados Unidos como LPR pueden esperar entre tres y doce años para obtener una visa.

El proyecto de Ley de Ciudadanía de Estados Unidos, que trata de dar solución a este problema, es inadecuado. La iniciativa aumenta el límite de trabajadores no especializados de 10,000 a 40,000, pero esa cifra no se acerca a abordar el uso en el país de empleados extranjeros con salarios bajos. La plantilla laboral estadounidense incluye a más de 7 millones de inmigrantes indocumentados, lo que representa el 4,4 por ciento de la fuerza de trabajo del país. Algunos estadounidenses creen que el pequeño límite en la admisión de trabajadores extranjeros no especializados protege los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores originarios de Estados Unidos, pero esa perspectiva es falaz y combina correlación con causalidad. Si bien los aumentos en el número de trabajadores extranjeros con salarios bajos a menudo se correlacionan con la disminución de los salarios y las condiciones laborales para los estadounidenses, una importante investigación empírica demuestra que los empleados extranjeros con salarios bajos no causan estos cambios. Como lo explica la investigación de la socióloga Ruth Milkman, la importante reestructuración económica que ha tenido lugar desde la década de 1970 en Estados Unidos se debe a que los empleadores intentan externalizar los riesgos del mercado, por ejemplo, utilizando subcontratistas en lugar de contrataciones directas. Estos cambios estructurales (no el aumento de trabajadores extranjeros con salarios bajos) son los que disminuyeron los sueldos y las condiciones laborales en Estados Unidos. En consecuencia, los trabajadores estadounidenses con frecuencia buscaron nuevos puestos.

Hasta que Estados Unidos no acepte estos aspectos de su sistema económico, seguirá necesitando trabajadores extranjeros con salarios bajos pero tendrá un sistema de inmigración que no se adapte a esa necesidad. Como resultado, millones de empleados nacidos en el extranjero y sus empleadores seguirán operando en las sombras.

* Angela M. Banks es una experta en inmigración y ciudadanía cuya investigación se centra en la membresía y la pertenencia a sociedades democráticas. Es Profesora Distinguida de Derecho en la Facultad Sandra Day O’Connor de Arizona State University (@ASU_MX).

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