Por: Guillermo Vázquez del Mercado (@gmovma)

El 14 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de seguridad presentaron el Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS). Desde ese momento se inició una discusión en redes sociales, medios impresos y masivos sobre los alcances y posibles resultados del PNPS.

Me gustaría resaltar los dos elementos del PNPS:

• La nueva administración federal desde ahora centraliza la responsabilidad del problema y con ocho acciones. Sin duda la más controversial, la militarización de la seguridad pública a través de la conformación de la Guardia Nacional.
• La reformulación de la guerra contra las drogas, a través de plantear una eliminación del prohibicionismo para impulsar una visión de salud pública al parecer orientada a la legalización de la producción y consumo de algunas drogas

Dicho lo anterior. El Plan Nacional de Paz y Seguridad no puede ser considerado como tal pues si bien tiene ocho acciones, no es posible establecer una línea causal que identifique acciones con resultados por una sencilla razón: no describe cuál es el o los problemas de seguridad en México ni la meta a la que se quiere llegar a la mitad del sexenio y al concluirlo.

Es decir, no ofrece una línea base cuantificable de los problemas de seguridad que afectan al país (el INEGI y el SESNSP han generado información suficiente para dar algunas cifras) Tampoco ofrece una meta o metas cuantificables de lo que se quiere lograr, por lo que será muy difícil saber si las ocho acciones descritas tendrán el objetivo de reducir los niveles de violencia e inseguridad que nos afectan a los mexicanos. Por ejemplo, no se habla de reducir la tasa de homicidios en algún porcentaje, mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos o reducir la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto (extorsión, secuestro o robo de hidrocarburo).

Además de lo anterior, al hacer un análisis de cada una de las acciones encontramos que difícilmente se podría explicar su contribución a la paz y seguridad de los mexicanos. Por ejemplo:

1. Erradicar la corrupción: Es cierto que el crimen y la corrupción son variables que se alimentan una de la otra. No obstante, pareciera que se describe el combate a la corrupción de manera genérica o ¿cuál será el efecto esperado establecer la obligatoriedad de presentar la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de todos los servidores públicos o de la verificación de los precios de mercado de cualquier adquisición en la mejora de seguridad de los mexicanos? Hablar de fortalecimiento de procesos de control de confianza sería más adecuado para establecer controles en las fuerzas de seguridad y evitar que colaboren con las bandas criminales.
2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar: si bien realizar acciones orientadas a reducir la desigualdad económica de los mexicanos y a garantizar derechos básicos es fundamental, se estima necesario focalizar en la población que más lo requiere (hombres jóvenes que son los que más mueren o mujeres jóvenes embarazadas). Además, dado que estas acciones caen fuera del ámbito de competencia del sector seguridad, hubiera sido deseable la participación de quienes serán los próximos Secretarios de Bienestar, d de Educación y de Salud para explicar programas y acciones que reduzcan factores de riesgo. Más importante aún, cómo específicamente se coordinarán con las instituciones de seguridad (que no es un tema menor)
3. Pleno Respeto y Promoción de los Derechos Humanos: la protección a los derechos humanos es una responsabilidad constitucional del Estado Mexicano. Como tal, su cumplimiento va mucho más allá de sancionar el incumplimiento a recomendaciones de organismos especializados o un acto de voluntad del jefe del Ejecutivo Federal (Alejandro Madrazo hace una buena explicación al respecto aquí) Requiere, sobre todo de que los funcionarios públicos de todos los niveles cumplan con los ordenamientos legales existentes (internacionales y nacionales). Con 266 coordinaciones regionales y un Guardia Nacional militarizada con más de 100 mil elementos en todo el país, esta tarea se estima compleja.
4. Regeneración ética de la sociedad: este apartado es subjetivo y abierto a interpretaciones ¿cuáles valores? ¿de quién o qué grupo? ¿Por qué unos y no otros valores éticos? Pero, sobre todo, ¿cuál es el vínculo causal de regeneración ética y mejora de seguridad y paz? En mi opinión, habría sido mejor hablar de cultura de la legalidad y estado de derecho.
5. Reformular el combate a las drogas: como ya dije líneas arriba este me parece uno de los aciertos de la propuesta. No obstante, tengo mis reservas sobre la relación causal entre un enfoque de salud pública en una política de drogas y la mejora de seguridad. Adicionalmente, el impulso de “programas masivos pero personalizados de reinserción y desintoxicación” no pareciera corresponder a los datos de la Encuesta Nacional de Alcohol y Tabaco (2016-2017). Esta encuesta muestra un incremento en el consumo de “cualquier droga”, “drogas ilegales” y “marihuana”, pero el consumo de las demás drogas (cocaína, crak, heroína, etc) se mantiene estable.
6. Emprender la reconstrucción de la paz: realizar procesos de desarme, desmovilización y reinserción social son empleados en contextos donde existes grupos beligerantes que promueven su ideología por la vía armada (caso Colombiano). En el contexto mexicano, una respuesta de esta índole sería difícil de obtener de las organizaciones criminales ya que su móvil es económico y no ideológico. Me cuesta trabajo ver a una o más células o líderes del Cártel de Jalisco o de los Rojos dispuestos a dejar las rentas que obtienen del trasiego de drogas, la extorsión y el secuestro, para solicitar este beneficio ante las autoridades. Además, primero es necesario que las instituciones de seguridad y justicia funcionen para ofrecer a las víctimas justicia y después pueda pensar en perdonar (como expuse aquí).
7. Recuperación y dignificación de las cárceles: si bien este es un tema nodal del sistema de seguridad y justicia, el párrafo que el Plan le dedica al tema esta lleno de generalidades como “enfrenta graves distorsiones” o “necesario recuperar el control de los penales de las manos de la delincuencia”. Sería deseable que el PNPS ofreciera al menos un elemento que permita conocer cómo y de qué manera lo harán.
8. Plan de Seguridad Pública: este es el eje del PNPS que es más difícil de analizar porque propone un Plan dentro de otro. Como establece Viridiana Ríos, el Plan no es ideal pero puede funcionar porque la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no es necesariamente mala mientras se les den instrucciones precisas de qué hacer. El problema principal es justamente ese: el PNPS no dice qué o cuáles serán las acciones distintas que realizará la Guardia Nacional respecto de lo que ya venían haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.

Establece que se distribuirán en 266 regiones del país, pero no dice cuáles podrían ser sus instrucciones y si se diferenciarán por tipo de crimen (crimen organizado, secuestro, robo de hidrocarburos, extorsión o robo a transeúnte), por región o por focalización de la violencia o inseguridad. Es decir, no especifica si todos harán los mismo en todo el país, o si las cuatro regiones de Tamaulipas y las ocho de Veracruz harán algo distinto de las dos regiones de Yucatán o las 32 regiones del Estado de México.

Por último. El PNPS no puede ser considerado como un Plan de seguridad porque tiene importantes omisiones sin las que difícil mente se podrá mejorar la seguridad del país. Enlisto tres:

• Fiscalía General de la República: No se hace una sola referencia al proceso de reingeniería que es urgente en esta institución. Es difícil explicar un Plan de seguridad omitiendo por completo a la institución responsable de conducir la investigación y presentar los casos frente al Poder Judicial.
• Fortalecimiento de policías estatales y municipales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Policial (ENCAP) realizada por el INEGI, 296 mil oficiales de policía son estatales o municipales (casi el doble de lo que se espera sea el estado de fuerza de la Guardia Nacional) ¿Cómo generar un Plan de seguridad sin tomar en cuenta la fuerza policial con la responsabilidad constitucional de atender el 90 por ciento de los delitos?
• Definir el mando operativo: si bien el PNPS establece que en ausencia del Jefe del Ejecutivo el mando será delegado en el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al no tener Estado de Fuerza y solo encargarse de la estrategia, en el corto plazo se podrían prever tensiones importantes entre esta Secretaria y la de la Defensa Nacional que será la institución que, en los hechos, tenga el músculo y presupuesto en materia de seguridad.

Del Plan rescato que hay responsables inequívocos del éxito o fracaso que se obtenga. Sin embargo, dada la ausencia de estrategia, diagnóstico, acciones encausada a una meta, así como las omisiones antes mencionadas, no soy optimista de los resultados que obtendremos. Así que, si nos va bien, en seguridad seguiremos igual de mal.

* Guillermo Vázquez del Mercado es consultor en Seguridad Ciudadana.