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El procedimiento de renuncia de Medina Mora: mal por donde se vea
El antecedente que deja el proceso constitucional de renuncia de Medina Mora a la Suprema Corte, sencillamente, es indefendible; es la evidencia de que los poderes públicos han consentido la llegada y salida de un funcionario cuyo desempeño estuvo viciado desde su origen y hasta el final.
Por Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes
15 de enero, 2020
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No hace falta ser un sesudo intérprete de la constitución, ni tampoco un leguleyo malintencionado que busca seguir enturbiando un ambiente de por sí ya bastante ensombrecido, para comprender que la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con importantes vicios constitucionales. Quien afirme lo contrario miente o no se toma en serio la constitución.

El artículo que enmarca este proceso, aunque breve, es claro al mencionar que: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.

Si un ministro no expone las causas graves que justifican su renuncia, y si el Ejecutivo no las conoce a fin de determinar si la acepta o la niega, ambos violan la constitución. Habrá que decirlo claro pero renunciar al máximo tribunal del país no es algo menor; no es lo mismo que renunciar a un puesto de confianza, un cargo técnico o algo equiparable a cualquier trabajo dentro de la administración pública.

La finalidad del artículo 98 constitucional busca salvaguardar la independencia de los ministros durante sus periodos, así como evitar presiones o interferencias injustificadas de poderes públicos y fácticos. Resulta evidente que la justificación que exige la constitución sirve para dotar de certidumbre a las autoridades y a la ciudadanía.

Renunciar a la Suprema Corte no era algo que se pueda justificar en dichos improvisados, versiones contradictorias, chismes o trascendidos, incluso en algo que, se supone, es un secreto a voces pero que al día de hoy no tiene una sola evidencia pública.

El diseño constitucional para abandonar el cargo judicial más importante en México supone que las renuncias son genuinamente excepcionales, casi impensables, algo que si llegara a suceder debería procesarse de la forma más transparente posible de cara a la ciudadanía. La constitución busca fortalecer las vías jurídico-institucionales en el futuro antes que azuzar la comprometida coyuntura política del presente, y así evitar levantar cualquier sospecha en torno a una dinámica colaboracionista o, peor aún, de subordinación entre los poderes de la Unión.

Sin embargo, es claro que al proyecto lopezobradorista la técnica jurídica y, en general, el Derecho parece importarle poco. O mejor dicho, parecería que la justicia (o lo que sus seguidores consideran justo) prima sobre las reglas previamente establecidas por los órganos democráticamente electos.

Los disparates barnizados de buenas intenciones, aunados a una apremiante urgencia por dominar el discurso, parecería bastarles para seguir desplegando su anhelada, afanosa y autoproclamada transformación. Afortunadamente, existen barreras y mecanismos para contener las decisiones que afecten el orden constitucional.

El caso en cuestión sirve a la perfección para ejemplificar lo afirmado. Se insistió hasta el cansancio, y sin ningún afán por defender al ahora ex ministro, que la única manera de encontrar una salida constitucional a lo ocurrido era haciendo explícitas y teniendo un debate público sobre las posibles causas graves para abandonar el cargo.

Pero AMLO en una de sus habituales mañaneras, dijo que ni habló con Medina Mora ni conoció las razones de su renuncia. A pregunta expresa de si Medina Mora le expuso algún motivo sobre su decisión, el presidente respondió: “No. Me solicita, de conformidad con la ley, que yo apruebe su renuncia. Eso es lo que puedo comentarles”.

Lo que más dijo el Presidente fueron especulaciones. En la misma conferencia matutina afirmó que él consideraba que Medina Mora renunciaba porque quería “atender denuncias presentadas… investigaciones que corresponden al Ministerio Público”. Y remató, haciendo gala de un desconocimiento del procedimiento constitucional, diciendo que “lo que tiene que ver con nuestras facultades es el recibir de acuerdo a la constitución, esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Secretaría de Gobernación, enviarla al Senado; y una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepta la renuncia”.

La renuncia inconstitucional de Medina Mora deja un pésimo precedente y genera una absoluta incertidumbre para casos futuros. No pensemos exclusivamente en el corto plazo, ni solo bajo los esquemas del apabullante triunfo de Morena. Visualicemos escenarios en el que durante los próximos sexenios un partido diferente, abiertamente contrario a la ideología del actual Ejecutivo, utiliza exactamente los mismos mecanismos para que los ministros que fueron propuestos y designados a propuesta de López Obrador renuncien a su mandato, y así el nuevo poder en turno cuente con posibilidades de capturar a la SCJN.

Esto no es otra cosa más que preocuparse por cuidar algo que trasciende la politiquería, las mayorías coyunturales o meras personalidades. Exigir que las renuncias de los ministros de la Corte se realicen conforme a lo que dicta la constitución es velar por los mecanismos que hacen funcionar las democracias y posibilitar las alternancias. Una SCJN sólida e independiente es condición necesaria para el funcionamiento de nuestro sistema constitucional de pesos y contrapesos. De ahí se deriva buena parte de su naturaleza contramayoritaria (aunque algunos integrantes de la judicatura no quieran entenderlo).

Por eso es relevante la impugnación presentada por el abogado Daniel Torres Checa ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), exigiendo que se hiciera público cualquier “documento, oficio, carta o comunicación por la que el Ministro… mencione las causas graves que justifiquen su renuncia en términos del artículo 98 de la Constitución”. La petición abrió una interesante oportunidad, fundamentada en el derecho humano de acceso a la información y en el principio constitucional de máxima publicidad.

Y es que, una vez que la Secretaría Particular de la Presidencia negó la existencia de un documento que constitucionalmente se encuentra obligada a tener en su resguardo, el Pleno del INAI emitió una resolución que, por unanimidad, instruye a áreas que dependen del presidente López Obrador a buscar y localizar (o, en su caso, generar o reponer), dentro del plazo de diez días, el documento que menciona las causas graves de la renuncia del ministro. La resolución es clara, e incluso afirma que “sí hubo comunicación entre Eduardo Medina Mora… y el Presidente de México” respecto a la renuncia del entonces ministro.

Dada a conocer la resolución del INAI, en la mañanera de ayer (lunes 13 de enero), el presidente se refirió al tema de la siguiente manera: “se va a dar a conocer todo, nada más que debemos cuidar la parte legal pero si no hay ningún impedimento legal pues se hace público. Nosotros queremos hacer la vida pública cada vez más pública.” Y a pregunta de un reportero respecto al por qué su oficina alegó inexistencia, respondió: “no tengo noticias de eso, si se trata de la renuncia, se tiene, se da a conocer…”. Y remató: “muchas veces como son muchas solicitudes en alguna oficina se dice no se puede por alguna situación legal… Mañana damos a conocerlo, no somos tapadera”.

Lamentablemente, terminó la conferencia de prensa matutina de este martes 14 de enero, y entre explicaciones del tren maya, el avión presidencial, y diversas anécdotas relativas a la historia del país, el presidente solo pudo referirse al caso Medina Mora ya de salida, diciendo que la exigencia de la prensa, el “hoy, hoy, hoy”, ya se parecería a un clásico, en clara referencia al ex presidente Vicente Fox.

Minutos después, la Presidencia envió a la prensa la carta sobre la renuncia de Medina Mora que ya todos conocemos. La carta escueta, sin motivación alguna, que omite cualquier referencia a los motivos de la renuncia del ministro, y que por lo tanto desatiende la solicitud de información referida. Parecería que en la Oficina de la Presidencia no tienen la menor intención de cumplir con lo ordenado con el INAI.

En panorama no es alentador. Sobre todo porque varios comisionados del INAI han comenzado en entrevistas y tuitazos, a distanciarse de la resolución que aprobaron por unanimidad. En la resolución dejaron que lo pedido era un documento en el que se mencionaran las causas graves de la renuncia y, más importante aún, que “existen elementos de consulta pública oficial para presumir que la información solicitada por el hoy recurrente existe”.

Sin embargo, las declaraciones de los comisionados sugieren que no buscarán más problemas con el Presidente. Parecería que darán por cumplida la resolución a partir de la carta que ya todos conocíamos y que nada dice sobre las razones de la renuncia de Medina Mora, que apostarán por el formalismo antes que por la garantía efectiva, que se mostrarán como un órgano que no se toma en serio su papel de contrapeso, que dejarán a la ciudadanía sin la posibilidad de conocer las razones que explican la renuncia seguirán sin conocerse.

Mientras el proyecto de López Obrador siga desatendiendo las cuestiones jurídicas sus acciones serán endebles. Que quede claro de una vez por todas: se necesita algo más que solo buenas intenciones para transformar a México.

El antecedente que deja el proceso constitucional de renuncia de Medina Mora a la Suprema Corte, sencillamente, es indefendible; es la evidencia de que los poderes públicos han consentido la llegada y salida de un funcionario cuyo desempeño estuvo viciado desde su origen y hasta el final.

Es un caso donde todo está mal. Mal por Medina Mora que no se tomó en serio el cargo de ministro y que mostró un desempeño jurisdiccional pobre. Mal por el presidente Peña Nieto que lo propuso. Mal por el Senado que en su nombramiento no hizo escrutinio a fondo sobre su trayectoria ni una revisión en serio sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Mal por el presidente López Obrador por ignorar la constitución y por sus dichos en las mañaneras que enredaron y confundieron el ambiente. Mal por las oficinas de la presidencia, que incluso negaron la existencia de documentos que todos conocemos. Mal por el INAI que resolvió en clave garantista pero ahora parece operar en la lógica colaboracionista.

El caso del nombramiento y la renuncia del ministro Medina Mora será recordado en la historia reciente de este país como un fiasco constitucional, como la mejor manera de denostar y lastimar una institución como la Suprema Corte que, pese a errores y limitaciones, en ocasiones ha hecho mucho por salvaguarda de los derechos humanos y la división de poderes en este país. Mal por donde se vea.

* Juan Jesús Garza Onofre (@garza_onofre). Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Javier Martín Reyes (@jmartinreyes). Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

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