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En México se tortura con tal de reducir trabajo judicial: el caso del procedimiento abreviado
A través del procedimiento abreviado, desde su implementación en el 2008 con el Sistema Penal Acusatorio, se abrió un abanico de posibilidades para que el abuso, tortura y malos tratos hacia los imputados se practique con completa impunidad.
Por Sergio Pérez Gavilán / ASILEGAL
18 de octubre, 2019
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El pasado 16 de octubre, México fue examinado en Ginebra, Suiza, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otras cosas, sobre temáticas de seguridad, acceso a la justicia, desapariciones forzadas y migración. En el marco de dicho examen ASILEGAL, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, participó en la entrega de documentos a las especialistas y expertos del comité un informe sombra sobre el abuso de derechos humanos que han sido perpetrados por el Estado mexicano, antes de la entrega del informe oficial de México sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

No se sabe cuántas recomendaciones, llamadas de atención o faltas tendrá el Estado mexicano en dicho escrutinio, no obstante, ya desde abril del presente año las alarmas con respecto a la tortura se vociferaron por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT). La tortura en México “es una situación endémica”, declaró Diego Rodríguez Pinzón, miembro del organismo de la ONU, señalando a su vez las malas prácticas, abusos y crímenes de lesa humanidad que siguen ocurriendo en México desde sexenios anteriores. Sin embargo, dentro de todas estas, queda ausente una figura preeminente que podría ser una de las más importantes herramientas para perpetuar el abuso, malos procesos y, ultimadamente, la impunidad: el procedimiento abreviado.

Una práctica común en el sistema de justicia mexicano, según la cual, bajo el margen de la ley (artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales) se le puede condenar al imputado con una pena menor si, y sólo si, admite la plena responsabilidad por los hechos que se le imputan. A través de este procedimiento, desde su implementación en el 2008 con el Sistema Penal Acusatorio, se abrió un abanico de posibilidades para que el abuso, tortura y malos tratos hacia los imputados se practique con completa impunidad.

Desde la instauración del Sistema Penal Acusatorio hasta la fecha, en el estado de Baja California el 96.9%1 de los casos fueron resueltos sin un juicio oral, con todos los beneficios que éste contrae para el imputado, en Sonora en el 2018, el 66% de los casos fueron resueltos por procedimiento abreviado, y en el mismo año en Aguascalientes y Campeche el 47.4%2. Normalmente, bajo condiciones de coacción, acorde a las entrevistas llevadas a cabo por Asilegal con personas privadas de libertad en el estado, personas vulnerables por factores socioeconómicos o estamentales, son presionadas a confesar con el fin de acelerar el proceso de convicción y aligerar la carga de trabajo del Sistema Penal. En ciertos casos, incluso, se han generado pactos entre la fiscalía y los defensores públicos sin tomar en cuenta al imputado.

Es necesario apuntar que mientras, por sí sólo, el proceso abreviado no es necesariamente una herramienta perniciosa, en un país como México donde las prácticas de abuso son cotidianas, su implementación ha lastimado profundamente la impartición de justicia con tal de reducir la carga de trabajo del Sistema de Justicia. Cosa que lo convierte en un arma muy peligrosa para el libre acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la corrupción. Después de que un imputado acepte el proceso y, por tanto, su propia culpabilidad, se suspende por completo la presunción de inocencia y principio de contradicción, esenciales para un proceso judicial justo. Por medio de métodos de tortura psicológica, sometiendo a la persona a contextos de angustia, sufrimiento y ansiedad, se presiona a tomar una decisión con un déficit de condiciones estamentales que validen la decisión de la persona.

El uso y abuso de este procedimiento atiende razones puntuales de la pandémica impunidad que existe en México. Los datos arrojados por Índice Global de Impunidad México 2018 reportan que se denuncian, aproximadamente, el 6.7% de los crímenes perpetrados en el país3, de los cuales -esto es, los que llegan al ejercicio de la acción penal-, al menos en Baja California, el 96% se dirigen por procedimiento abreviado. Dadas las incapacidades sistemáticas de las autoridades por llevar a cabo las investigaciones mínimas y necesarias diligentes para llevar a un juicio oral, la inclinación hacia el procedimiento abreviado resulta poco sorprendente. Las personas, por lo tanto, pagan por la incompetencia u omisión de las propias labores de las autoridades con su propia libertad. La urgencia por cerrar casos ataca directamente a la forma que se accede a la justicia en México, si es que, en cualquier caso, gracias al mal empleo de estos mecanismos, existe este acceso.

“Me dijeron que si firmaba y aceptaba que era culpable, que me iban a dar cuatro años y ocho meses, en lugar de siete. Firmé y todo, pero al final sí me dieron los siete años”, comentó una persona entrevistada por Asilegal. Por otra parte, la burocracia y extensión innecesaria de procesos penales en México, también coacciona a imputados a llevar a cabo el proceso después de haber pasado años en prisión preventiva sin ninguna resolución en el horizonte. Años en la cárcel sin recibir sentencia, reflejado en desesperación por movilizar el proceso.

En el marco de la Ley de Amnistía y la revisión o escrutinio de los crímenes que ameritan medidas de privación de libertad, el procedimiento abreviado como herramienta de tortura y creación de culpables por coerción debe de ser atendido con urgencia.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista de investigación de ASILEGAL (@AsilegalMx), organización de la sociedad civil con más de trece años de trabajo en materia de defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, personas indígenas y de la comunidad LGBTI, a través de un acompañamiento integral que comprende litigio estratégico, investigación, formación y capacitación, e incidencia en políticas públicas.

 

1 ASILEGAL. Tortura en México: Elemento estructural del sistema de justicia, Informe alternativo. 2019

2 México Evalúa. Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación Del Sistema De Justicia Penal En México. Centro De Análisis De Políticas Públicas, 2019.

3 Le Clercq Ortega Juan Antonio y Rodríguez Sánchez Lara Gerardo. La Impunidad Subnacional En México y Sus Dimensiones: Índice Global De Impunidad IGI-MEX 2018. Universidad De Las Américas Puebla, 2018.

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