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Entornos torturantes: sistema penitenciario, tratos, condiciones y la falta de perspectiva de género y diferencial
La historia de Macarena nos muestra que la tortura se ejecuta simple y llanamente porque se puede, porque sí, porque alguien así lo decidió. Una mujer inocente, trabajadora sexual, gitana, migrante, pobre, parece ser la víctima perfecta para fabricar un delito que no existió, y que favorece a un sistema que permanece impune.
Por Blog Invitado
1 de octubre, 2021
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Por: María Yesenia Lerma Díaz Garay y Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura

En las entregas anteriores compartimos las historias de Germán, Hugo, Jorge, Ricardo, Oswaldo, Hugo, Sergio y José María, víctimas de tortura y fabricación de delitos, encarcelados hasta por 20 años por crímenes que nunca cometieron, culpables por decreto a ojos de las autoridades, aunque sus procesos estén plagados de irregularidades, negligencias y omisiones.

En cualquiera de estos casos basta un análisis real y profundo para detectar todas las violaciones cometidas, así como las tremendas injusticias perpetradas; los métodos de tortura aplicados fueron claros, la vinculación de estos mecanismos con la intención de conseguir supuestas confesiones se identifica a simple vista, así como la estrategia de hacer pasar a estas personas como culpables de delitos que, en la mayoría de los casos, eran cometidos por los propios agentes policiales.

Pero existen otros varios tipos y contextos donde se utiliza la tortura, desde innumerables técnicas psicológicas hasta la omisión de atención, como una forma de castigo y basada en múltiples tipos de discriminación; en el caso de los centros de privación de libertad en el país, estos representan espacios de control y sometimiento donde se utilizan métodos para lograr estos fines, condiciones de reclusión como el aislamiento, la incomunicación, instalaciones sin medidas de higiene, sin acceso a alimentos o agua en buenas condiciones, irregularidades para recibir atención médica o legal, etc. La tortura, que en el imaginario social e institucional sólo se entiende como “tehuacanazos”, choques eléctricos o uñas arrancadas, puede, en realidad, adoptar diversas formas, algunas tan sutiles que resulta fácil (o conveniente) ignorarlas; los lugares de privación de la libertad -como entornos torturantes por excelencia-, pasan desapercibidos y recrudecen la justificación de que lo que pueda ocurrirles a las personas en estos lugares no sólo no importa, sino que también es “merecido”.

Un entorno torturante se entiende como un, “medio que crea las condiciones para la tortura, e conforma de un grupo de elementos contextuales, condiciones y prácticas que anulan la voluntad y el control de las víctimas, comprometiendo todo su ser”1. Estos entornos son lastimosamente frecuentes no sólo en el sistema penitenciario mexicano sino, también, en otros espacios institucionales, sin embargo, han sido totalmente ignorados dentro de las investigaciones y documentaciones de posibles hechos de tortura.

El caso que presentamos a continuación describe estos elementos: acciones y espacios que recrean mecanismos de tortura, que no son reconocidos, no sólo socialmente, sino por las mismas personas que los perpetran y las autoridades que deberían investigarlos, invisibilizando con esto los impactos que generan en las personas. Enmarca, también, los grandes pendientes que existen en nuestro país para comprender y documentar este tipo de hechos, bajo un enfoque de género y diferencial, como parte, también, de los esfuerzos por la erradicación de la tortura en México.

Macarena del Rosario Rodríguez Farre es una mujer gitana, española y colombiana, que llegó de España a México hace más de 10 años en compañía de su esposo y sus tres hijos (dos niños y una niña); buscaban un mejor porvenir y emprendieron esfuerzos para encontrar oportunidades para el comercio de prendas de vestir elaboradas en España. En medio de las dificultades para reconstruir su proyecto de vida, su esposo la abandonó un tiempo después, dejándola sola con sus 3 hijos, lo que les empujó a una situación cada vez más compleja económicamente y, al cabo de un tiempo, la forzó a dedicarse al trabajo sexual para poder sobrevivir.

Debido a la precariedad en la que vivían, el consulado español, en un acto que podría encuadrar como discriminatorio al no considerar el bienestar familiar, inició un procedimiento de repatriación de sus hijos e hija, quienes fueron entregados a la abuela paterna. Desde entonces Macarena no los ha vuelto a ver, pues en su caso particular no existió ayuda alguna para retornar a España y reunirse con su familia.

El 03 de agosto de 2008, Macarena fue detenida por policías de la Ciudad de México, de una forma tan sutil que no se dio cuenta; inicialmente ella misma había solicitado apoyo de la policía para ayudar a una de sus amigas, ya que el hombre que la había contratado se negaba a pagarle; ambas mujeres sólo querían que el sujeto que había convenido estos servicios pagara el dinero que correspondía por estos.

Macarena acudió a la Fiscalía en calidad de víctima por el dinero que el cliente se había negado a pagar, sin embargo, después de rendir su declaración fue llevada a una habitación donde le comenzaron a sacar fotos, sin ser informada que estaba siendo presentada en calidad de detenida, y sin la presencia de un abogado, fue apenas ahí que Macarena entendió su situación. Rompió en llanto, dentro de su confusión por lo que ocurría preguntó qué estaba sucediendo, tratando de obtener cualquier información que le permitiera comprender; fue entonces cuando le informaron, sin poder ejercer sus derechos y sin asesoría alguna, que se le había detenido por el delito de secuestro exprés.

Macarena fue privada de la libertad en ese instante, fue condenada -en un tiempo extremadamente corto y sin investigación alguna-, a una pena de veintidós años y seis meses por un secuestro que nunca existió, sentencia que -además- se dio a través de un proceso plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, entre otras cosas, al no informar de su detención a las autoridades consulares de España o de Colombia, negándole su derecho a contar con apoyo y asesoría consular.

Sin dinero para pagar una defensa legal, y sin familiares ni redes que la pudieran apoyar, el resultado de los procesos jurídicos fue catastrófico, Macarena no pudo presentar una sola prueba durante la investigación y al no poder ella misma demostrar su inocencia fue declarada culpable, aun cuando la propia sentencia emitida por el juez Quincuagésimo Tercero Penal para el Distrito Federal contiene el testimonio de la madre de la persona que afirman fue secuestrada, y en este ella misma expresa no entender el proceso ni por qué derivó en lo que derivó: “no entendía, pero la licenciada nos asesoró, pero no entiendo por qué secuestro exprés, yo no denuncié el delito de secuestro exprés, así se lo pusieron en la delegación”2.

Hasta aquí vemos la forma en la que actuó la policía y funcionarios/as capitalinos/as: una detención sin aparente violencia, la fabricación de un delito, la colusión de las autoridades al no investigar, la negación y violación de derechos humanos de Macarena.

Ahora bien, desde su ingreso al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México, Macarena se ha visto sometida a diversos tratos y condiciones de detención que derivan en omisiones y negligencias, y que constituyen en sí un entorno torturante. Por un lado, Macarena presenta diversas afectaciones en su salud física: poliquistosis renal crónica, hipertensión arterial, asma y una hernia abdominal que, en ocasiones, ha llegado a estrangular sus órganos internos;  durante los 13 años que ha estado privada de la libertad a Macarena se le ha negado por completo el acceso a su derecho a la salud, ha tenido que soportar la falta de suministro de medicamentos, su expediente médico contiene un total de 411 recetas de acceso gratuito, entregadas a lo largo de una década, no obstante, cuando Macarena ha acudido a la farmacia del centro penitenciario las autoridades refieren que no tienen los medicamentos prescritos. Esta situación es sumamente grave, pues deteriora y exacerba todos sus padecimientos, en particular la poliquistosis renal.

Además, el expediente médico contiene también varias referencias de “desistimiento de atención médica” derivadas del trato que recibe para acceder a la atención que necesita. De acuerdo con el testimonio de Macarena y otras mujeres privadas de la libertad, estas tienden a ser levantadas a las 2:00 am, cuando se les informa que visitarán un hospital fuera del centro penitenciario, posteriormente, alrededor de las 5:00 am, las sacan de su estancia, siendo transportadas a un lugar distinto en el que deben esperar hasta aproximadamente las 7:30 am. Desde el momento en el que son sacadas de su estancia padecen el frío, pues no les permiten llevar cobijas o accesorios para protegerse de las bajas temperaturas, y finalmente, son subidas a un vehículo denominado por las internas como “la perrera”, el que tiene escasa ventilación, poca luz y no tiene accesorios para sujetarse, por lo que es común que quienes son transportadas se golpeen contra el vehículo en el trayecto.

Al llegar al hospital son dejadas en el vehículo por horas, mientras los policías salen a desayunar; en ocasiones esto se agrava, pues dentro de ese vehículo hay más mujeres que rebasan la capacidad de espacio de esa camioneta, el hacinamiento y la falta de aire y luz afecta a todas. En muchas ocasiones sucede que los agentes tardan tanto en desayunar que al ingresar al hospital les informan que ya no hay consultas, por lo que tienen que volver al reclusorio sin ser valoradas por personal médico.

Cuando ha ocurrido que Macarena logra ser atendida, los policías (hombres) permanecen en el consultorio donde se efectúan las revisiones médicas, lo que es sumamente vergonzoso y humillante para ella. No le permiten hablar con las y los médicos tratantes, ni recibir los resultados de sus revisiones o análisis, información que se le hace llegar por otros medios: en el centro penitenciario, por médicos que no son especialistas.

Este es el motivo por el cual Macarena y muchas mujeres se desisten de recibir atención médica, por el sufrimiento y la humillación que les genera todo el proceso llevado a cabo por el personal penitenciario. En estos casos, las autoridades de Santa Martha les obligan a escribir una leyenda en la documentación que dice “Me desisto de recibir atención médica y me hago responsable de lo que pueda pasarme”, y cuando se niegan a colocarla son sometidas a comités disciplinarios y son castigadas. La propia Macarena ha solicitado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la acompañe en los procesos de consulta médica, de manera que puedan verificar que dichos procesos no sean violatorios de derechos humanos; no obstante, dicho organismo le ha referido no tener competencia para realizar estos acompañamientos.

Además de su condición médica y la falta de atención y tratamiento adecuados, Macarena ha tenido que soportar reiterados castigos en celdas de aislamiento, sin luz eléctrica, agua potable y en espacios con chinches y cucarachas, en los que es común que se encuentre con otras mujeres privadas de la libertad en espacios reducidos, con un solo baño que no tiene puertas ni ventanas, y teniendo que dormir en el piso. Dichas condiciones se han repetido incluso cuando ha sido aislada después de acudir al hospital, como supuesta medida de prevención de contagio de la COVID-19. Asimismo, Macarena sufre a diario tratos y acciones que atentan contra su dignidad, los custodios de Santa Martha la tratan como a un animal, arrojándole la comida en una bolsa cuando está en aislamiento, o burlándose de sus padecimientos médicos.

Finalmente, un elemento que resulta de particular crueldad se relaciona con las expectativas que muchas autoridades le han generado a Macarena. En agosto de 2019, por ejemplo, personal del gobierno de la Ciudad de México le informó que podría obtener su libertad debido a sus enfermedades crónico-degenerativas, como parte del “Plan de Atención a Mujeres Privadas de su Libertad en la Ciudad de México”. Derivado de esto, Macarena fue sometida a diversos exámenes médicos, psicológicos y psiquiátricos. Incluso el personal del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México le aseguró que pronto recobraría su libertad, no obstante, con el inicio de la pandemia dejaron de informarle sobre el avance en el trámite del beneficio y cuando solicitó información a través de personas defensoras de derechos humanos le respondieron que no existía documentación alguna de la que se desprendiera, siquiera, que se hubiera iniciado un tramité de preliberación.

En términos de proceso, Macarena ha agotado todas las vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales, presentó quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en ambas instancias las personas responsables de la investigación cerraron los expedientes, sin entrar al análisis de fondo de sus peticiones. Acudió a tribunales de justicia con apoyo de colectivos y personas defensoras de derechos humanos y, a pesar de haberse emitido órdenes judiciales para que se le proporcionara atención médica especializada y medicamentos, dichas ordenes se han incumplido sin que exista consecuencia alguna.

Todo lo descrito ha generado en Macarena, a 13 años de su irregular detención, un sinfín de impactos psicosociales, un profundo deterioro en su estado de salud y un permanente estado de sufrimiento y estrés; si bien no fue detenida con violencia, no atravesó sesiones de tortura para obligarla a inculparse de delitos que no cometió, ni fue presentada en ruedas de prensa para provocar juicios mediáticos que la identificaran como una peligrosa delincuente, Macarena ha vivido privada de la libertad y en condiciones, con tratos y contextos que minan su voluntad y control día con día, que anulan su dignidad y la reducen a un estado de inhumanidad profundo.

Se trata de un caso, además, en el que la tortura se perpetra como una forma de mero castigo que le ha causado gran dolor y sufrimiento, y que de base tiene elementos de discriminación interseccional que han sido usadas para negarle derechos y justificar las acciones de las autoridades: Macarena es mujer, tiene una orientación sexual disidente, es migrante, trabajadora sexual, pobre, se encuentra privada de la libertad, presenta problemas crónicos en su salud física.

Hoy en día, Macarena teme morir en una celda, lejos de su familia, sin haber visto a sus hijos en años, sin haber tenido oportunidad de defenderse y demostrar su inocencia. La negación de su derecho a la salud, además, continúa deteriorando su estado, el crecimiento de sus riñones, debido a los quistes que los recubren, le genera un temor permanente de no saber que hay en su interior y, al no contar con el tratamiento necesario, teme encontrarse con la muerte a cada minuto.

La única persona con la que cuenta Macarena en la actualidad es su esposa, María Yesenia Lerma Díaz Garay, a quien conoció en Santa Martha; contrajeron matrimonio al interior del reclusorio, sin embargo, tuvieron que separarse cuando Yesenia obtuvo su libertad. Las liberaciones, así como los ingresos a prisión, se caracterizan por una serie de prácticas por demás deshumanizadas y negligentes; sobre esto Yesenia comparte:

“En noviembre de 2020 fui liberada, pero las autoridades del centro penitenciario me sacaron a las 2:00 de la madrugada, sin dinero y sin apoyo para pasar la noche en un lugar seguro, me dejaron abandonada en uno de los lugares más inseguros de la Ciudad de México, mi esposa Macarena recuerda el evento como si fuera ayer, la angustia y el miedo de no saber si estaba bien fue interminable”.

Hoy es Yesenia quien lucha por Macarena, quien cuenta su historia tras 13 años de vivir privada de la libertad en un entorno torturante que reduce su esperanza de vida a causa de las condiciones en las que la obligan a vivir y las enfermedades crónico-degenerativas que la consumen y que no son atendidas. En este camino ha logrado sumar a múltiples personas defensoras de derechos humanos, colectivas y alianzas. Desde que están juntas constituyeron una familia, una red que les ha permitido seguir adelante, “desde entonces ambas hemos luchado por acceder a la verdad, la justicia y la reparación”, sin embargo, necesitan de más manos, de más voces que se sumen a su exigencia.

“El anuncio presidencial sobre la posibilidad de preliberación de personas víctimas de tortura y con padecimientos crónicos nos trajo esperanza, pues las diferentes situaciones que Macarena y yo hemos sufrido a lo largo de muchos años constituyen efectivamente acciones de tortura, supuesto que se contempla para obtener la preliberación”.

La tortura tiene muchas caras, formas y contextos: ninguno de estos puede ser aceptable en un país democrático. La historia de Macarena nos muestra, además, que la tortura no busca, en realidad, un objetivo particular -investigar, obtener confesiones, información, etc.-, sino que se ejecuta simple y llanamente porque se puede, porque sí, porque alguien así lo decidió, porque no tienen consecuencias para quienes la ejecutan, porque una ministerio público lo ideó una noche, porque da puntos en la supuesta “carrera contra la delincuencia”. Una mujer inocente, trabajadora sexual, gitana, migrante, pobre, parece ser la víctima perfecta para fabricar un delito que no existió, y que favorece a un sistema que permanece impune.

Hoy hacemos un llamado a la justicia porque lo vivido por Macarena llegue a su fin, por una revisión profunda de nuestro sistema de justicia y, especialmente, por visibilizar esos otros espacios, fines e intenciones donde ocurre la tortura, el sistema penitenciario y sus autoridades se suman a esta larga cadena de responsables para que la tortura permanezca. Porque nadie más tenga que atravesar por este tipo de situaciones, por una verdadera erradicación de la tortura, en todos sus formatos.

* María Yesenia Lerma Díaz Garay y Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura

Contacto: [email protected].

 

 

 

1 Véase Pau Pérez-Sales, Tortura Psicológica: Definición, Evaluación y Medidas, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2016, p. 435.

2 Sentencia de 09 de febrero de 2009, Juzgado Quincuagésimo Tercero Penal para el Distrito Federal, página 14, testimonio de Lidia Barrón Ramos.

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