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Es el aparato gubernamental
Los tres órdenes de gobierno han ejercido violencia institucional contra las mujeres por partida doble. Primero, porque no previnieron los casos y, segundo, porque no han aprendido de estos.
Por Suhayla Bazbaz Kuri
11 de febrero, 2020
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Escribo estas líneas tras conocer el feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, asesinada y desollada por su pareja en Vallejo, Ciudad de México.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla, en el artículo 19 que: “Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. El mismo capítulo IV define la #ViolenciaInstitucional como “… los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

Esto significa que el Estado estaría ejerciendo #ViolenciaInstitucional si no cumple su obligación de organizar el aparato gubernamental de manera que la violencia de género contra las mujeres no suceda, que cuando suceda se investigue y sancione, que se reparar el daño que les inflige a las mujeres y que se avance en la erradicación de la misma.

Los tres órdenes de gobierno han ejercido #ViolenciaInstitucional. Lo han hecho al no ser capaces de prevenir casos como el de Abril Pérez Sagaón, el de Lesvy Berlín Rivera Osorio, el de Mariana Lima Buendía y el de su hermana Guadalupe Michel Lima Buendía, el de Daniela Ramírez Ortiz, el de Montserrat Serralde Franco, el de Raquel Padilla Ramos, el de Jacqueline Gaudencio Alva y sus dos hijas, el de Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz y tantos miles de casos recientes más de feminicidio, desaparición, violación y demás modalidades de violencia contra las mujeres.

Pero la #ViolenciaInstitucional que han ejercido los tres órdenes de gobierno contra las mujeres lo es por partida doble. Primero, porque no previnieron los casos y, segundo, porque no han aprendido de estos. ¿Cómo hacer realidad las consignas de #NiUnaMenos y #NiUnaMás si las autoridades del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales no aprenden de esos casos para que no ocurran otros?

Una vez que ocurre un caso es imperativo respetar y garantizar el derecho de las víctimas directas e indirectas al acceso real a la justicia y a la reparación integral del daño.

Ahora, también fundamental lo que sucede –o no sucede– entre un caso y otro.

Los tres órdenes de gobierno han sido incapaces de asegurar el derecho de las mujeres, nuestro derecho, a una vida libre de violencia. Y lo han sido por como está organizado el aparato gubernamental y porque ese aparato gubernamental insiste en considerar cada caso como una excepción y no una regla que es consecuencia lógica de su quehacer.

El feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas abre la posibilidad de que las autoridades del gobierno de México, de la Ciudad de México y de las alcaldías se hagan ciertas preguntas.

¿Qué actos y omisiones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno posibilitaron, permitieron o propiciaron que ocurrieran los hechos en el caso de Ingrid? ¿Cuántas personas servidoras públicas entraron en contacto tanto con la víctima como con el perpetrador antes de que ocurriera el feminicidio?¿Cuántas oportunidades se tuvieron y se perdieron y por qué? ¿Qué pudieron haber aprendido y cambiado esas autoridades en casos previos al de Ingrid que hubiera reducido la probabilidad de que esta joven fuera asesinada y desollada por su pareja a quien ya había denunciado por violencia familiar? ¿Qué estructuras y capacidades habría que cambiar para que un caso similar no ocurra?

Quizás aún no tenemos las respuestas sobre cómo se tendría que organizar el aparato gubernamental de los tres órdenes de gobierno para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero esas son las preguntas que se tendrían que estar haciendo, que nos tendríamos que estar haciendo. Esa es la discusión pública que necesitamos. De ese tamaño es el reto que no se va a resolver con acciones emergentes ni medidas urgentes. Tenemos que exigir que se rindan cuentas sobre los actos y omisiones, sobre la #ViolenciaInstitucional, que nos ha llevado de un caso a otro caso y a miles de casos. Tenemos que lograr que se aprendan las lecciones que se tengan que aprender y que se hagan los cambios que se tengan que hacer en el aparato gubernamental para que efectivamente puedan prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que inflinge la violencia contra las mujeres.

* Suhayla Bazbaz Kuri (@SuhaylaCCIS) es feminista, fundadora y directora general de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.

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