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Fideicomisos sujetos a la discrecionalidad presidencial
Aunque en abril se identificaron 335 fideicomisos sin estructura orgánica, el decreto sólo afecta a 109 fideicomisos que incluyen fondos de centros de investigación, cultura, atención a desastres y desarrollo metropolitano.
Por Signos Vitales
14 de octubre, 2020
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El martes 29 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por el que se reforman diversas leyes para hacer viable la desaparición de 109 fideicomisos públicos. Aunque en principio se había dicho que solo se extinguirían 55 fideicomisos, la mañana de ese último martes de septiembre el coordinador del grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que se contemplaron 54 fideicomisos más. En total, estos fideicomisos representan alrededor de 68 mil millones de pesos, sin que se sepa con claridad el destino que tendrán los mismos.

Si bien desde la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana se contempló la realización de un diagnóstico para conocer el funcionamiento y utilidad de los fideicomisos, y más tarde, el 2 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que el presidente de México mandató extinguir los fideicomisos públicos con el objetivo de parar el despilfarro y enfrentar la crisis por COVID, no fue hasta dicho martes que se planteó en la Cámara de Diputados desaparecer 109 de estos fideicomisos.

Aunque en abril se identificaron 335 fideicomisos sin estructura orgánica que, en conjunto, alojaban 740 mil 572 millones de pesos, el decreto excluye a los fideicomisos constituidos por mandato de Ley o Decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones. Al contemplar exclusivamente los fideicomisos que poseen las características para desaparecer, se pensó que se podrían extinguir fideicomisos que alojaban un total de 181 mil 440 millones de pesos repartidos en 23 ramos administrativos, donde el 88.4% de los recursos se concentra solo en 7 ramos de la administración federal: la SHCP, la SCT, la SEDENA, el CONACYT, la SE, la SEP y la SEDATU.

Ahora, el proyecto presentado el martes 29 de septiembre en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con mayoría morenista, en el que se propuso modificar 18 leyes y abrogar dos normativas, solo contempló en inicio la desaparición de 45 fideicomisos que más tarde se extendieron a 109 y que en conjunto alojan casi 70 mil millones de pesos. Entre estos fideicomisos se encuentran 65 fondos del CONACYT que hacen viable la asignación de becas, 26 fondos de centros de investigación, fondos en temas de cultura como el FIDECINE (224 millones), el FONDEN (1 mil 259 millones), o bien fideicomisos relacionados al desarrollo urbano como el Fondo Metropolitano (3 mil 980 millones) o a la banca de desarrollo como la financiera rural (6 mil 861 millones). Este dictamen fue aprobado por la mayoría morenista en la comisión correspondiente, y aunque el jueves 1 de octubre no se logró el quórum en el Pleno de la Cámara de Diputados para la votación de la resolución de las reservas y su aprobación definitiva, MORENA hizo un segundo intento el martes 6 de octubre que maquiló desde comisiones.

Si bien es comprensible que en un contexto de crisis el gobierno decida reasignar el gasto público, la poca refinación de sus métodos y las generalizaciones pueden terminar por debilitar áreas tan relevantes como la atención a desastres naturales o el desarrollo científico, tan necesarios en momentos como el actual. Los riesgos de llevar a cabo este tipo de modificaciones son, al menos, cuatro: 1) no tener recursos para actividades elementales como la atención frente a crisis y desastres naturales de los que el país no ha estado exento, 2) obstaculizar, aún más, el desarrollo cultural y científico del país que, desde siempre, ha estado relegado en el presupuesto, 3) ampliar la oscuridad en el uso de los recursos públicos que, en múltiples ocasiones, son causas de corrupción y que contradicen uno de los pilares de la cuarta transformación, y 4) retrasar las decisiones estructurales del país en términos hacendarios, en los que cabría una reforma fiscal profunda.

Además, aunque se ha comentado que la mayoría de los recursos se dirigirán a tareas relacionadas con la atención de la pandemia, esto no se sabe con detalle. Más bien estos recursos, que constituyen bolsas generadas año con año para solventar sus propósitos específicos, quedarán ahora sujetos a la discrecionalidad presidencial. De hecho, tanto el presidente como el coordinador de MORENA en la Cámara baja han comentado que parte de los recursos no se asignarán a áreas de salud. Una vez más, se perciben signos de autoritarismo presupuestal que le permiten al presidente concentrar más y más atribuciones.

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