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Financiamiento público a los partidos: el fin de la abundancia
En acatamiento al TEPJF, los partidos tendrán que regresar 298 millones no devengados del financiamiento público para campañas electorales de los últimos 5 años.
Por César Hernández González
17 de febrero, 2020
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Se acabaron las partidas secretas, los “guardaditos” y las cajas chicas para los partidos políticos y los candidatos independientes. Ahora deberán de devolver a la federación y/o los estados el dinero no devengado proveniente del financiamiento público de los últimos cinco años. Para dimensionar la situación, solo en el rubro de prerrogativas para campaña electoral los actores políticos reintegrarán 298 millones.

Desde la introducción del financiamiento público1 los partidos políticos tenían la plena libertad de usar o destinar los recursos públicos no ejercidos a su libre arbitrio, sin restricciones legales ni condicionamientos institucionales. Hecho que, a todas luces, propiciaba la opacidad en el manejo del financiamiento público y atentaba contra la equidad de la contienda electoral.

Durante treinta años los partidos políticos realizaron transferencias de los recursos públicos no devengados para obtener mayores ventajas en un proceso electoral, o bien, para beneficiar sus candidatos. También, emplearon el dinero público no gastado en actos que no tenían ningún objeto electoral ni partidista.

Todo ello se terminó en 2016, cuando el Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a las sentencias SUP-RAP-647/2015 y SUP-RAP-758/2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó a los partidos políticos y a los candidatos independientes reintegrar a la federación, o, en su caso, a los estados, el dinero público no devengado proveniente del financiamiento público ordinario, de campaña y por actividades específicas. En pocas palabras, se cerró un capítulo de abundancia entre los actores políticos.

Finamiento público de campañas electorales

Los partidos políticos y los candidatos independientes tienen el deber de utilizar el financiamiento público para gastos de campaña exclusivamente para actos (reuniones, asambleas y marchas) y propaganda (escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones) que promuevan entre la ciudadanía a sus candidatos y sus plataformas electorales. Toda erogación de diversa índole quebrantaría el mandato legal; es por ello que los actores políticos tienen la obligación de reintegrar a los remanentes del financiamiento público para gastos de campaña2.

En acatamiento al TEPJF, los actores políticos tendrán que regresar 298 millones no devengados del financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto de los procesos electorales de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. El 87.68% será cubierto por los partidos políticos nacionales, el 11.07% por partidos políticos locales y el 1.26% por candidatos independientes.

Los partidos políticos nacionales son las entidades que regresarán mayores recursos, como consecuencia de las estrategias instrumentadas. Por cálculos políticos, en los estados, los municipios o los distritos donde históricamente no obtienen votos para ganar elecciones, los partidos inyectan una menor cantidad de recursos públicos. Por ejemplo, en los comicios de 2015 el PRI dejó de utilizar 8.6 millones en Jalisco, en las elecciones de 2016 el PNA no usó 8.2 millones en Puebla, y, en las elecciones de 2018 el PAN no dispuso de 16.3 millones en la Ciudad de México.

Otra consecuencia radica que en los comicios sin competencia, los partidos políticos punteros deciden no gastar la totalidad de financiamiento público, tal es el caso del PRI, quien no gastó 6.3 millones en los comicios de 2017 en el Estado de México y MORENA, en las elecciones de 2018, no se sirvió de 9.4 millones en la Ciudad de México, así como, en las elecciones de 2019 en Puebla, no utilizó 21.1 millones.

A lo largo de 2015 los actores políticos dejaron de gastar 80 millones y en 2016 no utilizaron 88 millones. Es importante tomar en consideración que durante estos procesos electorales no se había tomado la decisión sobre el reintegro de los recursos públicos no devengados. Ello ocasionó que los partidos políticos y candidatos independientes fueran sorprendidos, ya que no tuvieron la posibilidad de cambiar de estrategia.

De aquí que los recursos públicos no gastados representaron una cantidad alta en comparación con otras elecciones: en 2017 se dejaron de erogar 17 millones, en 2018 no se usaron 55 millones y en 2019 no se emplearon 46.5 millones. En esta ocasión, los partidos políticos y los candidatos independiente decidieron gastar el dinero público del financiamiento público casi en su totalidad, con tal de no devolver ni un peso, o bien, regresar la menor cantidad de recursos públicos (ver gráfica 1).

 

Al analizar por tipo de proceso electoral se puede observar que de los 298 millones no devengados los actores políticos reembolsarán a nivel federal el 4.55% (13.5 millones), mientras que a nivel local reintegrarán el 95.45% (284 millones). Esto permite concluir que los partidos políticos utilizan casi en su totalidad los recursos públicos provenientes de la federación, mientras que el financiamiento público local es destinado a un segundo plano (ver gráfica 2).

Los partidos políticos nacionales deberán reintegrar alrededor de 261 millones provenientes del financiamiento para gastos de campaña. En este orden de ideas, MORENA dejo de gastar 59 millones (22.67%), el PRI 56.7 millones (21.77%), el PT 45 millones (17.28%), el PNA 26.6 millones (10.19%), el PAN 22.5 millones (8.64%), el PES 17.4 millones (6.68%), el PVEM 15.6 millones (5.97%), el PRD 14 millones (5.38%) y MC 3.7 millones (1.42%). Como se observa, MC, PRD y PVEM son los partidos políticos que menos dinero regresarán procedente del finamiento público para campañas, mientras que el MORENA y PRI son las fuerzas políticas que reintegrarán más recursos públicos (ver gráfica 3).

Una vez que no existan impugnaciones por resolver sobre los dictámenes de campaña, los partidos políticos y los candidatos independientes tendrán 10 días hábiles para reintegrar los remanentes del financiamiento público no devengado. En caso de no hacerlo, el INE o los OPL podrán retener de la ministración mensual de financiamiento público inmediata siguiente el monto por los remanentes no reintegrados.

Financiamiento público ordinario y por actividades específicas

Los partidos políticos tienen la obligación de utilizar el financiamiento público ordinario únicamente para subsanar los gastos derivados del mantenimiento de su estructura, sueldos y salarios durante el año calendario. Además, los organismos partidistas también tendrán la obligación de destinar el financiamiento público para actividades específicas, durante el año calendario, para promover el liderazgo de las mujeres, la educación y la investigación política, tareas editoriales y la investigación socioeconómica y política. Cualquier recurso no ejercido para esas actividades tendrá que ser devuelto a las autoridades competentes3. Durante 2020 el Instituto Nacional Electoral dará a conocer el saldo de los remanentes por concepto de financiamiento público ordinario y para actividades específicas de los ejercicios fiscales de 2018 y 2019.

A manera de conclusión

La devolución del financiamiento público no devengado generará una mayor equidad en las contiendas electorales, en virtud de que los partidos políticos no podrán disponer de recursos económicos extraordinarios para afrontar comicios posteriores. Lo anterior, garantiza un piso parejo entre los contendientes, al evitar que se destinen mayores recursos públicos a una elección y con ello quebrantar el principio de la equidad.

La devolución del financiamiento público no devengado es un triunfo para la certeza y la equidad en las elecciones, puesto que garantizará mejores condiciones de la competencia electoral, ya que obligará a los actores políticos a gastar más y mejor en aras de obtener el voto favorable de la ciudadanía. A su vez, esta situación puede ser un insumo que denote que el dinero público otorgado a los partidos políticos y candidatos independientes para afrontar las elecciones es demasiado y éste puede ser reducido para los siguientes comicios.

* César Hernández González (@ZezarHG) es asesor de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral.

 

1 La figura del financiamiento público se introdujo en la Reforma Político Electoral de 1986.

2 Cfr. INE/CG471/2016

3 Cfr. INE/CG459/2018

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