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Herramientas para operar la política de movilidad urbana sustentable
La falta de claridad en los mecanismos de recuperación de la rectoría del Estado en el transporte es una de las barreras que se deben librar para poder iniciar procesos de transformación, y esto nos lleva a revisar las modificaciones legislativas que se han hecho para que los estados vuelvan a tener el control sobre el transporte como servicio público.
Por Blog Invitado
31 de diciembre, 2018
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Una vez que se obtiene el financiamiento para los proyectos de movilidad urbana sustentable en México, las y los tomadores de decisión afrontan la problemática de formular, gestionar e implementar los proyectos. Esto no necesariamente es sencillo. Para el libro “Anatomía de la Movilidad en México” realizamos entrevistas a profundidad a extitulares de los gobiernos de los estados, municipios, secretarías de finanzas, legisladores y legisladoras que han estado a cargo de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de conocer su perspectiva con respecto a lo que México ofrece como política de promoción de la movilidad sustentable y los mecanismos que hoy existen para poder avanzar hacia la transformación.

En los textos anteriores exploramos la movilidad como una necesidad social inminente e impostergable y el reto de asumir los costos políticos y sociales de las decisiones. Una vez que esta decisión está tomada, tener las herramientas necesarias para lograr la implementación y algunas recomendaciones finales que ofrecen una perspectiva hacia el futuro, es algo de lo que exploraremos en el siguiente texto.

 

Por: Gisela Méndez (@gismendez)

 

«Una vez que tomas la decisión, asumes los costos políticos de la misma y obtienes el financiamiento, el gran reto es cómo implementar. No hay modelos claros, no hay fórmulas, tienes muy poco tiempo y la ventana de oportunidad política es muy corta. Nos faltan herramientas para implementar cambios tan torales como las del transporte público o el diseño no convencional de una calle».

 

No hay fórmula para comenzar una transformación. Hay estados sin instituciones con mucho financiamiento, estados con los marcos jurídicos e institucionales sin financiamiento. ¿Qué necesita un tomador de decisión una vez que decide emprender un proyecto de movilidad urbana sustentable?

Cuando decidimos transformar el diseño de una calle, podemos tener en México, Latinoamérica y el mundo muchos ejemplos de los cuales tomar referencia. Una calle al final debe lograr el equilibrio entre los usos, las actividades, las personas que se mueven en ella y los medios de transporte que decidimos priorizar. Hay manuales, normas, reglamentos, pero sobre todo ejemplos claros que comenzamos a replicar.

Para las transformaciones en el transporte público es diferente, los modelos de transformación no son ejemplos que puedan replicarse o copiarse. Los procesos locales dependen de las condiciones sociales, urbanas, políticas, institucionales y financieras de cada lugar, aún en la misma ciudad; basta ver la evolución que el mismo Metrobús ha tenido en el diseño e implementación en cada una de sus líneas. No hay un proceso igual a otro.

Por otro lado, el transporte público concesionado no genera información clara para la toma de decisiones: necesidades de personal, condiciones laborales, demanda, ingresos, gastos, pagos de derechos u obligaciones fiscales, etc. El control sobre lo que sucede a nivel operativo y financiero ha sido una brecha de información que mantiene alejados a la autoridad y al prestador del servicio. Muchas autoridades han naturalizado el concepto de que el servicio público tiene una operación privada y como tal no les corresponde supervisar y sancionar, lo que llamamos la pérdida del estado de derecho.

La falta de claridad en los mecanismos de recuperación de la rectoría del estado en el transporte es una de las barreras que se deben librar para poder iniciar procesos de transformación, y esto nos lleva a revisar las modificaciones legislativas que se han hecho para que los estados vuelvan a tener el control sobre el transporte como servicio público.

Una propuesta desde la experiencia para el futuro de la política de movilidad

«Es importante que el diseño de las políticas públicas nacionales combata la miopía hacia la acción local y se concentren en fortalecer el federalismo sin asistencialismo institucional o el beneficio político territorial. Necesitamos claridad en los roles y financiamientos con reglas claras y prioridades».

Las conclusiones de todas las entrevistas nos dirigen a una acción clave y contundente que puede hacerse desde el gobierno federal: Una política nacional clara que defina las prioridades, el reparto de responsabilidades y las reglas del financiamiento palanca que facilite la transformación alineada a las prioridades. Esto aplica para todo el sistema de movilidad.

Desde la federación, debemos seguir el proceso que muchos estados ya ha implementado para tener avances significativos y constantes en la política de transformación de su sistema de movilidad: legislación, política, programas, instituciones y financiamiento. Nuestro trabajo consiste en asegurar que exista una política clara y una meta a seguir para mejorar diaria la movilidad de 103 millones de habitantes en México. Esta política nacional puede establecer los criterios de calidad de nuestra movilidad. Cuál es la experiencia de viaje que queremos para todas las personas que vivimos en México, cuáles son las prioridades que tendrán nuestra máxima atención y cuáles son las herramientas legales y financieras que debemos producir para ayudar a las entidades federativas en la implementación de esta experiencia de viaje en cada uno de sus territorios.

Un esquema de federalismo democrático define responsabilidades en los diferentes niveles de la implementación de la política pública. La federación deberá proveer de las herramientas jurídicas, programáticas y financieras que faciliten la implementación de prioridades. Los estados mantienen la responsabilidad de lograr los cambios necesarios en sus modelos de movilidad, logrando los acuerdos políticos y sociales en sus propios contextos, y los municipios proveen de las condiciones urbanas y territoriales necesarias para que la operación del sistema de movilidad llegue de forma adecuada a toda la población.

 

* Gisela Méndez es arquitecta. La vida la llevó a ser urbanista, ciclista, feminista y funcionaria de la movilidad.

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