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Humpty Dumpty o quién es el que manda
Por Rodrigo Diez
2 de septiembre, 2011
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I. Lo primero es lo primero. ¿Quién es el que manda?

 

–       Cuando yo uso una palabra – dijo Humpty-Dumpty con un tono burlón – significa precisamente lo que yo decido que signifique: ni más ni menos.

–       El problema es – dijo Alicia –  si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

–       El problema es – dijo Humpty-Dumpty – sabes quién es el que manda. Eso es todo.

Alicia a través del espejo.

Lewis Carroll.

 

Podrá parecer extraño empezar un blog sobre discusión de sentencias de jueces y tribunales con un pasaje de Alicia a través del espejo, pero aunque no lo crean, hay una justificación. Déjenme contarles por qué. Este blog nace a partir de una convicción personal: en estos tiempos en los que los jueces determinan tanto de nuestras vidas (recordemos casos como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo), es imprescindible no sólo entender qué es lo que están haciendo los tribunales (el sentido de sus decisiones) sino discutir las sentencias y, especialmente, los argumentos con los que las justifican.

 

La necesidad de discutir se vuelve más evidente pues en muchos casos los tribunales parecen tener la última palabra. Pensemos en la Suprema Corte, por ejemplo: una vez que ésta resuelve un caso, hasta ahí llegó. Después de eso no hay apelación ni recurso, sólo un muy contundente Game Over. Dicho de manera muy simple, la Corte tiene la última palabra. Y aquí es cuando el buen Humpty-Dumpty nos puede ayudar, pues al final del día importa mucho saber quién es el que manda. ¿Mandan los jueces? ¿Manda la Suprema Corte? No, de ninguna manera. Mandamos nosotros, los ciudadanos, y lo hacemos discutiendo las decisiones de nuestros tribunales, señalando sus aciertos y sus errores. Como bien lo decía Patti Smith, the people have the power.

 

En la entrada de hoy les quiero platicar sobre una de las tantas consecuencias del ya famoso caso “Rosendo Radilla”. Unas cuantas palabras bastarán para recordarles el asunto. A partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla, la Suprema Corte se pronunció, entre otras cosas, sobre si el Poder Judicial Federal estaba obligado o no (y en qué medida) a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.

 

La Suprema Corte determinó que todos los jueces del país podrán desaplicar (sólo para el caso concreto) las normas que violen la Constitución o los tratados internacionales que protejan derechos humanos. A esto se le conoce como “control difuso” y representa un cambio en nuestra vida constitucional. Hoy me limitaré a analizar lo del “control difuso” y no me detendré a estudiar toda la resolución porque ya pronto viene el “engrose” y le tupiré con todo en su momento, aunque eso me gane la inmerecida reputación de estar en contra de los derechos fundamentales o de estar a favor de la desaparición forzada de personas. Por cierto, “engrose” es uno de esos términos oscuros muy de la jerga abogadil. Así se le dice a la “sentencia” y, hasta donde he podido investigar, se usa porque cuando la sentencia se cose al expediente (sí, aunque no lo crean, se cose con hilo, aguja y toda la cosa), éste se hace más grueso.

 

Así se taladra un expediente para poder coserlo. En fin, para no dar más vueltas entro al tema. ¿Qué es eso del control difuso?

 

II.              El control, ¿qué? ¿Difuso Iluso?

 

De manera muy resumida, existen dos mecanismos de control constitucional (o de “convencionalidad”, cuando el parámetro es la Convención Americana). En el concentrado existe un sólo tribunal con atribuciones para establecer cuáles leyes son constitucionales y cuáles no. Cuando no lo son, entonces las expulsa del orden jurídico. En el difuso, por su parte, todos los jueces pueden llevar a cabo este “juicio constitucional”; sin embargo, el juicio en el control difuso no tiene efectos generales. ¿Qué significa esto? Que un juez cualquiera podría negarse a aplicar una determinada ley en un caso concreto por considerarla inconstitucional, pero su decisión no tendría la consecuencia de expulsar esa norma del orden jurídico.

 

Durante muchos años en México vivimos bajo un modelo más bien concentrado (aunque con ciertos matices irrelevantes salvo para los especialistas). El caso Rosendo Radilla inauguró la época del “control difuso” y el 8 de agosto un magistrado de Nuevo León dictó la primera sentencia  local en la que se dejó de aplicar una ley estatal por considerarla violatoria de la Constitución. Para los que estén interesados en entrarle más a fondo a la discusión sobre el “control difuso”, échenle un ojo a la página de Internet de José Roldán Xopa, donde se ha armado un muy buen debate.

 

III.            Aplausos, aplausos (clap, clap, clap). ¿De verdad?

 

La mayoría de las opiniones que he escuchado sobre el control difuso celebran la decisión de la Corte: que si ahora todos los jueces serán coadyuvantes de la Corte Interamericana, que si esto refleja un compromiso con el respeto a los derechos fundamentales, que si ahora todos seremos felices y cosas así. Yo no estoy de acuerdo. No es que no me guste el control difuso, sólo pienso que la decisión no le correspondía a la Suprema Corte.

 

No hay ninguna razón por la cual el control difuso sea más democrático o más respetuoso de los derechos fundamentales. En realidad, uno y otro mecanismo tienen virtudes y defectos. Por ejemplo, el control concentrado proporciona mayor estabilidad y certeza pero puede llegar a invadir el terreno del legislador (por lo de los efectos generales); el difuso, en cambio, se limita a casos concretos sin pisarle los talones al legislador pero puede generar inestabilidad e inseguridad.

 

El problema es que la Corte no hizo esta deliberación acerca de las ventajas y desventajas ni sobre de los distintos arreglos institucionales que requiere cada sistema de control constitucional. Ciertamente su estructura y atribuciones se lo impiden y por eso se limitó a seguir al pie de la letra lo señalado en la sentencia de la Corte Interamericana en la parte que se fija un deber a cargo del Poder Judicial de ejercer un control de convencionalidad. Francamente no tengo preferencia por uno u otro modelo (difuso o concentrado) siempre y cuando elijamos tomando en cuenta todas las implicaciones del caso. ¿Cuál es el camino? El primero que se me ocurre es reformar la Constitución para fijar de manera clara el sistema bajo el cual viviremos y, posteriormente, reformar las leyes correspondientes para detallar cómo funcionará esto. Hace unos días José María Serna de la Garza publicó un texto en el que profundiza sobre esta postura.

 

IV.  ¿Y el engrose?

 

Espero que el engrose del asunto Rosendo Radilla salga pronto porque ya les quiero contar todas las razones por las que no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte, aunque eso me gane la fama (como ya lo dije más arriba) de estar en contra de los derechos fundamentales o de estar a favor de la desaparición forzada de personas. En fin, las cosas que uno debe aguantar por estar abriendo la boca.

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Rodrigo Diez es abogado constitucionalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho.

 

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