El impacto ambiental y la ilegalidad del tramo 5 del Tren Maya
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La evaluación del impacto ambiental y la ilegalidad del tramo 5 del Tren Maya
No debería ser ninguna sorpresa que el juez Adrián Fernando Novelo haya ordenado la suspensión definitiva de las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya, ya que la autorización provisional que obtuvo el FONATUR es ilegal.
Por Roberto de la Maza
3 de junio, 2022
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El derecho ambiental reconoce como principio que “La prevención de las causas que los generan es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos”.1 Es un axioma, o una verdad que por su evidencia no requiere ser demostrada, que evitar los daños al ambiente es preferible a tener que repararlos, sobre todo considerando que este tipo de daños muchas veces es irreversible.2

Evidentemente este principio debe ser observado por el Ejecutivo Federal, 3 a través de los instrumentos de la política ambiental previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), como la evaluación del impacto ambiental, procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debe llevar a cabo una evaluación jurídica y técnica del proyecto previo a su realización.

La LGEEPA establece expresamente que la construcción de vías generales de comunicación, como el Tren Maya, deberá sujetarse a evaluación del impacto ambiental.4 Asimismo, la ley establece que el reglamento determinará las obras o actividades que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que, por lo tanto, no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en dicha ley.5

Sin embargo, el tramo 5 del Tren Maya no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el Reglamento de la LGEEPA, ya que únicamente se encuentran exentas las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se realicen en la franja del derecho de vía correspondiente, pero no así las de construcción.

El 22 de noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.6

El acuerdo establece:

  1. Que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal, entre los que se encuentran la construcción de vías férreas y ferrocarriles en todas sus modalidades;
  2. Que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras citadas, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados, y
  3. Que las autorizaciones provisionales tendrán una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, y que en el transcurso de dicho periodo los proyectos u obras citadas deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, las autorizaciones definitivas.

Sin embargo, dicho Acuerdo:

1. Es ilegal, ya que:

a) El interés público debe ser determinado por el Congreso de la Unión mediante las leyes que expide, y no a través de un acto administrativo ya que, de lo contrario, la definición de supuestos como de interés público puede convertirse en un pretexto para la arbitrariedad estatal, 7 y

b) Viola el principio de legalidad, ya que el Congreso de la Unión, a través de la LGEEPA, estableció expresamente que las obras inherentes a la construcción de vías generales de comunicación, como es el caso del proyecto denominado Tren Maya, deberán sujetarse al procedimiento previo de la evaluación del impacto ambiental, por lo que el Ejecutivo Federal, a través de un acuerdo administrativo, no puede ir en contra de dicho mandato legal.

2. Es contrario al principio preventivo del derecho ambiental y, sobre todo, del procedimiento de la evaluación del impacto ambiental, toda vez que ya iniciadas las obras será imposible anticipar y evaluar jurídica y técnicamente los impactos ambientales de dicho proyecto y, por lo tanto, establecer medidas previas para evitar, atenuar o, en su caso, compensar dichos impactos, y

3. Afecta el ejercicio del derecho humano a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar consagrado en la Constitución Federal, 8 y que debe ser garantizado por todas las autoridades que integran el Estado Mexicano.

Por ello, no debería ser ninguna sorpresa que el juez Adrián Fernando Novelo haya ordenado la suspensión definitiva de las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya, ya que la autorización provisional que obtuvo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) es igualmente ilegal.

Es necesario que, desde la sociedad civil, se presenten las acciones y denuncias para exigir que se finquen las responsabilidades administrativas y penales que resulten aplicables, así como para que las autoridades emprendan la reparación de los daños ocasionados al ambiente.

* Roberto de la Maza es consultor en materia de derecho y política ambiental, docente de la maestría de Derecho Ambiental y Política Pública de la Universidad del Medio Ambiente y miembro del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (CeIBA). Licenciado en Derecho por la UNAM. Actualmente es director de Política y Gestión Ambiental de Vo.Bo. Asesores Integrales, S. C. (@VoBoPa).

 

1 Fracción VI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente.

2 Alenza García, José Francisco. Manual de Derecho Ambiental. Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 2001. P. 44.

3 Párrafo primero del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente.

4 Fracción I del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente.

5 Párrafo segundo del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente.

6 Disponible aquí.

7 Huerta Ochoa, Karla. El concepto de interés público y su función en material de seguridad nacional. Seguridad pública. Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2007. P. 134.

8 Párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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