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Importancia de las políticas públicas con enfoque de género
Las políticas públicas con perspectiva de género son prioritarias para la erradicación de la desigualdad que históricamente ha afectado a las mujers a través de constructos culturales.
Por Waquel Drullard
29 de noviembre, 2019
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Las políticas públicas (en adelante PP) son los brazos ejecutores y las llaves necesarias que abren puertas, generan oportunidades, combaten la pobreza, erradican la desigualdad y construyen puentes de diálogo propiciando entendimiento e intercambio de saberes, permitiendo la reproducción de nuevos conocimientos para el desarrollo. Entendiendo este no desde una visión económica y liberal, sino desde una perspectiva holística donde el mismo se define como el fortalecimiento y la consolidación de la capacidad de agencia de la gente, permitiéndoles construir su progreso (acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda, seguridad social y ciudadana…) por medio de la transformación de las condiciones sociales que generan desigualdad y precarización. El desarrollo entonces lo entendemos como el reforzamiento de la capacidad de cambio de los sujetos sociales para configurar realidades de vida, donde las libertades fundamentales y los derechos humanos sean el centro de su sentido y motor de sus ciudadanías.

Así como el gobierno es la voluntad de acción inmediata de los Estados, las PP -que siempre deben ser diseñadas con enfoque de género y derechos humanos, más que líneas de trabajo y acciones programáticas y sectoriales- deberían ser proyectos transformadores que susciten condiciones de presencia, que posibiliten circunstancias de existencia y creen escenarios de crecimiento y adelanto vivibles, combatiendo la mal llamada idea de que “los pobres son pobres porque quieren” y todo discurso neoliberal determinista, consolidando así nuevos contextos económicos, sociales y culturales, más justos y equitativos; originando impactos estructurales en las vidas de las personas; previniendo, garantizando y defendiendo derechos humanos, y afianzando la perspectiva de género como condición sine qua non para el logro de la igualdad entre todas las personas.

En este sentido, las PP recobran importancia particularmente en contextos como el mexicano, donde la violencia generalizada y la inseguridad ciudadana se han convertido en elementos sistemáticos de la cotidianidad1, que afectan especialmente a quienes viven en situación de pobreza y aguda necesidad, entre las cuales están las mujeres2 y otros grupos de la disidencia sexual, siendo los cuerpos que soportan la pobreza y el peso de la injusticia social3.

Sobre la situación de estas poblaciones, el Informe Violencia contra personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), las personas de la diversidad sexual a razón de su orientación, identidad y expresión sexo/genérica “enfrentan pobreza, exclusión social, y altas tasas de falta de acceso a la vivienda ya que con frecuencia son expulsadas de sus familias y escuelas, y en algunos casos ni siquiera pueden obtener trabajos que pagan el salario mínimo”. Es por esta razón que el 90% de las mujeres trans en la región se dedican al trabajo sexual por ser el único medio de supervivencia, lo que es un ejemplo visible del escaso acceso a oportunidades y, el nivel de amplia discriminación que experimentan por ser parte de la diversidad sexual.

Igual pasa con las mujeres, cuyos cuerpos el patriarcado en alianza con el capitalismo han pobretizado (feminización de la pobreza), como “en América Latina, donde hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza por cada 100 hombre” o las incuestionables desventajas que sufren las mujeres en el acceso a servicios de educación, vivienda, salud, alimentación, seguridad social etc. y, la injusta carga social y material que sobrellevan realizando trabajo gratuito no remunerado ni reconocido, como el doméstico y de cuidados4.

En consecuencia, cuando hablamos de este tipo de medidas con enfoque de género, es entender que son más que una parte de la agenda pública que persigue alcanzar metas gubernamentales permitiendo gestionar los objetivos de un gobierno, sino que tiene que ver con la necesidad de definir situaciones y problemas concretos que experimentan los sujetos a razón de su posición/condición sexo/genérica. Implica la obligación de responder cómo, por qué y qué efectos producen estos problemas en las personas, y qué consecuencias implicaría de parte del Estado tomar o no ciertas decisiones al respecto, siguiendo al Wayne Parsons, Profesor de la Queen Mary University of London.

Por lo tanto, toda política pública con enfoque de género es una acción interseccional, siguiendo a Kimberlé Crenshaw, lo que compromete una mirada relacional y un cruce entre diversas categorías sociales como el género, el sexo, la clase y la etnia. Una iniciativa, una ley, un programa o cualquier otro tipo de política debe saber que las personas, en este caso las mujeres y diversidad sexual, sufren de distintas maneras la discriminación y la opresión: una mujer indígena, lesbiana que vive en el Centro de Oaxaca en una situación socioeconómica precaria no sufre las mismas opresiones que una mujer lesbiana de 30 años, de clase media y que vive en Condesa en Ciudad de México. Por lo cual, las políticas con enfoque de género construidas desde una perspectiva interseccional vienen a ver esas diferencias, para elaborar diagnósticos desde la realidad social, que permitan tomar decisiones estatales aterrizadas que develen los grados de dominación que pueden sentir los sujetos dependiendo de su nivel de privilegio.

Entonces podemos definir las PP con enfoque de género como un proyecto procesal que tiene impregnada una clara perspectiva de derechos humanos; que es intencional, ya que persigue la igualdad y enfrenta el sistema patriarcal y demás estructuras machistas que entablan relaciones jerarquizadas de supra-subordinación a razón del binarismo sexo/género; que es planeada, debido a que cuenta con un claro proceso de diseño, creación e implementación, así como con recursos humanos y presupuestales que permita su adecuada ejecución; que es propositivo en el sentido que brinda propuestas que permitan a los sujetos destinarios enfrentar las adversidades de sus contextos particulares y cuenta con sentido público, ya que abona a un proyecto más amplio que va más allá de las sujetos destinarios, es decir, no solo empodera a “mujeres lesbianas de determinada localidad”, sino que contribuye a la construcción de una cultura de igualdad de género, de respeto, apelando a la erradicación de las estructuras que configuran estas opresiones contra las mujeres y personas de la diversidad, por solo dar un ejemplo.

Lo anterior nos permite enfatizar que estas políticas son importantes porque comprometen obligatoriamente la adopción de un enfoque que permita observar, considerar y contestar desde una metodología diferenciada los fenómenos, obstáculos y dificultades que afectan las personas producto de las relaciones de género, las cuales son categorizadas a razón de la diferencia sexual, específicamente entre hombres y mujeres. Esta orientación resulta esencial porque busca eliminar los estados normativos y esquemas socioculturales patriarcales que perpetúan un tipo de vivencia desigual y desequilibrada entre los sujetos sexo-generizados.

Como parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, México tiene la responsabilidad internacional de incorporar una perspectiva de género en la adopción de políticas públicas. En especial por ser un país dónde el nivel de violencia feminicida es sistemático, generalizado y estructural, resultando elemental abrazar este tipo de políticas, porque se traducen en un reconocimiento, un acto de lucha y de clara voluntad de parte de las autoridades contra la discriminación histórica que han sufrido; primero, las mujeres y los sujetos asociados a ellas, así como las poblaciones de la diversidad sexual y que viven al margen de la heterosexualidad obligatoria y, segundo, de todos aquellos sujetos, incluyendo hombres heterosexuales, que de igual forman viven bajo el mandado de la dominación masculina patriarcal. Es decir, las políticas con perspectiva de género son prioritarias para la erradicación de la desigualdad que históricamente ha afectado a las mujeres a través de constructos culturales, la cual se hace práctica en los planos políticos, jurídicos y económicos inmortalizando modelos totalizantes de género.

Esta necesidad se patenta en el “Informe sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos 2018”, de la CIDH, quien enfatiza que los Estados deben de impregnar en sus PP una perspectiva de género y diversidad, atendiendo al estándar interamericano, recogido en la Declaración Americana (1948), Convención Americana (1969) y especialmente de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará” (1994); así como de otros instrumentos jurisprudenciales, como es el caso González y otras (Campo algodonero) vs. México (2009), donde se resaltó la importancia de la perspectiva de género en los procesos de justicia y el deber del Estado en desarrollar políticas de educación y capacitación en perspectiva de género.

En ese sentido, la CIDH en el citado Informe, comparte que toda política pública que garantice la perspectiva de género debe de contener un análisis del “impacto diferencial que tienen o pueden tener las medidas que se adoptan para hombres y para mujeres; la opinión, experiencia y preocupaciones de las mujeres y de los hombres en los distintos momentos del ciclo de la política; y el beneficio que la medida adoptada trae en términos de disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres”. Hay que reconocer que estos tres criterios son limitados en cuanto responden a una lógica binaria, la cual es tradicional y excluyente. Por lo cual, nos da la oportunidad de criticarla, pero al mismo tiempo de recuperar la importancia de la construcción de políticas con enfoque diferenciado, donde se entienda al género como un elemento estructurante (Scott) y cultural que configura diferenciaciones con base en los sexos-géneros que construye a unos sujetos (hombres) como lo esencial y a otros (mujeres- diversidad sexual) como lo “Otro”.

* Waquel Drullard es activista, defensor de derechos humanos y trabaja en en la Dirección de Incidencia en la CNDH.

 

1 2015. Situación de los derechos humanos en México. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH). Disponible aquí.

2 (2018). Las mujeres están por debajo de los hombres en todos los indicadores de desarrollo sostenible. ONU. Disponible aquí.

3 (2015). Violencia contra personas LGBTI. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH). Disponible aquí.

4 (2016). Sistema de Información sobre Pobreza y Género 2016. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible aquí.

5 1949. Beauvoir, S. El segundo sexo. Disponible aquí.

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