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Incentivar la mejora regulatoria es luchar contra la corrupción
El total de Unidades Económicas que ven al marco regulatorio como un obstáculo para hacer negocios pasó de 20.2% al 28.2% en sólo 4 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas.
Por Luis Martínez y José David Serrano
25 de octubre, 2021
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Cuando hablamos de corrupción lo primero en lo que pensamos es en los grandes escándalos que salen en las noticias: las casas descubiertas a funcionarios públicos, videoescándalos con dinero en efectivo, la Estafa Maestra, etcétera. Sin embargo, a veces olvidamos que existen actos de corrupción más cercanos, que más sentimos y que a veces más nos duelen: la corrupción en trámites y servicios públicos.

Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020, se estima que sólo ese año 204.3 mil Unidades Económicas (UE) fueron víctimas de corrupción, lo que representó un costo estimado de 887 millones de pesos, cantidad ligeramente menor que todo el presupuesto anual destinado en 2020 para la Oficina de la Presidencia de la República. Durante ese mismo año, se estimó que el costo para cumplir las regulaciones necesarias para que operen las empresas de México fue equivalente al 1% del PIB nacional. Entender lo que representa ese dato nos obliga a aceptar que si los trámites son omisos, imprecisos o complejos, los individuos se verán orillados a sobornar a las autoridades para gestionar rápidamente el trámite que necesiten obtener.

Pese a que en nuestro país existe el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria (SNMR) hay muy poco avance pues, volviendo a la ENCRIGE, podemos observar que el total de UE que ven al marco regulatorio como un obstáculo para hacer negocios pasó de 20.2% al 28.2% en sólo 4 años. Por si esto fuera poco, las empresas que más sufren dificultades en la tramitología son las pequeñas, ya que estas pasaron de 22.5% a 74.8% en el mismo periodo. Esto quiere decir que 3 de cada 4 pequeñas empresas en México creen que no logran consolidarse ni crecer por culpa de la mala regulación.

Desde el 2000 todas las administraciones federales han comenzado sus estrategias para reducir los costos, tiempos y dificultades que enfrentan las empresas al constituirse y/o mantener operando sus negocios. Ya hemos visto proyectos de congelamientos regulatorios, mora regulatorias, justicia cotidiana, etcétera, y todos han buscado lo mismo, aunque tristemente con resultados muy poco alentadores. En 2013, la CONAMER contabilizaba en su Registro Federal de Trámites y Servicios 4,699 trámites inscritos, y el día de hoy 5,268; es decir, los trámites no sólo no han disminuido sino que han aumentado en más de un 10%.

Otro problema importante que inhibe la mejora regulatoria es la falta de compromiso de los municipios: cuando analizamos algo tan común como los trámites de apertura empresarial, podemos ver que todos pertenecen al ámbito municipal.  Un ejemplo de esto es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), un programa tutelado por la CONAMER y que busca la simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites municipales para el inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo en máximo 3 días hábiles. A pesar de ser un programa que lleva más de 15 años operando, del total de los 2,469 municipios del país, sólo el 0.72% cuentan con la certificación SARE vigente y sólo el 6.9% de todas las UE del país reportan que conocen o usan este sistema.

Por todo lo anterior, y conscientes de esta problemática, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó en la Política Nacional Anticorrupción, dos prioridades1 que versan sobre estos tópicos y se reconoce que el combate anticorrupción debe tener un componente de mejora regulatoria.

Además, como bien dijo Alain de Remes, Coordinador Académico del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas en el webinario que organizaron Ethos y el Consejo Coordinador Empresarial, “los programas de mejora regulatoria no son programas anti regulatorios sino programas que buscan acotar la regulación”.

Y con esta lógica debe comenzar la lucha anticorrupción, no como una estrategia hiperlibertaria que detonaría nuevos problemas, sino como una estrategia nacional y no sólo federal que incentive a las personas para hacer trámites sin mordidas y moches, pues siempre debemos tener en cuenta que los trámites están para regular no para recaudar. En otras palabras, la manera  más simple de luchar contra la corrupción es incentivar la mejora regulatoria.

* Luis Martínez (@Luis_MartinezRz) y José David Serrano son investigadores del área Anticorrupción y Finanzas Públicas de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).

 

 

1 PRIORIDAD 21 Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad, como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de salud, entre otros.

PRIORIDAD 23 Promover la mejora, simplificación de los procesos institucionales y homologación de trámites y servicios públicos a través del desarrollo de sistemas de evaluación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coordinación con el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.

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