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Incomunicación dentro de las estaciones migratorias, fuente de casos de desaparición
En un país donde la desaparición se presenta todos los días, donde el número de casos supera a las 90 mil personas, la incomunicación a la que somete el INM a miles de personas migrantes es un acto contrario a la Ley y a los derechos humanos, pero que también muestra una enorme insensibilidad para con las personas detenidas y sus familias.
Por Adrián Estrada
17 de septiembre, 2021
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En México, las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM) son los espacios físicos en los que permanecen detenidas aquellas personas en contexto de migración que no acreditan tener una estancia regular en el país.

A pesar de que la Ley de Migración establece las condiciones mínimas que estos espacios deben tener para dar un trato digno a quienes ahí se encuentran, lo cierto es que se trata de centros de detención en los que la discriminación, el hacinamiento, la incomunicación y otras violaciones a los derechos humanos son la constante.

Una de las quejas más comunes de las personas migrantes detenidas es la falta de comunicación con sus familiares o con sus representantes legales fuera de las estaciones, situación que además de violentar el derecho básico de acceder a comunicación telefónica, establecido expresamente en el artículo 109 de la citada ley, lleva a una consecuencia más grave: la desaparición.

Es bien sabido que quienes transitan por México se enfrentan a una serie de circunstancias que ponen en riesgo su vida y su integridad: desde accidentes en el tren y abandonos durante la ruta por parte de los “coyotes”, hasta secuestros, extorsiones, trata de personas, reclutamiento forzado por el crimen organizado, entre otros delitos, por lo que no es de extrañar que, al perder contacto con sus seres queridos, estos imaginen el peor escenario posible.

Desde 2019, tras el acuerdo celebrado entre México y Estados Unidos en el que nuestro país se comprometió a frenar el flujo migratorio hacia la frontera norte, la detención se convirtió en una de las principales políticas migratorias, en contra del principio de excepcionalidad de la detención que establecen los estándares internacionales. En ese año, 182 mil 940 personas extranjeras fueron privadas de la libertad en una estación, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria.

En 2020, debido a la pandemia, la cifra se redujo a 82 mil 379 casos de detención, pero este número fue rápidamente superado tan sólo en los primeros seis meses de 2021, cuando 93,985 personas extranjeras fueron detenidas.

Estas detenciones se prolongan por semanas o meses, al igual que la incomunicación dentro de las estaciones. Durante este tiempo, muchas de las personas privadas de la libertad permanecen en un estatus de no localizadas o desaparecidas para sus familiares. Son decenas los casos que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha atendido a través de su programa de búsqueda, en los que la persona desaparecida se encontraba dentro de una estación migratoria, sin la posibilidad de comunicarse con el exterior.

Además de no proporcionar el servicio de comunicación telefónica, es poca o nula la colaboración del INM cuando familiares u organizaciones intentan averiguar el paradero de una persona, por lo que se debe acudir a instancias como los consulados, las comisiones de búsqueda, las comisiones de derechos humanos o los órganos jurisdiccionales para poder saber si se encuentra o no en una estación migratoria. En muchos casos el contacto se reestablece únicamente cuando fueron retornadas a sus países de origen o cuando lograron salir de la estación. Mientras tanto, sus familias, con recursos limitados, a la distancia y, en ocasiones, sin hablar español, hacen hasta lo imposible por tratar de localizarlas.

Además, como si la desaparición no fuera suficiente, las familias se convierten también en víctimas de extorsión. A través de grupos en redes sociales publican fotos y fichas de búsqueda, con la esperanza de que alguien les pueda informar sobre el paradero de sus seres queridos, pero estas acciones suelen resultar contraproducentes, pues miembros del crimen organizado aprovechan esta información y fingen tener secuestrada a la persona desaparecida, para cobrar el “rescate”.

En un país donde la desaparición se presenta todos los días, donde el número de casos supera a las 90 mil personas, la incomunicación a la que somete el INM a miles de personas migrantes es un acto contrario a la Ley y a los derechos humanos, pero que también muestra una enorme insensibilidad para con las personas detenidas y sus familias. La solución es tan simple como brindar un acceso eficaz y constante a llamadas telefónicas y otros medios de comunicación.

* Adrián Estrada es abogado del Servicio Jesuita a Migrantes México (@sjmmexico).

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