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La agenda ambiciosa del Programa Nacional de Desarrollo: números versus realidad
El gran desafío del Plan Nacional de Desarrollo es romper la noción de que los recursos son propiedad de las autoridades. Es urgente una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas donde ciudadanas y ciudadanos sepamos de dónde provienen, cómo se utilizan y cuál es la efectividad de la aplicación de los recursos públicos.
Por Elio Villaseñor Gómez
17 de mayo, 2019
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El pasado 30 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó y envió a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en el que se detallan las acciones de gobierno con las que se buscará traducir el discurso político del Ejecutivo federal en un conjunto integral de políticas públicas de largo plazo. Se puede colegir que el PND es para la actual administración la ruta sexenal que permitirá concretar la llamada Cuarta Transformación de la República.

A pesar de que se realizó previamente un foro en el que se recogieron impresiones y aportaciones de diversos actores de la sociedad civil, se ha confirmado que las consultas a la ciudadanía se han ido desgastando, pues ese foro solo sirvió para cumplir con la norma.

En los hechos, discutir el Plan Nacional de Desarrollo implicará un ejercicio de legitimación del documento para los legisladores, pues se someterá a un proceso de armonización entre aspiraciones de campaña y las pretensiones y objetivos sexenales que perfilan nuevas prioridades de política pública y de gobierno, de impartición de justicia y de un verdadero Estado de Derecho.

En concreto, será un rito político similar al de sexenios anteriores cuando, una vez publicado, se cumplió con el requisito constitucional para que el gobierno en turno contara con un PND, que la mayoría de las veces quedó en el olvido, sin seguimiento, monitoreo alguno, ni evaluación de resultados. Al final, los compromisos establecidos en el documento se diluyen con distintas justificaciones o razones políticas y presupuestales, y sin responsabilidad alguna de las autoridades o entidades responsables de darle cumplimiento.

A la par, es preciso mencionar que también habrán de definirse los cómo y con qué recursos podrá cumplirse la ambiciosa agenda que ha sido planteada en el PND, pues aun cuando se trate de metas previstas para los próximos seis años, el gobierno deberá ajustar sus objetivos presupuestales para contar con los recursos que le permitan cubrir sus prioridades o simplemente incurrir en la vieja práctica de administraciones precedentes de “jalar la cobija” para atender algunas prioridades a costa de “descobijar” otras necesidades.

Es decir, habrán de confrontarse los números y la realidad, para saber hasta dónde alcanzarán los recursos presupuestales, más allá de los buenos deseos, aunque en el papel se exponga el cumplimiento de metas reales o maquilladas, a pesar de que la realidad confirme lo contrario.

Lo anterior porque aun cuando se estima destinar $4,147,422.8 millones de pesos al gasto programable (de los cuales $351,738.2 millones corresponden al rubro Gobierno; $1,167,575.4 millones a desarrollo económico, y $2,628,109.2 millones a desarrollo social), habrá que ver también la efectividad en su ejercicio para financiar y cubrir el costo monetario de los ejes generales del PND 2019-2024, a saber: Justicia y Estado de Derecho, Bienestar y Desarrollo Económico.

Aún más, certificar si en ese propósito se echará mano de una proporción de los $1,913,917.8 millones que corresponde a estados y municipios, sobre todo cuando los recursos aportados y transferidos al ámbito de lo local siguen caracterizándose por ser instrumentos financieros que, en la práctica, se traduce en un mecanismo de control político del gobierno federal sobre los estados en detrimento del propósito de paliar la desigualdad. Pero, sobre todo cuando la recaudación y la reasignación de recursos en México, y el papel que esta juega en el federalismo y la coordinación fiscal, no se precian por tener un matiz con efectos redistributivos.

Así, con los recursos con los que actualmente contará el gobierno federal es de esperar que básicamente se logre la cobertura de muchos de los programas de corte social que se implementaron. Sin embargo, también serán necesarios recursos para que el gobierno federal responda a los objetivos prioritarios para la mayoría de los mexicanos como son combatir la corrupción, procurar la seguridad, la justicia, así como reducir la pobreza y la desigualdad, que por definición implican la participación del Estado. Ello se traduce en un reto fiscal enorme, puesto que para lograr tales objetivos se pretende cumplir con metas que, bajo la lupa de no pocos observadores y especialistas en economía, no parecen financieramente viables con simples ahorros gubernamentales a la sombra de la austeridad republicana de corte franciscana.

Debido a lo anterior, eventualmente será necesario incrementar sustancialmente la recaudación fiscal para poder implementar las políticas de manera responsable. Aunque es preciso señalar que la recaudación no será el único reto fiscal ni el más importante, sino que el verdadero reto será el replanteamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que a la par de la política de austeridad podría resolver medianamente el problema de los recursos.

En ese sentido, se requiere darle a cada nivel de gobierno la facultad de promover obras o políticas sociales con recursos propios. Ese es un apremio y no será posible hablar de un cambio político significativo si se preservan los actuales esquemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, pues el bienestar de la población solo se conseguirá al mejorar la interacción de estos en el cumplimiento de su tarea de gobierno.

Se ha mencionado que el Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad para redefinir el destino del país. Por ello, el gran desafío es romper la noción de que los recursos son propiedad de las autoridades. En ese sentido, también es urgente una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas donde ciudadanas y ciudadanos sepamos de dónde provienen, cómo se utilizan y cuál es la efectividad de la aplicación de los recursos públicos.

Estamos cansados de recibir dádivas de las autoridades y es preciso subrayar que somos sujetos de derechos y obligación, por lo que requerimos que las metas, que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo, estén a la altura de la expectativa de la sociedad, que se cifra en estos momentos en decisiones de Estado con horizonte y visión de futuro, incluso con la modificación de paradigmas, para que la transformación del país que se propone no solo termine con vicios inaceptables del quehacer de la administración pública, sino que al amparo de la democracia participativa se construya el futuro nacional y no se imponga la visión de unos cuantos.

La edición de abril de nuestra revista Brújula Ciudadana recoge algunas valoraciones críticas sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 presentado y el federalismo en México, a la luz de los programas del gobierno actual. Ambos temas son de indiscutible trascendencia para la gobernabilidad democrática del país.

Partimos de la convicción de que la sociedad civil organizada puede y debe asumir un papel proactivo en la promoción de los marcos institucionales y legales y de las prácticas administrativas y de gestión gubernamental requeridas para construir un federalismo efectivo y funcional, con base en los principios de autonomía y corresponsabilidad, garante de la soberanía de los distintos órdenes de gobierno y facilitador de la gobernabilidad democrática. La misma lógica aplica para la discusión e integración del PND que se está dando en la actualidad, por sus implicaciones en las políticas públicas que serán implementadas en este sexenio.

* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

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