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La agenda legislativa de las víctimas en Guanajuato
Una de las preocupaciones más importantes del movimiento de víctimas de desaparición forzada de personas en Guanajuato es la crisis forense en el estado, por lo que la principal reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado es la relacionada con la independencia de los servicios periciales.
Por Raymundo Sandoval
10 de octubre, 2021
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El 24 de septiembre de 2021 comenzó la 65ª Legislatura del Congreso de Guanajuato y el movimiento de víctimas de desaparición forzada de personas sabe que urgen algunas reformas a leyes clave para que se garanticen sus derechos humanos. Ya en la legislatura anterior se aprobaron al menos 3 legislaciones que les afectan directamente.

La primera cuestión es que las familias demandan que se cumpla el Parlamento Abierto y que todas las metodologías para discutir las iniciativas estén adaptadas a sus necesidades y particularidades. Durante la legislatura que acaba de terminar no se consideraron muchas de las propuestas realizadas por las familias de las personas desaparecidas; si bien se recibieron muchos documentos, nunca se les dio seguimiento concreto. Resalta, por ejemplo, que una vez se “extravió” un documento técnico enviado por la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU cuando se discutía la Declaración Especial de Ausencia.

Esta agenda incluye modificar la Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato para fortalecer tanto el presupuesto operativo de la CEAIV como el Fondo de Atención a Víctimas, el cual tendría que calcularse siguiendo el artículo 157 ter de la Ley General de Víctimas (LGV) y, además, un porcentaje de las enajenaciones en materia penal deben formar parte del Fondo a partir de la incorporación de lo establecido en el artículo 132 de la LGV. También se busca reforzar el derecho de ayuda, desvinculándolo de su relación directa con el hecho victimizante, según lo establece el artículo 8 de la Ley local.

Una preocupación constante en la búsqueda de personas desaparecidas y en la atención a víctimas es la falta de claridad de las responsabilidades que tienen los municipios, lo que requiere que éstas se refuercen tanto en la Ley de Búsqueda como en la de Atención a Víctimas.

En lo que corresponde a las modificaciones de la Ley de Búsqueda del Estado de Guanajuato se proponen, entre otras:

  • Reforzar las células de búsqueda (artículo 46) en los municipios, incluyendo la participación de las familias, las víctimas; ampliando la responsabilidad con los cuerpos de seguridad estatal. La ventanilla única municipal no fue incluida en 2020 y podría eficientar la coordinación con los municipios.
  • Fortalecer las búsquedas en vida, ya que la Comisión de Búsqueda se ha dedicado poco a realizar estas acciones.
  • Transparentar los Registros Estatal de Fosas y de Personas Fallecidas No Identificadas.
  • Incluir el enfoque de migración a la Ley de Búsqueda, incluso refiriéndose al Mecanismo de Apoyo Exterior.
  • Crear un Fondo específico para la búsqueda generalizada.
  • Establecer un enlace permanente con el Sistema Estatal de Búsqueda.

En otros temas, las buscadoras buscan reforzar las obligaciones estatales en materia de protección, por lo que intentan modificar la Ley en la materia.

Quizá una de las preocupaciones más importantes del movimiento es la crisis forense en el estado, por lo que la principal reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado es la relacionada con la independencia de los servicios periciales, que tiene la intención de impulsar un modelo de identificación humana que sea independiente de la Fiscalía, ya que no se confía en sus procesos y a que no ha proporcionado información sobre la crisis forense que se vive en el Estado.

A una semana de haberse instalado esta 65ª Legislatura, el Movimiento se ha reunido ya con 4 de los 5 Grupos y Representaciones Parlamentarias con excepción del partido mayoritario, el PAN, que pese a que se ha hecho la solicitud no ha confirmado el diálogo. Además, se ha pedido a la Junta de Gobierno y Coordinación Política que formalmente establezcan un diálogo con las víctimas en su calidad de órgano de deliberación política. Se le pide, entre otras cosas, que presente como Iniciativa Conjunta la que reforme la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, tal como sucedió cuando se aprobó esta Ley en 2020.

¿Estará dispuesto el PAN a escuchar a las víctimas?

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.

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