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La Asesoría Jurídica Federal para la atención de Víctimas. Necesidades para su consolidación
La Asesoría Jurídica Federal, así como sus correlativas en las entidades federativas, deben tener la encomienda de acompañar a las víctimas desde una lógica que atienda a todas las dimensiones del hecho victimizante, justo para minimizar la revictimización y alcanzar la reparación integral. Por ello el presupuesto que apruebe la Cámara de Diputados para el año 2015 debe hacerse cargo de las necesidades de las víctimas.
Por Carlos Ríos Espinosa
18 de septiembre, 2014
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A partir de la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) empezaron los trabajos para la conformación de una de sus unidades claves para la atención a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos: la Asesoría Jurídica Federal.

Muchos se preguntan por qué es necesaria una nueva institución que proporcione representación jurídica a las víctimas. Entre los comentarios que se suelen escuchar es que existen ya en nuestro país instituciones que se encargan de dar asesoría a víctimas del delito de violaciones a derechos humanos, específicamente las instituciones del Ministerio Público y de las Comisiones de Derechos Humanos.

Aunque ciertamente dichas instituciones cumplen un papel fundamental para la atención a víctimas, no debe olvidarse que su principal cometido es la obtención de información y la documentación de casos. Su tarea y su lógica institucional se dirigen a lograr instruir los casos sobre la base de investigaciones y recopilación de datos que sirvan para fincar responsabilidades de diversa índole. Ciertamente también tienen un cometido restaurativo mediante la utilización de los mecanismos alternativos, como las conciliaciones y otras formas de resolución de conflictos. Sin embargo, la historia de estas instituciones, hasta ahora, no se ha distinguido por proporcionar un acompañamiento integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos fundamentales. La incorporación que la Ley General de Víctimas hace del concepto de reparación integral, que en los últimos 20 años ha venido construyéndose por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en buena medida delinea las características y el perfil que tiene que tener el asesor jurídico como acompañante psicosocial de las víctimas.

En efecto, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, la reparación integral comprende “las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”. Este concepto en buena medida se ha venido acuñando a partir del tratamiento que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como el de Aloeboetoe vs. Suriname. Debe reconocerse que el hecho victimizante tiene consecuencias en múltiples áreas de la vida: “Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas (…) Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos”. (Sentencia de reparaciones y costas, septiembre de 1993, párrafo 48).

Cuando una persona es víctima directa o indirecta de un delito de alto impacto, como el secuestro, la trata de personas; o de una violación grave a derechos humanos como la desaparición forzada o la tortura, toda su dimensión vital se ve trastocada. El proceso para regresar las cosas al estado que guardaban antes del hecho victimizante es complejo e, incluso, cuando resulta exitoso, con frecuencia es a costa de mucho dolor. Desafortunadamente cualquier proceso es, por regla general, revictimizante.

La Asesoría Jurídica Federal, así como sus correlativas en las entidades federativas, deben tener la encomienda de acompañar a las víctimas desde una lógica que atienda a todas las dimensiones del hecho victimizante, justo para minimizar la revictimización y alcanzar la reparación integral. Por eso, en el artículo 166 de la Ley General de Víctimas, se prevé que esta institución esté integrada no sólo por abogados, sino por profesionistas de múltiples disciplinas, cuya función debe ser velar por el bienestar de la víctima y su acceso a las distintas medidas de atención, ayuda, protección y reparación desde diversas perspectivas. El perfil del asesor jurídico debe ser el de un profesionista que sepa tener empatía con el dolor y las necesidades de las personas y que pueda reconvertirlos en acciones jurídicas y sociales tendentes a lograr la reparación.

Conseguir los objetivos anteriores no siempre será una labor de abogados, también serán necesarios otros profesionistas que acompañen a la persona en el curso del proceso en situaciones difíciles, por ejemplo, en el reconocimiento de restos humanos u otros eventos que tienen un alto costo emocional y vital. Asimismo, se deberá hacer un acompañamiento para atender situaciones que, si bien no constituyen exactamente un hecho victimizante, tienen una íntima vinculación con él, por ejemplo, cuando la persona se ve imposibilitada para seguir trabajando o continuar sus estudios, o cuando se rompe su dinámica familiar. Todas estas situaciones son como las ondas en el lago de la que habla la sentencia de la Corte. La atención que preste la Asesoría Jurídica debe permitir considerar en toda su complejidad al hecho victimizante, por eso es que urge dotarla con los recursos materiales y humanos necesarios para que pueda brindar un servicio de calidad a las víctimas desde esta perspectiva integral. El presupuesto que apruebe la Cámara de Diputados para el año 2015 debe hacerse cargo de las necesidades de las víctimas.

Actualmente, la Asesoría Jurídica Federal cuenta apenas con 55 abogados que están atendiendo 3717 casos. Si atendemos a las obligaciones que impone la Ley General de Víctimas para contar con un asesor jurídico en cada agencia investigadora del Ministerio Público, Visitadurías Generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en todos los juzgados y tribunales federales, el número de asesores y de profesionistas que proporcionen acompañamiento integral a las víctimas debe ascender a más de 850. Estos números, por supuesto, no incluyen al personal profesional multidisciplinario y al de apoyo administrativo que se requiere para dar operatividad al funcionamiento de la Asesoría.

Hoy por hoy, el Instituto de la Defensoría Pública Federal cuenta con806 defensores públicos y 143 asesores, 923 oficiales administrativos y 46 analistas especializados. Además, un Defensor Público Federal gana en promedio $41,724 pesos, mientras que el salario máximo que percibe un Asesor Jurídico Federal es de $14,000 pesos.

Los números entre ambas instituciones, la Defensoría Pública y la Asesoría Jurídica Federal, tienen que hacerse equiparables a efecto de poder cubrir todas las necesidades de las víctimas y colocarlas en una situación de igualdad. Es necesario que la víctima deje de ser la gran convidada de piedra en los procedimientos que se siguen para la restitución de sus derechos.

 

* Carlos Ríos Espinosa (@espinosa_rios) es Comisionado de Atención a Víctimas.

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