La autoridad militar y los delitos que violentan los derechos humanos - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
La autoridad militar y los delitos que violentan los derechos humanos
La Reforma del Código de Justicia Militar, actualmente discutida en el Senado, debe limitar el papel de la jurisdicción militar, tal como lo indican cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convenios internacionales y el sentido común.
Por José Antonio Guevara
13 de marzo, 2014
Comparte

Por: José Antonio Guevara

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en cuatro sentencias contra el Estado mexicano, se ha ordenado reformar el Código de Justicia Militar para impedir que los casos de violaciones a los derechos humanos puedan ser juzgados por tribunales militares (Casos Radilla PachecoRosendo Cantú y otraFernández Ortega y otrosCabrera García y Montiel Flores).

Desde hace un poco más de un año, el Senado de la República ha propiciado discusiones en torno a una iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar, para lo cual se han celebrado varias sesiones de trabajo, audiencias públicas con diferentes sectores (la más reciente el 27 de febrero de 2014 con representantes de las fuerzas armadas) y se han producido diversas versiones de dictamen para reformar dicho código.

Las personas que integran dicho órgano legislativo y que están involucradas tienen el reto de acordar una reforma a la jurisdicción militar que se ajuste a las obligaciones de México en materia de derechos humanos, así como también que cumpla con lo ordenado por las sentencias de la CoIDH.

Dicho tribunal ha señalado que la jurisdicción militar en los Estados democráticos tiende a reducirse o incluso a desaparecer, particularmente en tiempos de paz. En los países que la conservan, su uso debe ser mínimo y con pleno respeto a los principios y garantías del derecho penal moderno, lo que implica el respeto de los derechos del debido proceso. En ese contexto, en su jurisprudencia reiterada ha señalado que la jurisdicción militar debe conocer de asuntos exclusivamente relacionados a faltas que afecten bienes jurídicos propios al orden o disciplina militar (Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrafo 272), lo cual excluye, sin duda, delitos como por ejemplo ejecuciones extrajudiciales (homicidio cometido por funcionario público), feminicidio, lesiones, tortura, desaparición forzada de personas, violación sexual, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre muchos otros. Los delitos que tutelan bienes jurídicos como la libertad, la dignidad, la integridad personal, cuando son cometidos en campaña o en caso de conflicto armado declarado o de hecho no pueden ser de la competencia de los tribunales militares sino ordinarios.

Lo anterior implica que la víctima no tiene que ser exclusivamente civil. Es decir, cuando efectivos militares cometen esa clase de crímenes en contra de cualquier persona, sea militar, combatiente o civil, en tiempos de paz, de conflicto armado declarado o de hecho, la investigación, el procesamiento y el castigo deben ser llevados a cabo por autoridades y tribunales estrictamente civiles que, dicho sea de paso, deben ser imparciales e independientes.

Los esfuerzos por modificar el Código de Justicia Militar debe tener por objeto limitar la competencia de los tribunales militares de manera que las violaciones a los derechos humanos no puedan considerarse como “medio legítimo y aceptable para el cumplimiento de la misión castrense”; es decir, ninguna conducta por parte de militares que afecte por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y al reconocimiento a la personalidad jurídica, puede ser calificada como actividad lícita dentro del actuar militar, ni aún en casos de conflicto armado o campaña militar (Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrafo 277).

Por consiguiente cualquier redacción que se promueva del Código de Justicia Militar debe cumplir con lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuatro sentencias mencionadas. En este contexto, debe establecerse que los delitos que tutelen como bienes jurídicos los derechos humanos como lo son la prohibición de la tortura, de la desaparición forzada, de las ejecuciones extrajudiciales, entre otros, cuando sean cometidos por militares deben ser conocidos por tribunales civiles. La jurisprudencia interamericana ha señalado que la jurisdicción penal militar “[…] no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria […]”. (Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrafo 273)

Tampoco es aceptable que en la legislación penal militar se pretenda distinguir entre delitos cometidos por funcionarios de las fuerzas armadas contra civiles de aquellos que se cometen contra militares. El derecho al juez natural es un derecho humano que no se pierde por la calidad de militar. En este sentido, la CoIDH ha reconocido que no sólo los imputados sino también las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares tienen el derecho a participar en el proceso en tribunales ordinarios civiles, para garantizar su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación por las violaciones a los derechos humanos (Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrafo 275). Además, algunos tratados internacionales (como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas) obligan a México a “lograr la efectiva sanción de los autores del delito”, a través del respeto al derecho al juez natural, es decir al juez común (ordinario, civil) debido a que los bienes jurídicos protegidos con el tipo penal como por ejemplo la vida, la integridad y la libertad, “trasciende los intereses militares” (Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrafo 309).

En la audiencia celebrada en las instalaciones del Senado de la República, el pasado 27 de febrero de 2014, funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina argumentaron que es mejor que los procuradores militares tengan facultades para investigar delitos que se cometen en territorios lejanos, debido a que la Procuraduría General de la República no tiene presencia muchas veces en esos lugares.

La experiencia reciente nos ha mostrado que las fuerzas armadas mexicanas, cuando cometen crímenes atroces, han restringido el acceso al lugar de los hechos a las autoridades civiles, han destruido evidencia y obstaculizado la investigación, han colocado armas, han alterado los cuerpos de las víctimas  y las escenas de los crímenes,  y han preservado indebidamente evidencias (para una aproximación a estos problemas véanse recomendaciones de la CNDH 38/2006, 61/2010, 42/2011, 45/2010, 59/2011). Por consiguiente, el Código de Justicia Militar reformado debe prohibir que las autoridades militares lleven a cabo diligencias que puedan afectar la investigación de violaciones graves de derechos humanos. La CoIDH ha subrayado que el procedimiento penal es uno solo, lo que significa que se integra de diversas etapas que inician con la investigación, seguida de la primera instancia y demás instancias posteriores. En ese contexto, “el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias procesales” (CoIDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrafo 280).

En otras palabras, la investigación de un delito que implique la violación a un derecho humano debe hacerse por el ministerio público federal (no militar), lo que significa que solo la autoridad civil debe recabar la pruebas y llevar a cabo las demás actuaciones relativas a la procuración de justicia que se integrarán posteriormente al proceso penal.

Además, las reformas al Código de Justicia Militar deben traer como resultado ofrecer claridad y certeza respecto de los delitos que tutelan la disciplina militar y que la determinación de cuando se está frente a un delito militar sólo puede pronunciarse por autoridad civil.

En la multialudida audiencia del pasado 27 de febrero se discutió también la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar para adecuarlo a la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal, así como para garantizar el debido proceso en el contexto de las actuaciones de los tribunales militares. Sin embargo, en sus participaciones se olvidó mencionar que uno de los pilares de dicho derecho consiste en el derecho de toda persona a ser juzgado por jueces competentes, imparciales e independientes.

Si bien en la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco no se refiere a la independencia e imparcialidad de los jueces, fiscales (ministerios públicos) y abogados que participan en los procesos instaurados por los tribunales militares (CoIDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrafo 282), la CoIDH ha señalado en otros casos que los Estados deben asegurar a través de sus leyes que los funcionarios públicos que tengan autorización para ejercer funciones jurisdiccionales deben cumplir con los requisitos o características de “imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas” (Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010,  Serie C No. 218, párrafo 108). Por consiguiente, el Senado debe garantizar que dicha imparcialidad e independencia se refleje en el orden jurídico castrense.

En suma, México está frente a una coyuntura histórica para que se reforme el Código de Justicia Militar tal como lo ha ordenado la CoIDH, así como para contribuir a romper uno de los eslabones de la impunidad. Después de que sea acotada la competencia de dicha jurisdicción, los integrantes de las fuerzas armadas que hayan cometido crímenes atroces no podrán esconderse más en las faldas de los tribunales militares.

 

* José Antonio Guevara es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.