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La Corte Penal Internacional y los crímenes cometidos en México a partir de diciembre de 2006
Por José A. Guevara B.
17 de octubre, 2011
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Por: José A. Guevara B.*

Hace unos días un grupo de especialistas dieron a conocer a la opinión pública sobre la solicitud -firmada por cerca de 20,000 personas- que será presentada el 25 de noviembre próximo a la Corte Penal Internacional (CPI) para que conozca de los crímenes que se han cometido en México a partir del 13 de diciembre de 2006, fecha en la que el Presidente Felipe Calderón instruyó a las fuerzas de seguridad pública y seguridad nacional -en su calidad de “Comandante Supremo”- “a combatir con mano firme al crimen organizado y a todo criminal”.

México es parte del Estatuto de Roma, que crea la CPI (en adelante el “Estatuto”) desde el 28 de octubre de 2005, por lo que le reconoce competencia a dicho tribunal para juzgar los crímenes de agresión, genocidio, lesa humanidad y guerra que se hubieren cometido en el territorio del país a partir de esa fecha o por sus nacionales en cualquier lugar del mundo.

La CPI es un tribunal internacional permanente que juzga personas por su responsabilidad penal individual. La jurisdicción de la CPI puede ser activada solamente a solicitud de un Estado, del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas o de oficio por el mismo Fiscal (artículo 13 incisos a), b) y c) del Estatuto). Al día de hoy tres países han solicitado la activación de la jurisdicción de la CPI: República Democrática del Congo, Uganda y la República Centroafricana. El Consejo de Seguridad, por su parte, ha solicitado a la CPI que investigue los crímenes cometidos en Darfur, Sudán.

Con relación a la facultad de oficio del Fiscal de iniciar investigaciones, cualquier organización intergubernamental, no gubernamental u otras fuentes fidedignas pueden suministrar información. El Fiscal podrá hacerse de mayores elementos, incluso mediante testimonios escritos u orales que podrán presentarse en la misma sede de la CPI en La Haya, Países Bajos. Además deberá analizar la veracidad de la información si desea iniciar de oficio una investigación sobre los crímenes de competencia de la CPI (artículo 15 del Estatuto).

Al mes de mayo de 2011, la oficina del Fiscal de la CPI ha recibido 9,214 comunicaciones de personas con información –como la que han presentado recientemente respecto de los crímenes cometidos en México. Sobre ellas se tiene conocimiento que actualmente el Fiscal conduce exámenes preliminares sobre las situaciones de entre otros Afganistán, Georgia, Palestina, Korea, Colombia y Honduras. Lo anterior evidencia que la CPI no sólo conoce de crímenes cometidos en casos tradicionales de conflictos armados entre fuerzas de un Estado y guerrillas, sino también de situaciones en todos los continentes -no sólo del africano- y una gran diversidad de formas de violencia que pueden llegar a configurar crímenes de su competencia, también en la región de América Latina e incluso de países que tienen importante cooperación de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, sobre Colombia se ha hecho de conocimiento público que el Fiscal de la CPI desde 2006 da seguimiento a la situación por los presuntos crímenes cometidos por líderes paramilitares, políticos, líderes de la guerrilla y personal militar. Por lo que se refiere a Honduras, el Fiscal hizo público que desde noviembre de 2010 da seguimiento a la situación por las múltiples comunicaciones recibidas relativas a casos de tortura y arrestos masivos de personas.

Se debe tener presente que si el Fiscal concluyera que la información suministrada por organizaciones e individuos es suficiente y constituye una base razonable para iniciar una investigación, tendrá que obtener una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, ante quien las víctimas podrán presentar observaciones. Sólo hasta que se haya otorgado dicha autorización, el Fiscal podrá iniciar formalmente la investigación y las personas que hayan suministrado información serán notificadas del inicio de las investigaciones.

Por otro lado, se debe aclarar que la información presentada se sustenta en el hecho que a partir de la llamada “declaración de guerra al crimen” del Presidente Calderón, se han cometido en México crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por lo que se refiere a estos últimos, la propia CPI ha señalado que este tipo de conflictos existe cuando se presenta violencia armada extendida o prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre dichos grupos entre sí dentro de un Estado, lo cual implica que dichos grupos cuenten con la habilidad de planear y llevar a cabo operaciones militares por un periodo de tiempo prolongado (Caso El Fiscal vs. Thomas Lubanga Dyilo. Situación en la República Democrática del Congo; ICC-01/04-01/06, párrafos 233 y 234).

Por crímenes de lesa humanidad se entienden una serie de conductas como por ejemplo el asesinato, la tortura, la desaparición forzada de personas, entre otras, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque (artículo 7 del Estatuto).

En la remisión de información sobre la situación de México, se le atribuye responsabilidad directa tanto a las fuerzas armadas y de seguridad como al crimen organizado; en concreto a los jefes militares o políticos de dichas entidades, incluido el Presidente de la República por los crímenes cometidos por las fuerzas armadas.

La Corte está pensada como un tribunal que conocerá los peores crímenes de trascendencia para la humanidad, lo que implica que buscará combatir la impunidad de quienes representan el mayor nivel de responsabilidad. Conforme al Estatuto, la CPI podrá juzgar no sólo a los responsables materiales y mediatos, sino que se centrará en los funcionarios de mayor nivel jerárquico de las estructuras de las organizaciones criminales o Estados, por ser quienes normalmente gozan de impunidad en sus países, al no poder o querer ser investigados y procesados por los aparatos de justicia, ya sea porque gozan de inmunidad de facto o fuero (como es el caso de los jefes de Estado o de Gobierno) o porque los fiscales y tribunales no gozan de la independencia e imparcialidad necesaria (por ejemplo, la dependencia del Procurador General de la República al Ejecutivo Federal o la dependencia de los tribunales militares al Secretario de la Defensa Nacional). La CPI cuenta además con figuras de responsabilidad, como por ejemplo la de los jefes y otros superiores (artículo 28 Estatuto), que permiten llevar a la justicia a los más altos responsables de la estructura de la organización criminal o del gobierno. Esta causal de responsabilidad penal es atribuible, por ejemplo, al jefe militar o el que actúe efectivamente como tal, por los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando o autoridad y control efectivo, por no haber ejercido control sobre los mismos en caso que hubiere sabido o hubiere debido saber que sus subordinados estaban cometiendo crímenes o se proponían cometerlos y no hubiere tomado todas las medidas a su alcance (necesarias y razonables) para prevenir o reprimir dichos delitos o bien para hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes con miras a la investigación y enjuiciamiento. Por lo anterior, si el “comandante supremo” tuvo conocimiento de que sus subordinados cometieron delitos y no hizo nada para que se investigaran, procesaran y castigaran adecuada y efectivamente por tribunales de justicia (imparciales e independientes), será también responsable de dichos ilícitos por su calidad de jefe militar.

La CPI es un tribunal que conoce de los crímenes una vez que se haya demostrado que los tribunales nacionales del país no hayan querido o no hayan podido juzgar a los responsables. Es lo que se conoce como el principio de complementariedad. Implica que la CPI solo actuará cuando las instituciones de justicia nacionales -en el caso las procuradurías, tanto general, como de justicia locales y los tribunales- no quieran o no puedan investigar, procesar y castigar a los más altos funcionarios y dirigentes de las organizaciones criminales responsables de haber cometido crímenes de su competencia.

No hay sentencias firmes que establezcan castigos ejemplares a los responsables de haber cometido los crímenes de guerra y de lesa humanidad en México a partir del año 2006, ni por los cometidos por las fuerzas armadas (En la sección de personal militar procesado y castigado de la página de la Secretaría de la Defensa Nacional no aparece ninguno), ni tampoco de los cometidos por el crimen organizado.

Por todo lo anterior, es plausible que el Fiscal de la Corte examine preliminarmente la situación de México y –conforme a sus reglas de operación- busque impulsar lo que se conoce como la complementariedad positiva, que implica que tendrá una política proactiva de cooperación con las autoridades encaminada al enjuiciamiento de los responsables por tribunales nacionales, mexicanos o de otros países con jurisdicción para ello. Sin embargo, como es factible que no encuentre respuestas contundentes por las autoridades del país y no habrá disposición alguna por lo menos de buscar enjuiciar a los más altos funcionarios del gobierno, ni a los líderes de los grupos criminales organizados, tendrá que solicitar la activación de la jurisdicción de la CPI ante la sala de cuestiones preliminares para iniciar formalmente las investigaciones.

José A. Guevara B. Es Doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Dedicado a la promoción y defensa de los derechos desde diferentes sectores. Actualmente es Secretario de Vinculación con Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entre otros puestos públicos fue titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (mayo 2009 a julio 2010). Asimismo, fue Coordinador para América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional (2002-2004). Twitter: @JoseAGuevaraB

 

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