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La Corte combate la opacidad judicial: un antes y un después
Antes eran los propios jueces, juezas y tribunales quienes determinaban qué información contenida en las sentencias valía la pena difundir a la sociedad; ahora, es la ciudadanía la que tiene el poder de observar y evaluar el desempeño y labor de todas las y los jueces en México.
Por Fátima Gamboa
5 de febrero, 2021
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comenzado a dar pasos firmes rumbo a una justicia abierta en México, a través de la reciente resolución del amparo promovido por el colectivo #LoJustoEsQueSepas. Con el fallo que emitió el pasado 03 de febrero, la Corte redirecciona responsabilidades, nivela a la ciudadanía frente al Poder Judicial y advierte la importancia de las sentencias, no solo por su contenido sino por su naturaleza. Desde EQUIS Justicia para las Mujeres, te presentamos el antes y el ahora de esta histórica resolución:

Antes

Las personas que querían conocer las sentencias tenían que realizar solicitudes de acceso a la información a través de las plataformas de transparencia. Este trámite muchas veces era complejo, tardado y no siempre los tribunales entregaban la información requerida, mucho menos de forma completa, actualizada y/o de manera oportuna. Más aún, muchos de los poderes judiciales consideraban que el derecho a la información sobre las sentencias quedaba garantizado al simplemente responder dichas solicitudes (lo cual es bastante restrictivo).

Ahora

De acuerdo con la señalado por la Corte, para garantizar el derecho de información judicial no basta con la respuesta que dé un tribunal a una solicitud de acceso a la información realizada por un particular; con objeto de efectivamente garantizar dicho derecho, ahora los poderes judiciales tienen la obligación de publicar en sus portales de transparencia -de manera periódica y actualizada- las versiones públicas de todas las sentencias, sin necesidad de que exista una solicitud previa. Con esto constatamos que el derecho de acceso a la información no recae únicamente en la acción ciudadana de pedir información, sino en la obligación judicial activa de tener esta información disponible para todas las personas.  

Antes

Los poderes judiciales no publicaban las sentencias, pues interpretaban que ninguna o pocas contenían información de “interés público”. En nuestro informe (In)Justicia Abierta, documentamos que existían, al menos, 5 interpretaciones restrictivas sobre el significado de este concepto, por ejemplo: en Yucatán solo eran consideradas de interés público las sentencias que establecían “preceptos obligatorios”; en Ciudad de México únicamente aquellas sentencias más “notables y de calidad”; en Zacatecas las que fueran de “trascendencia nacional” (y, dado que lo que se resuelve en ese Poder Judicial es materia local, no publicaban ninguna). Como se puede observar, esta situación originó que los tribunales publicaran pocas o ninguna de sus sentencias.

Ahora

Con la resolución de la Corte, sabemos que todas las sentencias son de interés público, no por la trascendencia, su impacto generalizado o el tipo de argumento realizado, sino por la importancia que guardan. Así, el máximo tribunal de justicia considera que todas las sentencias contienen información relevante para la sociedad pues permiten conocer qué conductas están permitidas, prohibidas u ordenadas por las normas, y contienen información útil para que, como ciudadanas, podamos conocer las actividades esenciales de los poderes judiciales. Esto favorece que comprendamos la forma en que los y las juezas interpretan, razonan y aplican los derechos, y así poder monitorear o evaluar el desempeño de las personas que imparten justicia.

Antes

Conforme a los lineamientos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) -aún vigentes-, las sentencias que deben publicarse son aquellas que contengan “puntos controvertidos de importancia jurídica y social” o “sentencias que se consideren de asuntos trascendentales para la nación”, lo que supone que hay sentencias que no son importantes y que, por ende, no deberían publicarse.

Ahora

Estos lineamientos tienen que modificarse, por ser restrictivos al derecho a la información judicial. Ahora sabemos que la importancia de las sentencias no radica en las características de su contenido, sino en la propia importancia y naturaleza que tienen. Antes eran los propios jueces, juezas y tribunales calificando, desde su perspectiva legal y jerárquica, qué información contenida en las sentencias valía la pena difundir a la sociedad; ahora, es la ciudadanía la que tiene el poder de observar y evaluar el desempeño y labor de todas las y los jueces en México.

Desde Equis Justicia para las Mujeres celebramos que, después de más de 190 años de que los poderes judiciales operaran de manera cerrada, vertical y patriarcal, las lógicas institucionales y las narrativas en el ejercicio y garantía de los derechos estén cambiando. Esto abre paso a la construcción de narrativas de justicia desde la propia población y a emprender ejercicios de auditoría judicial ciudadana que permitan refrescar las estructuras, interpretaciones y prácticas judiciales injustas, en planos de horizontalidad. El camino hacia la justicia abierta apenas comienza y sólo podrá ser si es feminista.

* Fátima Gamboa (@_FatimaEk) es codirectora de @EquisJusticia.

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