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La Declaración Especial de Ausencia por Desaparición
La Ley Federal de DEA es un importante adelanto para el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y un mecanismo amplio para la protección de los derechos de sus familiares, pero existen ciertos obstáculos en su implementación que ha impedido, en los hechos, que la misma se convierta en una herramienta efectiva para las familias.
Por Ximena Ugarte y Rafael Heredia
21 de febrero, 2020
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La desaparición de personas (en su modalidad de forzada o cometida por particulares), es un delito múltiple y pluriofensivo que violenta tanto los derechos humanos de la persona desaparecida, como los de sus familiares o personas cercanas. Si bien la exigencia se centra en la búsqueda y localización de la persona desaparecida, en la debida investigación del delito, así como en obtener verdad y reparación, subsisten a estas demandas problemáticas que en pocas ocasiones se visibilizan relacionadas con los ámbitos laborales, patrimoniales, civiles, familiares, tributarios y mercantiles de las personas víctimas directas de la desaparición, que afectan de múltiples maneras la vida cotidiana de las familiares que exigen justicia.

Estas problemáticas se traducen en ejemplos concretos como la patria potestad o guarda y custodia de las y los hijos de la persona desaparecida, la continuidad de derechos laborales y de seguridad social, el cumplimiento de obligaciones mercantiles o bancarias, garantías para la protección de su patrimonio y/o derechos adquiridos, salvaguarda de fondos de ahorro, entre otros, que se convierten en problemas que las familias de la persona desaparecida tiene que solventar con medios propios o bien, resignarse a la pérdida de los derechos civiles, familiares o patrimoniales de la persona desaparecida.

Ante ello, el marco jurídico nacional no tenía una respuesta adecuada a los principios y estándares internacionales relacionadas con este delito, en particular el principio de presunción de vida, por lo que la única opción que se dejaba a las familias eran las figuras de Declaración de Ausencia y la de presunción de muerte1, para así justificar ante instancias gubernamentales o privadas que su familiar no podía cumplir con sus obligaciones o exigir de manera personal sus derechos, siendo esta entonces la única forma jurídica que tenían las familias para proteger y garantizar los derechos familiares, civiles o patrimoniales de la persona desaparecida.

Derivado de lo anterior y ante la exigencia de familiares y colectivos, se incluyó en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP) la figura de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición (DEA), que tiene por finalidad reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares de la persona desaparecida.2

Entre las principales diferencias que existen entre la Declaración de Ausencia y Presunción de Muerte con la DEA se encuentra el hecho de que las primeras presumen la muerte de la persona ausente, mientras que la DEA presume la vida de la persona desaparecida y garantiza que el Estado en su conjunto continúe con la búsqueda y la localización de la persona desaparecida, así como con la investigación correspondiente.

Otra diferencia relevante es en relación con los plazos establecidos, mientras que para lograr obtener una declaración de ausencia se debe esperar de dos a tres años y para el caso de la presunción de muerte al menos otros seis años después de haber obtenido la declaración de ausencia (salvo ciertas excepciones muy específicas como desaparición por incendio, explosión, terremoto u otros), en el caso de la DEA se tiene un plazo de tres meses a partir de la denuncia, reporte o queja de desaparición para solicitarla y el juez deberá resolver sobre la misma en un plazo que no exceda los seis meses.

Actualmente, la DEA se encuentra regulada a nivel federal por la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia y en algunas legislaciones locales en la materia.

El objeto de la Ley Federal es señalar los efectos de la DEA hacia la persona desaparecida, los familiares o personas legitimadas por ley; reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida; brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida; así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares.

Si bien la Ley Federal de DEA es un importante adelanto para el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y un mecanismo amplio para la protección de los derechos de sus familiares, existen ciertos obstáculos en su implementación que ha impedido, en los hechos, que la misma se convierta en una herramienta efectiva para las familias.

En primer lugar, las autoridades encargadas de conocer y resolver sobre este procedimiento son los jueces federales y locales en materia civil, quienes en muchos casos no están familiarizados ni sensibilizados sobre el fenómeno de desaparición en México, ni sobre las principales necesidades de los familiares o sobre la aplicación de principios de protección y garantía considerados dentro de esta figura, con lo que se corre el riesgo que los efectos declarados puedan ser más bien restrictivos.

Otro problema tiene que ver con el desconocimiento de esta figura por las autoridades locales que tienen facultades para solicitarla (Ministerios Públicos, Comisiones Locales de Búsqueda y Comisiones de Derechos Humanos), quienes en ocasiones siguen bajo los parámetros de la presunción de muerte, además de que desconocen sus alcances o el procedimiento mismo. Además, no se ha generado por parte de las instancias gubernamentales una difusión amplia de esta legislación, lo que se traduce en que las familias desconocen sobre esta herramienta y no la utilizan.

En el caso de ciertas autoridades, como ministerios públicos y asesores legales de la comisiones de víctimas, resulta una obligación informar de esta figura a los familiares, y en su caso realizar su solicitud ante el juez competente a petición de las familias, situación que en muchos casos no se actualiza.

En este sentido, desde el IMDHD hemos realizado acciones encaminadas a la mejor comprensión y mayor aplicación de esta figura, incluyendo capacitaciones a colectivos de familiares de personas desaparecidas y a autoridades competentes, principalmente en el estado de Veracruz. De igual forma, hemos desarrollado una guía básica con casos prácticos para su mejor entendimiento, la cual puede ser consultada acá.

Sin duda, la DEA es un adelanto en el reconocimiento de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, que tiene importantes retos por delante, en el marco de un contexto grave de desapariciones en México. Su implementación adecuada concierne a autoridades, organizaciones, colectivos y familiares. Para ello, un primer paso es el conocimiento de los objetivos y alcances de dicha figura, la capacitación a las diversas autoridades competentes dentro de las distintas etapas del procedimiento y la publicidad de sus alcances hacia todas las autoridades, estatales y nacionales, para su debido cumplimiento.

* Ximena Ugarte (@ut_ximena) y Rafael Heredia (@raheag) son abogados en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia @IMDHyD.

 

1 La Declaración de Ausencia y la Presunción de Muerte, se encuentran reguladas por el Código Civil Federal y Códigos Civiles Locales; la primera tiene como presupuesto que la ausencia de la persona se debía por voluntad o causas ajenas a dicha persona, pero no presuponía la comisión de un delito. Por su parte, la presunción de muerte, no declara propiamente el fallecimiento, sino sólo la presume y se actualiza después de transcurrido cierto tiempo de la ausencia.

2 Artículo 145 de la LGMDFP.

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