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La desaparición forzada de niñas y mujeres
Si bien como defensoras, organizaciones acompañantes de procesos y peticionarias de AVGM comprendemos que la desaparición va mucho más allá de una cifra, consideramos de suma relevancia visibilizar con un enfoque diferenciado la magnitud que esta problemática representa para las niñas y mujeres mexicanas.
Por Ximena Ugarte y Silvia Chica
30 de enero, 2020
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La desaparición de personas, tanto en su modalidad forzada, como la cometida por particulares, resulta un delito grave y de lesa humanidad que ha causado una situación de emergencia a nivel nacional por el crecimiento de este fenómeno en los últimos años. Esto ha generado acciones del gobierno federal y estatales para tratar de dar una atención adecuada y un esfuerzo importante para cumplir con estándares internacionales en la materia.

La atención integral de este delito requiere acciones, políticas e instituciones particulares, distintas a las requeridas para otro tipo de delitos, como lo son por ejemplo el cumplimiento del Protocolo Homologado de Investigación, la atención adecuada e inmediata para la búsqueda en vida de personas, mecanismos forenses específicos para la búsqueda post mortem, lineamientos especiales para la atención a las víctimas indirectas, así como protocolos especiales de atención de las víctimas directas que logran regresar a casa, entre otras.

Dentro de este cúmulo de obligaciones, se encuentra el del enfoque diferenciado para la búsqueda y la investigación cuando la persona desaparecida se trata de una niña o mujer, misma que se encuentra inserta en la Ley General de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por particulares y Sistema Nacional de Búsqueda y el Protocolo Homologado de Investigación; lo anterior, en atención y reconocimiento de que la desaparición de niñas y mujeres es un forma de violencia contra ellas, la cual no puede ni debe ser abordada ni atendida de la misma forma que el feminicidio o la violencia sexual, aun cuando puedan estar relacionados.

Lo anterior tiene relevancia en tres elementos específicos. Respecto a la búsqueda, la misma se debe de atender bajo el principio de búsqueda en vida, por lo que las acciones que se emprendan deben estar situadas en contextos específicos de violencia contra las mujeres, incluyendo diversas hipótesis de la desaparición, como lo pueden ser la trata para fines sexuales o el feminicidio.

Respecto a la investigación, esta debe seguir hipótesis claras relacionadas con la violencia contra las mujeres, máxime tratándose de contextos de alto riesgo, para generar un plan de investigación adecuado, con enfoque diferenciado de género.

Por último, no menos relevante es la atención a las víctimas indirectas de este delito, quienes en su mayoría son mujeres, que al encontrarse inmersas en los procesos de búsqueda e investigación de sus familiares, sufren graves menoscabos en sus derechos económicos, sociales y culturales, por lo que requieren de una atención con enfoque diferenciado tanto por su género, como por la situación particular en la que se encuentran en relación con este delito.

En el marco de este contexto y de las obligaciones que el Estado mexicano ha asumido al respecto, se encuentra el de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, mismo que si bien ha implicado un importante avance para reconocer la dimensión del problema, ha sido limitado en tanto que aún no se logran presentar datos de consulta pública con una metodología homogénea que garantice que las diferentes instituciones de procuración de justicia reporten y actualicen en tiempo real. Es decir, que las cifras actuales aún están en revisión y pueden no dimensionar de manera veraz el problema.

Pese a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentaban cifras oficiales desglosadas por entidad federativa desde abril de 2018 sobre esta problemática, desde el IMDHD nos parece importante analizar la última información oficial presentada poniendo nuestra atención en la desaparición de niñas y mujeres.

En las nuevas cifras presentadas por la Comisión Nacional de Búsqueda el pasado 6 de enero y cuyo corte es el 31 de diciembre de 2019, resaltan los siguientes datos sobre mujeres desaparecidas o no localizadas:

LOS MAYORES NÚMEROS: Existen 23 estados que reportan más de cien casos de mujeres desaparecidas, siendo Nuevo León, Jalisco, Puebla, Tamaulipas y Estado de México los que concentran el mayor número, con más de 1000 casos de niñas y mujeres.

 SUPERACIÓN DEL PORCENTAJE NACIONAL: Según el análisis de las cifras, 19 estados del país reportan un mayor porcentaje de mujeres desaparecidas que el promedio nacional de 26%.

Fuente: Mapa desarrollado a partir de cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda 6 de febrero de 2020.

AUMENTO PROPORCIONAL DEL ÚLTIMO AÑO: En el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 a 31 de diciembre de 2019, diez estados presentaron un alto número de mujeres desaparecidas, superando la concentración de casos en este periodo en más del 10% reportado frente al total histórico de casos de cada estado.

Fuente: Mapa desarrollado a partir de cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda 6 de febrero de 2020.

La desaparición de niñas y mujeres forma parte de la violencia feminicida que impera en el país. El estudio y la comprensión de las causas de la comisión de este delito contra ellas debe ser un elemento sustancial para atenderlo de manera adecuada y diferenciada, fortalecer los mecanismos e instituciones encargadas de la búsqueda e investigación, así como extender y atender de manera inmediata los mecanismos de emergencia como las Alertas de Violencia de Género por Desaparición de Niñas y Mujeres -AVGM-.1

Para ello resulta necesario entender la tendencia que presenta esta problemática en cada entidad federativa. Un incremento de los casos en el último año puede estar relacionado con un comportamiento igual de los feminicidios, o bien tener nexos con los casos de trata de niñas y mujeres, situación que al día de hoy no se ha logrado determinar por ausencia de datos que permitan la correlación entre estos delitos y por la falta de análisis de contexto. Otro frente de análisis es considerar qué estados históricamente han tenido mayores reportes y dónde aumenta de nuevo la denuncia (Chihuahua) o bien disminuye drásticamente (Estado de México).

En términos generales los últimos cuatro años son los que han presentado una mayor concentración de casos de personas desaparecidas, no obstante desde el 2017 se reporta un número menor de personas desaparecidas continuando esta tendencia en 2018 y 2019. Ninguno de estos años reporta cifras menores a las del promedio del periodo comprendido entre 2006 y 2016. Todo lo anterior se presenta en los casos de niñas y mujeres desaparecidas.

En el marco de lo expuesto, los datos en que ponemos énfasis son que de los 61 mil 637 casos reportados, 15 mil 835 son de mujeres, lo que equivale al 25.7% del total; a la vez que el rango de edad en el cual se concentra la desaparición de niñas y mujeres en el último año es el de los 15 a los 19 años.

Sin embargo, los reportes oficiales aún presentan muchas dudas, ejemplo de estas son las cifras de la fiscalía de Veracruz comparadas con las del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, ya que este último, de enero a diciembre de 2019, reportó 258 casos de mujeres desparecidas de las cuales 153 siguen sin ser localizadas, frente a 4 casos expuestos en las cifras oficiales.2 También el número reducido de desaparición de niñas y mujeres que reporta el Estado de México en el último año (7) frente a su reporte histórico (3216).

Si bien como defensoras, organizaciones acompañantes de procesos y peticionarias de AVGM comprendemos que la desaparición va mucho más allá de una cifra, consideramos de suma relevancia visibilizar con un enfoque diferenciado la magnitud que esta problemática representa para las niñas y mujeres mexicanas, reconociendo su crecimiento porcentual en los últimos años, incluso en estados donde antes no era tan evidente, y poniendo énfasis en la edad en que son desaparecidas, por su probable relación con otros delitos que violentan de manera grave su derecho de acceso a una vida libre de violencia.

Exhortamos a las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno a que estas cifras no sean una simple estadística y permitan fortalecer las instituciones, las legislaciones y sus compromisos para atender de manera adecuada este problema tan grave, considerando la perspectiva de género y el enfoque diferenciado.

* Ximena Ugarte y Silvia Chica son investigadoras del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (@IMDHyD).

 

1 Como parte de este esfuerzo, el IMDHD es copeticionaria de las AVGM por desaparición de niñas y mujeres, en conjunto con IDHEAS Litigio Estratégico en Estado de México y en conjunto con Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. en el estado de Veracruz.

2 Estos 4 casos se reportan en el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de 1/12/2018 – 31/12/2019.

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