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La diferencia sustancial entre cárteles y terroristas: una afrenta para México
El anuncio del presidente Trump para clasificar a los cárteles de la droga como terroristas es una medida que amenaza y puede afectar seriamente la relación bilateral.
Por Luis Jardón
28 de noviembre, 2019
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No es lo mismo ser un cártel de la droga que un grupo terrorista. Al menos no conforme a la legislación estadounidense, pues la clasificación como terrorista le permite al gobierno de Estados Unidos ejercer una serie de medidas de carácter extraterritorial en México.

Por ello el anuncio del presidente Trump para clasificar a los cárteles de la droga como terroristas, tras la petición que le hizo la familia Lebarón de intervenir en el caso de sus familiares asesinados en México, es una medida que amenaza y puede afectar seriamente la relación bilateral.

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2011, el Congreso estadounidense emitió el llamado PATRIOT Act, acrónimo de “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001”. Ésta es una legislación que autoriza al Ejecutivo estadounidense una serie de medidas para el combate al terrorismo internacional, que incluyen, entre otras, medidas extraordinarias de vigilancia, seguimiento y acceso a registros financieros a los cuales, en circunstancias comunes, las agencias de procuración de inteligencia no tendrían acceso a estas medidas o deberían seguir una serie de procedimientos perfectamente normados para poder hacerlo.

Con base en el PATRIOT Act y una interpretación sesgada de los Convenios de Ginebra, a partir de 2001 las fuerzas armadas y de inteligencia estadounidenses cometieron una serie de abusos fuera del territorio estadounidense. Dentro de éstas se encontraron los procedimientos de detención sin causa probable, las prácticas dentro del centro de detención de Guantánamo y los llamados Hoyos Negros en algunos lugares de Europa, e incluso los altamente cuestionados métodos de interrogación realzados (enhanced interrogation), que no son más técnicas que rayan en la tortura. Si bien estas prácticas fueron repudiadas por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el caso Hamdi v. Rumsfeld, las agencias de seguridad estadounidenses aún pueden realizar una serie de medidas con carácter extraterritorial.

En específico, ciertas disposiciones del PATRIOT Act pueden ser ejercidas dentro del territorio de Estados Unidos pero tener efectos extraterritoriales en México sólo con clasificar a cierto grupo como terrorista. Por ejemplo, conforme a éste, Estados Unidos puede requerir información financiera de individuos a bancos, aún cuando estas cuentas no se encuentren en Estados Unidos. El PATRIOT Act también le permite de manera legal y relativamente sencilla acceder a servidores y computadoras de aquellas personas clasificadas como terroristas. Incluso, con base en éste se pueden establecer métodos de vigilancia y seguimiento a aquellos considerados como terroristas, en perjuicio del derecho a la privacidad.

Con todo ello, en el caso del presidente Trump lo que está de fondo no son los cárteles de la droga o si estos deben ser clasificados como terroristas o no. Lo que este anuncio significa en realidad es que con la tecnología disponible y las facultades que el PATRIOT Act le otorga, Estados Unidos esencialmente podría comenzar a realizar labores de policía en territorio mexicano, sin la necesidad de agentes en México o de pedir alguna anuencia del gobierno mexicano.

Por ello, cuando antes de que fuera anunciada el Canciller Ebrard condenó la posibilidad de que Estados Unidos implementara esta medida no estaba defendiendo a los cárteles o envolviéndose en la bandera mexicana. Lo que estaba y deberá continuar haciendo es repudiar una amenaza frontal a la soberanía mexicana y al derecho a la privacidad de muchas personas en México.

Ante el anuncio del presidente Trump, en un comunicado de prensa la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció ya que buscará tener encuentros de alto nivel “a fin de discutir este tema de suma relevancia para la relación bilateral”. Sin embargo, la labor no será sencilla.

Primero, la Cancillería tendrá que reconciliar su propio discurso. Meses atrás señaló que el tiroteo en El Paso, donde perdieron la vida ciudadanos mexicanos, constituía un acto terrorista y que no había otra forma de entenderlo y procesarlo; presionando a Estados Unidos para que así lo hiciera. Hoy tendrá que realizar maromas de todo tipo para justificar que lo ocurrido a la familia Lebaron no lo es.

Segundo, mientras que la amenaza es real, pareciera no ser más que otra táctica forzada de la administración del presidente Trump para hacer eco en su propio mercado interno y las próximas elecciones. Como la experiencia de las medidas en contra de migrantes en la frontera ya nos dejó en claro, cuando Estados Unidos puede, hace a México entregar mucho sin otorgarle algo sustancial a cambio.

Se viene otro capítulo donde la maña mexicana deberá valer más frente a la fuerza, para que ello no vuelva a ocurrir.

* Luis Jardón (@ljardonp) es profesor de Derecho Internacional Público del CIDE.

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