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La guerra contra las drogas se afianza en el sistema de justicia penal en México
En el marco de la “guerra” contra las drogas, la prisión preventiva ha sido un instrumento perverso para mantener privadas de la libertad a miles de personas sin sentencia por delitos menores de drogas como posesión simple, posesión con ánimo de venta, suministro y comercialización, entre otras.
13 de agosto, 2020
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La madrugada del 30 de julio durante el período extraordinario, el Senado mexicano aprobó en lo general, a través de una discusión opaca y sin ningún ejercicio de parlamento abierto, un dictamen que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y amplía, el ya extenso catálogo de delitos que, según las y los legisladores, ameritan prisión preventiva oficiosa. Recordemos que esta modalidad de prisión preventiva permite que, de forma automática, se prive de la libertad a una persona mientras la o el juez establece si es o no culpable.1

El dictamen, ignora una vez más, la naturaleza excepcional de la prisión preventiva y los estándares desarrollados por organismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos, los cuales reconocen que al ser “la medida más severa que se le puede aplicar a una persona acusada de un delito”, requiere pasar por un test de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y tener la motivación suficiente para evitar que su aplicación sea considerada arbitraria.2

En este nuevo listado de delitos en los que se busca opere mecánicamente la prisión preventiva, se encuentran, a petición del senador Miguel Ángel Mancera, algunos delitos de drogas previstos en la Ley General de Salud englobados bajo la figura de “narcomenudeo” y que son, en principio, competencia del fuero común. Específicamente, las conductas de suministro, aún gratuito, y comercialización de drogas cuando sea inferior a multiplicar por mil, las dosis previstas en la Ley General de Salud en cuatro supuestos: i) quien compra sea menor de edad o una persona con discapacidad; ii) se cometa por parte de servidores públicos; iii) se lleve a cabo cerca de centros educativos, asistenciales o de reclusión, o a menos de 300 metros del mismo o, iv) la conducta sea realizada por personal de salud.3

Bajo estos supuestos se podría enviar automáticamente a prisión a una persona que vende 40 gramos de mariguana a otra cerca de una escuela o a un que suma persona que suministra gratuitamente, tres gramos de cocaína a otra cerca de un centro penitenciario. Es decir, se estaría utilizando la medida cautelar más severa a las personas ubicadas en los eslabones más expuestos de la cadena del mercado de drogas declaradas ilícitas. Esto, además, daría pie al aumento de prácticas como siembra de sustancias psicoactivas y detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional, entidad que parece estar concentrada en el decomiso de pequeñas cantidades de drogas alrededor del país, y las fuerzas armadas que a partir del #AcuerdoMilitarista tienen amplias facultades en materia de detención.

En el marco de la “guerra” contra las drogas, la prisión preventiva ha sido un instrumento perverso para mostrar resultados, pero no relacionados con la investigación de las estructuras del narcotráfico y los eslabones fuertes de la cadena, sino para mantener privadas de la libertad a miles de personas sin sentencia por delitos menores de drogas como posesión simple, posesión con ánimo de venta, suministro, comercialización, entre otras. Esto, se evidencia en los datos publicados por el INEGI en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, el cual refleja los datos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. En dicho Censo se evidencia que la prisión preventiva lejos de ser una excepción, es la regla para afianzar la guerra contra las drogas en el sistema de justicia penal mexicano y afectar el proyecto de vida de miles de personas. Van algunos datos que lo demuestran:

En primer lugar, los datos del INEGI dan cuenta de la disparidad entre las personas en prisión preventiva por narcotráfico frente a las personas en prisión preventiva por narcomenudeo. Es decir, la medida es más utilizada para delitos menores de drogas como posesión simple (delito donde no se puede comprobar el ánimo de venta) que, para delitos de narcotráfico, donde se involucran los operadores de la estructura criminal:

Adicionalmente, frente a delitos de narcomenudeo, la prisión preventiva continúa afectando de forma desproporcionada a las mujeres que se dedican al microtráfico de drogas. Según el Censo de 2019, en centros estatales, más de la mitad de las mujeres privadas de la libertad por delitos de narcomenudeo están en prisión preventiva, mientras que, en los centros federales, son el 36% por ciento. El promedio en ambos fueros da cuenta que el 49% por cierto de las mujeres están privadas de la libertad por delitos de drogas sin sentencia:

Por su parte, el 58% por ciento de los hombres que están privados de la libertad en centros estatales por delitos de narcomenudeo se encuentran en prisión preventiva, mientras que, en centros federales son el 17% por ciento.

Ahora bien, al desagregar los distintos delitos bajo la figura de “narcomenudeo” (posesión simple, posesión con ánimo de venta, suministro, comercialización), se observa que, y el 20% de las personas en prisión preventiva por delitos de narcomenudeo están por posesión simple, mientras que un 11% lo está por posesión con fines de venta y un 10% por comercialización, todos, delitos menores, sin víctima.

No obstante, llama la atención que el 58% por ciento del total de personas en prisión preventiva por narcomenudeo, no están desagregadas en ninguna de las conductas delictivas que engloba dicha figura. Esto quiere decir que, según los datos publicados por el INEGI, a 5.266 personas se les aplica la medida cautelar más intransigente, sin ni siquiera tener claridad sobre la conducta por la cual se les está vinculando a un proceso penal:

Estas cifras dan cuenta que, lejos de extender la prisión preventiva oficiosa para delitos menores de drogas, el Poder Legislativo debería concentrarse en fortalecer la implementación de medidas alternativas con enfoque de derechos para delitos menores de drogas; revisar tipos penales tan ambiguos como la posesión simple de sustancias psicoactivas e impulsar que el dictamen que se apruebe para regular el cannabis, deje por fuera el enfoque punitivo. Finalmente, esperaríamos que las y los legisladores, fueran congruentes con la Ley de Amnistía aprobada en abril pasado, que en su texto reconoce que las personas involucradas en los eslabones más expuestos de la cadena del mercado de drogas declaradas ilícitas, se encuentran en situación de exclusión y vulnerabilidad y que, en vez de ampliar vías para enviarles a la cárcel, el Estado tendría que están diseñando políticas de reinserción social en su favor.

* Adriana Muro (@adrianawall) es Directora de Elementa DDHH (@ELEMENTADDHH), organización de derechos humanos con sede en Bogotá desde 2014 y en CDMX desde 2019, y cuyas líneas de acción se centran en política de drogas y derechos humanos, y en justicia y reparación. La autora agradece a Rob Cortés por la ayuda en el análisis y sistematización de los datos y a Paula Aguirre y Paula Hernández con la visualización de los mismos.

 

1 Jarab, Jan. Seis mitos sobre la prisión preventiva oficiosa. Animal Político, 19 de febrero de 2019. Disponible aquí.

2 Ver, por ejemplo: CIDH. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13 30 diciembre 2013 y Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371.

3 Ver artículo 475 de la Ley General de Salud.

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