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La ministra impedida
Con los vicios de la elección de Ríos Farjat como ministra de la Suprema Corte, no está garantizada la independencia judicial ni el derecho de los gobernados a tener tribunales y jueces autónomos.
Por Carlos G. Guerrero Orozco
24 de enero, 2020
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El 5 de diciembre de 2019 fue cubierta la vacante de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza tras su renuncia al cargo de ministro, por razones que aún permanecen desconocidas por la opinión pública. En esa fecha, el Senado de la República eligió a Ana Margarita Ríos Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, por su cargo previo dentro de la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, encuentra en su camino impedimentos insuperables para ejercer su cargo en la Judicatura.

En los primeros días del mes de diciembre de 2019, la elección de una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de México generó conmoción. No solamente era la sombra de la renuncia de Eduardo Medina Mora y la opacidad de sus motivos, sino también que la terna propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se diferenciaba ligeramente de las que había enviado al Senado durante su sexenio.

Aunque en esa terna aparecían Diana Álvarez Maury –en ese momento subsecretaria de Gobernación– y Ana Margarita Ríos Farjat –entonces jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT)–, el titular del Ejecutivo había también incluido a Ana Laura Magaloni Kerpel, una académica reconocida por la sociedad civil que se distinguía de las otras abogadas contendientes.

El envío formal de la terna al Senado acrecentó la expectativa de que Magaloni, hasta ese momento presidenta de la Comisión Técnica para la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de la Ciudad de México, fuera la próxima integrante del más alto tribunal del país. A su candidatura se sumaron las voces e intenciones de ciudadanos, ciudadanas y colectivos de la sociedad civil1.

El debate legislativo en la Cámara de Senadores –tanto en la Comisión de Justicia, como en el Pleno– atestiguó el ejercicio de mecanismos para seleccionar a mujeres en cargos clave de la Judicatura mexicana y mostró las posturas de cada una de las candidatas a ministras de la Corte. Sin embargo, el proceso estuvo afectado de serias deficiencias al calificar la idoneidad de las personas participantes, lo que impactó negativamente a la independencia judicial.

La independencia judicial en el Alto Tribunal

El principio de independencia judicial está reconocido como un derecho humano2, en virtud del cual los gobernados deben ser escuchados por un juez independiente e imparcial y contar con un recurso judicial efectivo.

El derecho mencionado genera el deber correlativo de protección por parte del Estado, “que se traduce en la obligación de regular mecanismos de selección que, independientemente de la forma que adopten, incorporen salvaguardas adecuadas que conduzcan hacia ese resultado y sean respetuosos del principio de igualdad y no discriminación3.

En materia de nombramientos de ministros de la Suprema Corte, hace más de dos décadas fue reformada la Constitución para evitar que un político que había ocupado un cargo en la Administración Pública –a las órdenes del presidente– fuera inmediatamente después ministro de la Corte. Lo anterior, a efecto de garantizarse la independencia respecto del Poder Ejecutivo.

Así fue como en 1994 –con la reforma judicial de Ernesto Zedillo, expresidente de México– se introduciría la fracción VI al artículo 95 constitucional para regular que “ara ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: (…) [n]o haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento4.

En el debate legislativo para introducir esa fracción el senador José Trinidad Lanz Cárdenas, aceptando los motivos de la reforma y la justificada restricción constitucional, pidió “no satanizar a los políticos cuando llegan a la Suprema Corte de Justicia”, al mismo tiempo que recordó los casos de Miguel Domínguez –histórico corregidor de Querétaro y primer presidente de la Corte–, Andrés Quintana Roo –entonces diputado, senador y dos veces ministro de la Corte– o Ignacio L. Vallarta –en su momento, ministro de la Corte, gobernador de su Estado, diputado constituyente y secretario de Relaciones Exteriores–5.

Además en la discusión del dictamen, los diputados Pedro René Etienne Llano y Juan Manuel Cruz Acevedo coincidían en la necesidad de una reforma para quitar el contenido político a la Corte, entonces motivado por la libertad absoluta que tenía el presidente para nominar ministros. Como ejemplo del abuso, se citaban en esa discusión el caso del ministro Miguel Montes –antes dirigente del PRI en Guanajuato–, de las ministras Irma Cué –previamente Secretaria del PRI– y Victoria Adato –procuradora de Justicia, previo a ocupar el cargo en el Alto Tribunal–, entre otros6.

El resultado de ese trabajo legislativo fue la restricción constitucional citada anteriormente, cuya regla general consiste en que una persona que hubiere ocupado cargos clave en el Ejecutivo o Legislativo, no puede ser electa como ministro o ministra de la Suprema Corte. Excepcionalmente, esa persona podrá ser electa si hubiere transcurrido un año después de la conclusión de su periodo ordinario como secretario de Estado, gobernador, diputado, senador, etcétera7.

Ana Margarita Ríos Farjat

El contenido actual de la Constitución –artículo 95, fracción VI– señala que la restricción constitucional es aplicable a los cargos de secretario de Estado, fiscal General de la República, senadores, diputados federales y titulares del poder ejecutivo de alguna entidad federativa.

Si la Constitución no señaló en ese listado al jefe o jefa del SAT, ¿es a esa persona aplicable la restricción constitucional señalada? ¿Cuál fue la intención legislativa que tuvo la reforma de 1994 al despolitizar a la Suprema Corte? Tales preguntas no fueron tomadas en cuenta por la mayoría de senadores al calificar como idónea la terna de candidatas y al elegir a Ríos Farjat como ministra de la Suprema Corte8.

Para este caso, es claro que el listado de la fracción VI del artículo 95 constitucional no puede entenderse de manera limitativa. Los cargos que de esa fracción se desprenden son enunciativos pues, de acuerdo a la intención legislativa de ese artículo, debe atenderse a la naturaleza de las funciones públicas que el legislador de 1994 pretendió limitar.

Del origen de esa restricción constitucional –que de forma enunciativa incluyó a un Secretario de Estado, un Jefe de Departamento Administrativo o un Procurador– el común denominador es que las designaciones de esos funcionarios se efectuaban directa y discrecionalmente por el presidente. Es decir, que la discrecionalidad en su nombramiento y la dependencia directa del Presidente, precisamente sostenían las bases de la restricción constitucional para que alguno de esos servidores públicos pudiera ocupar, con posterioridad, el cargo de ministro de la Suprema Corte.

El caso de Margarita Ríos Farjat encuadra en esa interpretación, tomando en cuenta que en diciembre de 2019 ella habría sido propuesta directamente por el presidente López Obrador para fungir como jefa del SAT –por un periodo de seis años–9, tras una cuestionada reforma fast track a la Ley del SAT para que cumpliera los requisitos10.

Una jefa de la oficina tributaria en funciones, personal de confianza, parte del equipo clave de un presidente, mando superior en la Administración, designada directamente por el titular del Ejecutivo, simplemente no puede ser ministra de la Suprema Corte de México. Con ello, al elegir a Margarita Ríos Farjat como ministra de la Corte se violó la Constitución.

Conclusiones

A partir de enero de 2020, Ríos Farjat empezará a resolver en su carácter de ministra asuntos que provengan de actos reclamados al SAT –su antigua oficina–, así como casos en los que se reclamen actos de la Administración Pública de la que fue parte.

Con los antecedentes señalados y los vicios de su elección como ministra de la Suprema Corte, no está garantizada la independencia judicial ni el derecho de los gobernados a tener tribunales y jueces autónomos. Ante ello, para privilegiar el contenido y sentido de la Constitución, a continuación se señalan algunas de las vías y respuestas posibles:

  1. A través de un juicio de amparo, en última instancia la propia Suprema Corte podría decidir que la elección de Ríos Farjat violó el principio de independencia judicial y ordenar un nuevo nombramiento.
  2. La ministra Margarita Ríos Farjat tendría que excusarse de conocer todos los asuntos de naturaleza fiscal que se ventilen en la Corte. Por mayoría de razón, deberá excusarse de aquellos asuntos en los que hubiere participado directa o indirectamente como jefa del SAT.
  3. Los litigantes que tramiten un juicio ante la Suprema Corte, podrían solicitar la recusación de la ministra Ríos Farjat en aquellos casos en los que el actual gobierno federal –administración lopezobradorista– sea autoridad responsable o parte en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad –ante la violación al principio de independencia judicial–.

* Carlos G. Guerrero Orozco es abogado, maestro en gobierno y administración pública, y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (@DLM_mx), organización civil mexicana que se dedica a promover la rendición de cuentas, con una perspectiva de derechos humanos.

 

1 Lo anterior se desprende del “Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre los requisitos de elegibilidad de las integrantes de la terna presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, para cubrir la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, generada por la renuncia al cargo del C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza”, disponible aquí.

2 Véase para mejor referencia los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 14 de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

3 DUE PROCESS OF LAW FOUNDATION (Fundación para el Debido Proceso). “El Control Judicial de las Designaciones de Segundo Grado en El Salvador. A propósito de la designación del Fiscal General de la República”, diciembre de 2019, disponible aquí. P. 3.

4 La iniciativa enviada por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, señalaba como limitación temporal únicamente seis meses.

5 CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. “Diario de los Debates”. Sesión Pública Ordinaria del 17 de Diciembre de 1994 (número 15), LVI Legislatura, Año I, Primer Periodo Ordinario, disponible aquí.

6 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. “Diario de los Debates”. Sesión Pública Ordinaria del 21 de Diciembre de 1994 (número 26), LVI Legislatura, Año I, Primer Año de Ejercicio, disponible aquí.

7 En la discusión legislativa, se desprende que el año de prohibición corre “desde el momento en que ordinariamente se terminen los períodos de ejercicio de los Secretario de Estado, legisladores federales, Procurador, Gobernador y los otros referido”. En otras palabras, un político puede aspirar al cargo de ministro, hasta un año posterior al en que hubiere concluido el periodo ordinario de su puesto como político.

8 Tanto en la discusión en la Comisión de Justicia, como en el Pleno del Senado, el senador Damián Zepeda Vidales hizo visible la falta de idoneidad de la terna al contener a dos personas que forman parte de la Administración del presidente (véase particularmente la versión estenográfica de la sesión del 5 de diciembre de 2019, disponible aquí). Sin embargo, al votar en Pleno el dictamen que calificaba la idoneidad de las candidatas, se abstuvo de votar –al igual que las senadoras Martha Cecilia Márquez Alvarado y Mayuli Latifa Martínez Simón– (véase enlace disponible aquí).

9 Véase el comunicado de 11 de diciembre de 2018 emitido por el presidente, disponible aquí.

10 Véase la siguiente nota de rubro “Modifican requisitos para que candidata propuesta por AMLO pueda ser titular del SAT”, disponible aquí.

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