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La pauperización de la desaparición
¿Por qué en México existen más de 40,000 personas desaparecidas, cifra superior a cualquier país de América Latina que ha sufrido una guerra civil o una dictadura militar? ¿Quiénes son estas víctimas? ¿Por qué desaparecen?
Por Paula Cuellar Cuellar
11 de junio, 2019
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 1, que todas las personas sometidas a su jurisdicción gozarán de los derechos humanos estipulados en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se reconocen los derechos a la vida, a la integridad física, psíquica y moral y a que nadie será sometido a una desaparición forzada, entre otros derechos. De igual manera, en su artículo 29, dispone que si bien el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión, tiene la facultad de decretar un estado de excepción, en ningún momento se podrá permitir la comisión de ese delito de lesa humanidad.

El derecho a que nadie será sometido a una desaparición forzada, al estar reconocido dentro de aquéllos no susceptibles de ser derogados bajo ninguna circunstancia, nos indica que el mismo es un derecho absoluto que no puede ser restringido ni limitado bajo ningún supuesto y que, además, rige para todas las personas que habitan el territorio mexicano. Entonces, si éste es un derecho que forma parte de los que conforman el llamado “núcleo duro de los derechos humanos”, ¿por qué en México existen más de 40,000 personas desaparecidas, cifra superior a cualquier país de Latinoamérica que ha sufrido una guerra civil o una dictadura militar? ¿Quiénes son estas víctimas? ¿Por qué desaparecen?

En México, un alto porcentaje de la perpetración de la desaparición forzada o la desaparición cometida por particulares está concentrado en las regiones más pobres del país y la mayoría de las víctimas son pobres. Y es que, tal como lo ha reconocido el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la pobreza y la pobreza extrema se consideran tanto una causa como una consecuencia de estos delitos.

Estas víctimas, debido a su condición social y económica, son, frecuentemente, presa fácil del narcotráfico, el crimen organizado y el Estado. Esto obedece a que los perpetradores saben de antemano que, una vez cometido ese atroz crimen, sus familiares posiblemente no acudirán a las instituciones correspondientes para iniciar su búsqueda y para reclamar justicia ya que, por un lado, existe un justificado temor a las represalias que pudiesen existir hacia ellos y, por el otro, los mismos no cuentan con los recursos necesarios para sufragar una justicia que, si bien en principio es gratuita, posee unos costos indirectos bastante altos.

Estas víctimas, muchas veces consideradas como ciudadanos y ciudadanas de “segunda clase”, insertas en una sociedad claramente indolente e indiferente frente al fenómeno de las desapariciones, residen en zonas al margen de la protección del Estado, en donde el imperio de la ley está ausente y rige el poder del más fuerte. En estas áreas, las formas de operar de los cuerpos de seguridad no siempre se apegan a un estándar de derechos humanos y el uso ilegítimo de la fuerza, incluso a veces es aplaudido y justificado por algunos sectores de la población agobiados por el actuar del narcotráfico y del crimen organizado, léase Tamaulipas, Guerrero o Michoacán, por ejemplo.

El reciente caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue víctima de desaparición forzada a manos de policías al norte de la Ciudad de México, es un claro ejemplo de esta situación de criminalización de la pobreza. Él fue detenido por las fuerzas de seguridad en Azcapotzalco, una zona de la capital mexicana marcada por la violencia y la inseguridad, presuntamente por tomarle fotos a unos grafitis, sin que nadie se opusiera a su arresto. Probablemente si un muchacho de la misma edad hubiera sido perseguido en las mismas condiciones en Polanco, su suerte hubiera sido otra.

Felipe Calderón Hinojosa y su gobierno, además de haber sido el responsable de declarar al inicio de su sexenio la “guerra contra el narcotráfico”, fue el principal culpable de impulsar un discurso estigmatizante de las víctimas de desaparición. Al adoptarse el lenguaje propio del narco y hablar de “levantones” en lugar de desapariciones, se propició que se enmascarara el fenómeno como una simple lucha entre cárteles cuyas víctimas prácticamente “merecían” ese trágico fin por su involucramiento en la misma. Frases como “tal vez en algo andaba” o “¿sabía bien a lo que se dedicaba su hijo o su hija?” son frecuentes escucharlas en los pasillos de las policías o en los ministerios públicos alrededor del país.

Y es que, en México, desgraciadamente existen víctimas con mayúscula y víctimas con minúscula. La primera clasificación se refiere a aquellas personas que cuentan con atributos identitarios que lo asemejan en demasía al grupo, particularmente a la clase media, media alta o alta y, por ende, su muerte genera un escándalo. La segunda categoría hace referencia a personas que pueden ser asesinados sin que ello implique delito alguno o impacto en estas clases. (1)

“Las personas desaparecen desde que los hombres comenzaron a hacer la guerra”. Así inicia el Comité Internacional de la Cruz Roja un documento titulado “Personas desaparecidas. Una tragedia olvidada”. Además de los conflictos armados internos o internacionales, las desapariciones también se producen en situaciones de graves violaciones de derechos humanos y violencia extrema. Son víctimas quienes desaparecen en cualquiera de las formas citadas y sus familiares que las buscan ingresando a un oscuro y tortuoso túnel lleno de escollos, cuyo trayecto muchas veces termina al final de sus vidas sin encontrar a sus seres queridos.

En el caso de México, donde existen más de 40,000 personas desaparecidas, muchas de éstas son, a su vez, víctimas de la pobreza. De éstas, ninguna de ellas merecía y merece serlo de desaparición. Y es que es imposible e inhumano hacer distinciones y crear categorías que establezcan víctimas de “primera” y “segunda” clase. Dentro de un Estado de Derecho, las leyes deben de regir para todos y todas por igual. Esto implica, por un lado, que nadie puede actuar al margen de la ley y, por el otro, que nadie puede estar fuera de su amparo. Y es que, admitir excepciones a esta regla conllevaría a romper las reglas básicas del contrato social según el cual las personas que habitan bajo un determinado territorio le otorgan el poder punitivo al Estado para que sea este último quien lo administre sin distinción alguna.

Hacerlo, me recuerda a las palabras de Martin Niemöller, que, entre versión y versión, más o menos dicen lo siguiente: “Primero apresaron a los comunistas, y no dije nada porque yo no era un comunista. / Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era un judío. / Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era ni obrero ni sindicalista. / Luego se llevaron a los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. / Hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde.” Hay que hacer conciencia que el delito de desaparición nos afecta a todos y a todas porque contribuye a la destrucción del tejido social ya en sí frágil y resquebrajado.

* Paula Cuellar Cuellar (@pauscuellar) es investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

 

Gervasio Noailles. Víctimas y VÍCTIMAS. Página 12. Consultado el 01/06/2019. Disponible aquí.

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