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La política social del gobierno federal frente al COVID-19
¿De qué forma el cambio de paradigma que hemos presenciado en términos de política social permite hacer frente, o no, a la pandemia?
Por Laure Delalande y Néstor Genis
19 de mayo, 2020
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El plan de acción frente a la COVID-19 anunciado a principios de abril por la actual administración mantiene intacta la marcada línea de acción que ha tenido desde el inicio del sexenio.

Más allá de los créditos prometidos para empresas que no despidieron trabajadores, empresas familiares y de vivienda, aún no se han creado nuevos programas o medidas específicas para atender la contingencia en términos de política social. Por su parte, los programas prioritarios, que claramente no fueron diseñados para dar soluciones a esta coyuntura, siguen su curso sin mayores adaptaciones pertinentes a la crisis. Desde la retórica gubernamental, se conciben como una herramienta para asegurar el bienestar social de las personas más vulnerables y reactivar la economía, por lo cual se argumenta que conforman una respuesta pertinente al contexto COVID-19.

Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se dejó clara la necesidad de cambiar el modelo de política social. En efecto, y por lo menos desde el anterior periodo presidencial, se habían evidenciado resultados mediocres en términos de este tipo de política.

Entre las principales propuestas para el nuevo modelo están: la tendencia a la universalización de los programas sociales, la reestructuración del aparato gubernamental para la gestión de la política social (subdelegaciones), las transferencias monetarias directas, la erosión del modelo de corresponsabilidad social y la identificación de la población beneficiaria de los programas mediante el Censo del Bienestar.

Con estas modificaciones, se busca dar cumplimiento a uno de los grandes objetivos de esta administración: “primero los pobres”. También se pretende eficientar el gasto público, atender a más población, y, por supuesto, reducir la corrupción, el clientelismo y algunos costos burocráticos.

Más allá de la pertinencia puntual de cada uno de estos programas para atender los problemas que la coyuntura presenta, cabe preguntarse: ¿De qué forma el cambio de paradigma que hemos presenciado en términos de política social permite hacer frente, o no, a la pandemia?

Aquí un breve análisis de los pros y contras del nuevo modelo de política social en la actual coyuntura:

Elementos favorables:

  • Tendencia a la universalización: los apoyos de programas como Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y otras poblaciones vulnerables, son muy oportunos en estos momentos en los que una buena parte de la población ha perdido sus principales fuentes de ingresos. Fungen como una protección social de vital importancia en periodos de crisis. En el caso del programa para Adultos Mayores, la medida contextual ha sido de adelantar un pago bimestral, para que los individuos tuvieran mayor seguridad económica.
  • Transferencias monetarias directas: el que la mayoría de las personas reciban su apoyo de forma automática sin necesidad de intermediarios, facilita en estos momentos el “Quédate en casa”. Si en lugar de estas transferencias se ofrecieran servicios predeterminados, probablemente muchos de ellos no podrían ser entregados o presentarían serias complicaciones. Además, el hecho de brindarle a las personas beneficiarias completa autonomía sobre cómo y en qué gastar el dinero en un contexto en el que las situaciones personales pueden ser tan diversas, facilita la resolución particular de los problemas de los individuos.

Amenazas o limitaciones:

  • Censo del Bienestar: más allá de los cuestionamientos metodológicos, problemas de opacidad y posible uso electoral de este censo, ampliamente denunciados en otras columnas y artículos, el uso de una herramienta que ha sido en un principio diseñada para otros fines no parece ser la mejor forma de levantar un diagnóstico de la situación actual. En otras palabras, seguir utilizando un censo que ha sido concebido con un objetivo distinto al de identificar la población más necesitada en el marco de esta contingencia, definitivamente es muy cuestionable en términos de gestión de esta crisis.
  • Transferencias directas: ya se ha producido mucha literatura sobre las limitaciones de las transferencias directas en términos de aspiraciones de políticas públicas, pues no están destinadas a producir un cambio estructural. Si bien este apoyo pueden ser un gran alivio en un momento de incertidumbre económica, la realidad es que es más un cuidado paliativo que una cura. No obstante, algunos programas (aunque no sean la mayoría) son más complejos y plantean un cambio más estructural (caso de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida). Además, cabe mencionar, que la actual infraestructura bancaria, tanto gubernamental como privada, no alcanza para cubrir buena parte de las zonas de atención. Por lo que, en las zonas aisladas, el apoyo se entrega de manera personal en mesas de atención. A pesar de las medidas preventivas, ello ha generado situaciones de aglomeramiento, poco “Susana distancia”.
  • Reestructuración gubernamental: la creación de las Superdelegaciones parece ir de la mano con una hiper-centralización del poder y de la toma de decisiones. Ello dificulta la pronta respuesta a las necesidades particulares de diferentes localidades a lo largo del país, y puede traducirse en “vacíos de poder” a nivel local. Con el pretexto de una falta de apoyo adecuado, esta situación facilita el surgimiento de nuevos liderazgos locales. Lo anterior no es malo en sí mismo, pero sí abre la puerta para que estos liderazgos se aprovechen de la vulnerabilidad de distintas poblaciones para obtener beneficios de diferente índole; electorales, por ejemplo.
  • Eliminación del modelo de corresponsabilidad social: en un momento como el actual, tener una sociedad civil fuerte y organizada es fundamental, pues se requiere de las acciones y esfuerzos de todos los actores para colaborar y enfrentar la contingencia y lo que sigue. No obstante, el distanciamiento entre el gobierno federal y las OSC ha debilitado el llamado tercer sector; no sólo por lo que representa la reducción de recursos, sino también por la constante desacreditación de este y la creciente falta de confianza para trabajar en conjunto. Un punto particularmente importante de esta situación es que el principal contrapeso para el correcto uso de los recursos públicos es, justamente, la sociedad civil organizada. Si esta se encuentra debilitada, el florecimiento de la tan odiada corrupción es altamente probable en un contexto de una rápida movilización de grandes montos de dinero en el sector de la salud.

Panorama de claroscuros

Los distintivos del que pretende ser el nuevo modelo de política social han sido fortuitamente puestos a prueba en un nivel extremo. Ni el CONEVAL podrían evaluarlo de forma tan poco piadosa, como lo está haciendo la COVID-19.

Algunas de sus principales características le han quedado como anillo al dedo a la estrategia de distanciamiento social y han sido oportunas para apoyar a la economía familiar; pero también resalta que varias de ellas, que desde su aparición ya habían sido criticadas, pueden aportar poco, o incluso restar, al proceso de recuperación socioeconómica del país a mediano plazo.

En conclusión, el panorama presenta algunos elementos esperanzadores, y otros más oscuros. Aquí no hemos tocado otro de los puntos más delicados de la política social del gobierno federal frente a la pandemia, que consiste en un vacío de respuestas concretas que movilicen una mucho más recursos públicos para mitigar la inevitable crisis económico que se avecina.

* Laure Delalande y Néstor Genis de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).

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