El plan de acción frente a la COVID-19 anunciado a principios de abril por la actual administración mantiene intacta la marcada línea de acción que ha tenido desde el inicio del sexenio.
Más allá de los créditos prometidos para empresas que no despidieron trabajadores, empresas familiares y de vivienda, aún no se han creado nuevos programas o medidas específicas para atender la contingencia en términos de política social. Por su parte, los programas prioritarios, que claramente no fueron diseñados para dar soluciones a esta coyuntura, siguen su curso sin mayores adaptaciones pertinentes a la crisis. Desde la retórica gubernamental, se conciben como una herramienta para asegurar el bienestar social de las personas más vulnerables y reactivar la economía, por lo cual se argumenta que conforman una respuesta pertinente al contexto COVID-19.
Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se dejó clara la necesidad de cambiar el modelo de política social. En efecto, y por lo menos desde el anterior periodo presidencial, se habían evidenciado resultados mediocres en términos de este tipo de política.
Entre las principales propuestas para el nuevo modelo están: la tendencia a la universalización de los programas sociales, la reestructuración del aparato gubernamental para la gestión de la política social (subdelegaciones), las transferencias monetarias directas, la erosión del modelo de corresponsabilidad social y la identificación de la población beneficiaria de los programas mediante el Censo del Bienestar.
Con estas modificaciones, se busca dar cumplimiento a uno de los grandes objetivos de esta administración: “primero los pobres”. También se pretende eficientar el gasto público, atender a más población, y, por supuesto, reducir la corrupción, el clientelismo y algunos costos burocráticos.
Más allá de la pertinencia puntual de cada uno de estos programas para atender los problemas que la coyuntura presenta, cabe preguntarse: ¿De qué forma el cambio de paradigma que hemos presenciado en términos de política social permite hacer frente, o no, a la pandemia?
Aquí un breve análisis de los pros y contras del nuevo modelo de política social en la actual coyuntura:
Elementos favorables:
Amenazas o limitaciones:
Panorama de claroscuros
Los distintivos del que pretende ser el nuevo modelo de política social han sido fortuitamente puestos a prueba en un nivel extremo. Ni el CONEVAL podrían evaluarlo de forma tan poco piadosa, como lo está haciendo la COVID-19.
Algunas de sus principales características le han quedado como anillo al dedo a la estrategia de distanciamiento social y han sido oportunas para apoyar a la economía familiar; pero también resalta que varias de ellas, que desde su aparición ya habían sido criticadas, pueden aportar poco, o incluso restar, al proceso de recuperación socioeconómica del país a mediano plazo.
En conclusión, el panorama presenta algunos elementos esperanzadores, y otros más oscuros. Aquí no hemos tocado otro de los puntos más delicados de la política social del gobierno federal frente a la pandemia, que consiste en un vacío de respuestas concretas que movilicen una mucho más recursos públicos para mitigar la inevitable crisis económico que se avecina.
* Laure Delalande y Néstor Genis de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).
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