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La urgencia de fortalecer las instituciones democráticas en México
Para el ciudadano común existe una amplia brecha entre la aprobación al presidente y la que le otorgan a su desempeño en las áreas específicas y de mayor impacto a la sociedad en general.
Por Elio Villaseñor Gómez
1 de noviembre, 2019
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La percepción de país que los mexicanos estamos registrando en estos días es la que el presidente Andrés Manuel López Obrador proyecta cotidianamente en sus conferencias matutinas. Para ello, recurre a datos y referencias a obras y proyectos que su administración impulsa, y a un discurso mediante el cual busca afianzar en el imaginario público que todo avanza conforme a lo planeado, una pretensión que, en términos de comunicación, equilibra con sus informes en torno de los logros de su diligente política de subsidios y transferencias a los más necesitados, implementada desde el inicio de su gestión.

Ante ello, nos encontramos en un contexto coyuntural en el que es posible detectar dos lecturas de país y también dos calificaciones del gobierno: por un lado está la popularidad del presidente y por otro está la percepción ciudadana acerca de cómo está gobernando en temas urgentes de la agenda nacional como la economía, la seguridad, la impunidad y la corrupción.

En ese plano, el jefe del Ejecutivo ha blindado dicha realidad con un discurso pleno de anuncios y proclamaciones, con gestos y frases grandilocuentes que han sido aplaudidos por un amplio segmento de la sociedad, circunstancia que se refleja en los sondeos de opinión que algunos diarios de circulación nacional han reportado; el más reciente es el del diario El Financiero (7 de octubre de 2019) en el que la aprobación presidencial entre la población es de 68%, con un 30% de desaprobación.

Sin embargo, es preciso mencionar que para el ciudadano común existe una amplia brecha entre la aprobación al presidente y la que le otorgan a su desempeño en las áreas específicas y de mayor impacto a la sociedad en general.

Haciendo un recuento de algunos estudios de opinión, es posible detectar variaciones relevantes. Por ejemplo, la Encuesta de la Felicidad del INEGI (29 agosto 2019) reportó lo siguiente: “aspectos que tienen que ver con la esfera pública, como el país y la seguridad ciudadana, continúan siendo los ámbitos peor valorados, con promedios de 6.8 y 5.3, respectivamente; adicionalmente la satisfacción con la seguridad ciudadana acusa un descenso, de hecho, es el único dominio que así lo hace respecto a un año atrás”. En esa línea, la encuesta nacional de Reforma (julio 2019) arroja que solo un tercio de la población (36%) considera que el presidente está teniendo éxito en el combate al crimen mientras que 52% opina que está fracasando. Un 53% menciona que López Obrador es exitoso en combatir la pobreza y un 49% señala lo mismo en el combate a la corrupción. Adicionalmente, en la encuesta de El Universal (29 de agosto), solo 42% aprueba la gestión presidencial en relación a la economía del país y 38% la aprueba en el combate a la delincuencia (48% la reprueba).

Si bien son porcentajes que en estricto sentido revelan la percepción ciudadana, también lo es que son datos que muestran un nivel de desilusión. Lo que queda claro es que las promesas incumplidas del actual gobierno parecen estar generando otra realidad en la que comienza a gestarse un caldo de cultivo que se perfila como propicio para que la administración de López Obrador comience por reconocer que, lo que apenas hace nueve meses eran promesas atractivas, hoy aparecen como signos de peligros, incertidumbre y falta de credibilidad.

Este choque de visiones muy probablemente llevará a la sociedad a enfrentar grandes desafíos si el gobierno en turno no reconoce la necesidad de corregir, debido a que, como todo indica, existe la obstinación presidencial de mantener un estilo de gobierno en el que todo se resuelve con la simple voluntad política, cuando lo que requiere el apremio de una agenda urgente es el de rectificar, de anular la polarización política para gobernar, sumando esfuerzos y creando puentes de diálogo real con los distintos sectores de la sociedad en la búsqueda de soluciones comunes y viables.

En ese sentido, en estas páginas hemos insistido en que la sociedad organizada ha expuesto desde diferentes frentes, que el actual gobierno enfrenta el desafío de no defraudar a quienes desde la ciudadanía hemos venido luchando por muchos años para instalar un régimen que termine con los abusos y la simulación. Ha sido un camino en el que la sociedad ha bregado por anular los riesgos que en el pasado reciente encumbraron hombres fuertes que concentraron el poder, que adoptaron estilos autoritarios de gobierno, que estigmatizaron la oposición y transgredieron las reglas democráticas revistiéndolas de legalidad.

Ha sido una forma de luchar a contracorriente en no pocas veces. Hoy, esta lucha es una cruzada por el cambio que no inició el 1° de julio de 2018, sino que ha sido producto del esfuerzo de la sociedad civil en el objetivo de contar con instituciones sólidas que estructuren y modulen el comportamiento de las autoridades en la vida pública, y cuyo único fin es el de tener certeza hacia la forma de cómo deben conducirse gobernantes y gobernados.

Nos encontramos en un momento histórico en el que desde la sociedad civil podemos coadyuvar para que al gobierno del presidente López Obrador le vaya bien, pero bajo una óptica de inclusión, de transparencia y de rendición de cuentas. Debemos tener la habilidad de codificar el diálogo y las expresiones sobre cómo transmitir las demandas de la sociedad y su insatisfacción o satisfacción con el desempeño del Presidente y su gobierno.

Es la vía que desde un plano propositivo debemos robustecer para pasar de una actitud de ciudadanos sumisos y partes de una clientela política, a una que esté caracterizada por el ser una ciudadanía crítica, vigilante y corresponsable, que no está dispuesta a aceptar las votaciones a mano alzada como método fidedigno de articulación de la voluntad popular.

Es también una oportunidad para que la sociedad civil se asuma como una correa de transmisión entre el gobierno y la población a fin de contribuir en la estabilización de situaciones potencialmente conflictivas y a contribuir con propuestas constructivas y de solución a los problemas urgentes que recaen de manera directa en el ciudadano de a pie.

Frente a esta situación, la edición 112 de nuestra revista Brújula Ciudadana se dio a la tarea de analizar los temas de la corrupción y la inseguridad desde la mirada ciudadana, a fin de identificar los vacíos de colaboración entre el gobierno y la sociedad civil que han impedido la construcción de una agenda común que vaya al fondo de los problemas actuales en estas materias.

Como lo decimos en un párrafo anterior, deben separarse, por un lado, la popularidad del presidente AMLO y, por el otro lado, la (in)satisfacción de la ciudadanía en torno a los temas más urgentes frente esta realidad de incertidumbre e inseguridad. Las reflexiones que recibimos en esta ocasión nos inclinan a pensar que si el gobierno continúa con su actitud de cerrazón y bloquea los puentes de diálogo y colaboración con la sociedad, se reafirma como un gobierno que quiere actuar solo o con aquellos que aplauden sus decisiones.

Esto indica que no se ha entendido bien el mensaje que la población mexicana votante quiso dar el primero de julio de 2018 y, más grave aún, se ven acciones preocupantes de retroceso en nuestras instituciones democráticas, lo cual impide la erradicación de los ejercicios de poder patrimonialista y clientelista.

* Elio Villaseñor Gómez es Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.

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