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Las consecuencias de construir una política de drogas con prejuicios y no con datos
Existe una lógica institucional sin sustento, sobre la relación entre consumo y delito como una justificación para detener, incluso en contextos de pandemia
Por Enrique Gallegos
9 de junio, 2020
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De acuerdo con el equipo de Verificado, solo durante el primer año de conferencias matutinas más de la mitad de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron verdades a medias o declaraciones falsas, y aunque el escenario ha agilizado el flujo de información, lo que ahí se dice tiene un impacto directo en la sociedad y en las decisiones que se toman.

En este sexenio lo que se dice en las conferencias matutinas no sólo tiene un impacto comunicacional, sino también en la forma que se toman decisiones y cómo se definen las prioridades institucionales. Recientemente el presidente minimizó la violencia que sufren las mujeres señalando que “90% de las llamadas de auxilio al 911 son falsas”, sin aportar ningún soporte para su afirmación. Ante esto Equis Justicia para las Mujeres hizo una solicitud formal ante la Oficina de Presidencia de la República para conocer sus fuentes y la metodología que respaldaba esa declaración, pero el ente se declaró incompetente para dar respuesta al requerimiento.

En sentido similar, Elementa presentó una solicitud en el marco de sus esfuerzos por promover una política de drogas con enfoque de derechos humanos, para obtener cualquier base de datos, información estadística, estudio o cualquier tipo de documento en el que se sustentaran las declaraciones del presidente en su conferencia del 7 de enero de 2020, donde refirió que “quienes cometen delitos violentos, por lo general, lo hacen drogados y son, en su mayoría, jóvenes”. La respuesta por parte de la Oficina de Presidencia a la solicitud registrada con el folio 0210000059120 fue la misma: se declaró incompetente.

Preocupa que se hagan ese tipo de afirmaciones sin asumir la mínima responsabilidad, porque los mensajes que se envían pueden tener consecuencias negativas. Sobre todo, cuando en la fiscalización de las sustancias psicoactivas en México se tiene un enfoque punitivo, en el que se reproducen diversos prejuicios al consumo y existe una lógica de persecución policial hacia las personas usuarias. Como señala el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación en su estudio “Estigma y Discriminación hacia las y los usuarios de drogas y sus familiares”, este tipo de juicios negativos se centran en que las personas son peligrosas e irresponsables.

No es aventurado suponer que una vez más se recurrió a la legalidad a conveniencia para deslindar al presidente de la responsabilidad que tendría por lo que dijo en la “mañanera”; pero lo peor del caso no son solamente sus declaraciones en esa conferencia, sino que a lo largo de su gobierno se ha promovido esa misma narrativa y la campaña “En el mundo de las drogas no hay un final feliz” es una evidencia clara. En esta campaña se muestra personas jóvenes, morenas, en situación de pobreza y en contextos de marginación por clase social.

En su informe especial “Drogas y Derechos Humanos”, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señala que frecuentemente se utiliza a las drogas como un pretexto para realizar detenciones arbitrarias. No es algo casual que las personas que más son detenidas por esta lógica son hombres jóvenes entre 18 y 29 años de edad y que al ser puestas a disposición ante las oficinas del Ministerio Público los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se limiten a señalar “actitud sospechosa” en sus informes policiales.

Afirmaciones como las que hizo el presidente no son nuevas ni tampoco exclusivas de México; durante años se ha empleado este tipo de discursos para dar legitimidad a las estrategias empleadas por múltiples gobiernos en todo el continente. En 2015 un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América presentó un informe conjunto titulado “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano”, en el que alertan algunos datos:

  • Se ha incrementado el uso de la fuerza letal y la participación de las fuerzas armadas. Con el pretexto de mantener a las drogas alejadas de los niños, se lanzó una campaña de militarización que, paradójicamente, redundó en mayores violaciones a los derechos de la población infantil y adolescente.
  • Con el pretexto del “combate al narcotráfico” se realizan detenciones arbitrarias y actos de tortura.
  • 2 de cada 3 personas usuarias de sustancias psicoactivas han sido detenidos y/o extorsionados.
  • Más del 95% de las personas consumidoras considera que la policía los discrimina de distintas maneras.

Lo anterior refleja que existe una lógica institucional sin sustento, sobre la relación entre consumo y delito como una justificación para detener, incluso en contextos de pandemia. Basta con revisar las declaraciones del Fiscal General y el Coordinador del Gabinete de Seguridad, ambos del estado de Jalisco, en rueda de prensa del 4 junio de 2020. A pesar de que Giovanni López fue asesinado en custodia de agentes de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, para las autoridades era necesario señalar que “se mostraba agresivo” y “bajo los efectos de una sustancia”, como si lo anterior fuera una justificación para haberlo detenido o como si atenuara la responsabilidad institucional.

Pese a que las declaraciones del presidente y la actuación de los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos no guarda una relación causal directa, los discursos políticos sí tienen un efecto en las instituciones, sobre todo cuando los mensajes son enviados en distintos niveles de gobierno. Mientras se continúe relacionando la incidencia delictiva con el consumo de sustancias bajo la lógica de causa-efecto, no se atenderán las verdaderas causas para la prevención de los delitos; y mientras se siga permitiendo las violaciones a derechos humanos como un recurso válido institucionalmente en la fiscalización de drogas en México, las autoridades seguirán siendo omisas en sus obligaciones legales y optando siempre por la salida fácil que les genera la prohibición.

* Enrique Gallegos es investigador en Elementa (@ELEMENTADDHH), firma de consultoría y litigio especializada en derecho internacional y constitucional. Creemos en el uso creativo del derecho como instrumento de cambio social para aportar a la causa de los derechos humanos.

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